La Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC) y la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria y Atención Primaria (Faecap) han redactado un posicionamiento conjunto sobre las pruebas rápidas de antígenos y su realización en las oficinas de farmacia y clínicas odontológicas a raíz del anuncio, el sábado pasado, de la Consejería de Sanidad de Madrid de poner en marcha lo antes posible dichas pruebas en ambos establecimientos.
"La utilización de los test de antígenos puede estar justificada cuando haya escasez de ensayos de PCR o si el tiempo de respuesta del resultado es superior a 24 horas. Pero debe llevarse a cabo por personal sanitario capacitado, según lo previsto en las instrucciones de su fabricante y en los protocolos para la obtención y el manejo de muestras eficientes", reza el comunicado.
Pros y contras de los falsos negativos
Cuando se presentan situaciones de alta transmisión y medidas restrictivas, con escasez de PCR o retraso diagnóstico y un aumento importante de la presión asistencial en centros de Atención Primaria, "cabría plantearse los pros y contras de los riesgos derivados de los falsos negativos (sobre todo en contextos de alto riesgo) y positivos que permiten detectar y aislar con rapidez casos contagiosos en el ámbito comunitario, y siempre teniendo en cuenta los recursos y capacidades disponibles", asegura José ramón Martínez Riera, presidente de la AEC.
Recuerda que a esto hay que añadir "la recomendación de realizar una prueba de confirmación, tras la evaluación por parte del profesional, del resultado: sintomatología compatible, contacto estrecho con caso confirmado".
Mejor acudir al centro de salud
Teniendo en cuenta estas consideraciones y en base a las decisiones que se están tomando en la Comunidad de Madrid sobre la realización de dichas pruebas en farmacias y clínicas odontológicas, ambas sociedades científicas de enfermeras comunitarias consideran que hay que tener en consideración que los test de antígenos son pruebas indicadas para personas con síntomas compatibles (casos sospechosos) y para los contactos estrechos de los casos confirmados. "En estos casos lo que corresponde es que asistan a su centro de salud, que reúne todas las condiciones de infraestructura y de personal para garantizar tanto la seguridad como la calidad de su realización".
También explican que las pruebas diagnósticas indiscriminadas o con falta de evidencias científicas que las avalen, "deben ser evitadas, según se recoge en la Ley General de Salud Pública".
Sensibilidad del 80%
Por otra parte, la sensibilidad de los pocos estudios existentes la sitúan en torno al 80%, lo que significa que el 20% del total de resultados positivos serían falsos negativos y por tanto casos de larga evolución, no contagiosos o bien contagiosos, lo que supone un riesgo de falsa seguridad y con ella la posibilidad de contagios en los entornos de dichas personas, sobre todo de personas vulnerables. Cuando además existe baja prevalencia el valor predictivo positivo disminuye mucho, debiendo confirmarse los casos positivos mediante PCR, so pena de aislar sin motivo a muchas personas. Las pruebas rápidas de antígenos pueden acelerar el aislamiento de los casos sospechosos con menos de 5 días de evolución de síntomas, pero no pueden sustituir a las PCR en la mayoría de las situaciones.
La utilización de las oficinas de farmacia o de las clínicas odontológicas planteada en la Comunidad de Madrid creemos que es un argumento engañoso y no exento de riesgos y de importantes problemas.
Las oficinas de farmacia y las clínicas odontológicas son establecimientos sanitarios privados de interés público, sujetos a planificación sanitaria, en los que el/la farmacéutico/a titular o el/la odontóloga/a pueden ser asistidos de ayudantes o auxiliares para realizar las funciones relacionadas con la adquisición, conservación, custodia y dispensación de medicamentos y productos sanitarios, elaboración de fórmulas magistrales, información de medicamentos, farmacovigilancia, etc. Se trata, sin duda, de profesiones sanitarias que realizan una función esencial en el mantenimiento de la salud de la población.
Sin embargo, para la realización de estas pruebas rápidas en dichos establecimientos se deberían garantizar todas las condiciones necesarias para llevarlos a cabo de forma segura, eficaz y perfectamente coordinada con atención primaria y salud pública, en el marco de la detección precoz, vigilancia y control de la COVID-19, para lo que se requiere lo formación, disponibilidad de equipos de protección individual, circuitos de sucio y limpio, que no se cumplen en los citados espacios en los cuales, además, deben compatibilizarse las actividades principales propias de los mismos.
Así mismo hay que tener en cuenta la necesaria seguridad de la población a atender y los profesionales que las realicen.
Otra cuestión importante es el tratamiento de los residuos biológicos generados y los dispositivos de almacenamiento requeridos además de su recogida, transporte y destrucción, que requieren de una importante planificación y logística que no se ha estipulado en ningún caso quien asumiría los costes derivados.
No queda claro tampoco cuáles serán los canales de comunicación que garanticen la trazabilidad de la muestra y faciliten la coordinación con la red de salud pública y con atención primaria, ni tampoco la imprescindible garantía de la protección de datos personales, su tratamiento y los derechos que asisten a las personas interesadas en relación con sus datos de salud. No teniendo ni farmacéuticas/os ni odontólogas/os acceso a las historias de salud o a las bases de datos de salud pública, ni existiendo la posibilidad de que se pueda habilitar al no existir un interés legítimo para ello.
No se ha aclarado en ningún momento cual va a ser el circuito para que la población acceda a dichos establecimientos y en función de qué criterios.
Aunque se ha trasladado a la opinión pública que los test serán entregados de manera gratuita en farmacias y clínicas odontológicas, no existe la garantía de que la realización de las citadas pruebas no vaya a comportar algún gasto para la población a quien se realice.
Por todo lo expuesto desde AEC y FAECAP, entendemos que no estamos en un contexto que justifique suficientemente derivar de forma generalizada -y sin una profunda reflexión previa- la prestación de este servicio sanitario a ámbitos, a priori, poco adecuados y privados.
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