El estudio Condiciones de competencia en el ejercicio privado de la Medicina, realizado en 2019 por la Vocalía de Médicos de Ejercicio Privado del Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (Cgcom), planteó ya las dificultades y presiones de los facultativos a la hora de ejercer su labor en este ámbito. La segunda parte de este trabajo, presentada esta mañana, ha abordado posibles soluciones y propuestas ante la "grave situación" en la que se encuentra el sector. Entre ellas, se ha hecho hincapié especialmente en una: un código de buenas prácticas.
La necesidad de este código se ha hecho incluso más patente cuando Manuel Carmona, representante nacional de la Vocalía de Médicos de Ejercicio Privado de la Organización Médica Colegial (OMC), ha puesto sobre la mesa un "punto adicional" de ese estudio que, por cuestiones temporales -ha dicho-, no se ha incluido en esta segunda parte del trabajo colegial: el impacto de la pandemia de la covid-19 sobre la medicina de ejercicio libre en España.
Según Carmona, la crisis sanitaria ha puesto de manifiesto "el desprecio de las aseguradoras por los médicos que trabajan para ellas como autónomos, abandonándoles cuando el confinamiento no les permitió realizar su actividad, y pretendiendo luego que todo siguiera igual -incluso los baremos- cuando la covid ha cambiado la situación y encarecido el ejercicio de la medicina".
"Tras el confinamiento, las compañías querían que todo fuera igual, incluso los baremos"
Carmona ha puntualizado que una cosa fueron los centros hospitalarios, "donde creció la actividad y la contratación durante la pandemia, y otra muy distinta, las consultas médicas, donde prácticamente se suspendió toda la actividad que no fuera urgente". En la práctica, asegura Carmona, "hubo especialidades que pararon el cien por cien las consultas ordinarias".
Ante esta situación, denuncia el representante de la OMC, la organización colegial "pidió a las compañías que auxiliasen de alguna manera a esos médicos que se habían quedado sin trabajo", sobre todo porque "las compañías seguían cobrando su cuota". Sin embargo, añade Carmona, apenas hubo respuestas, y "solo un par de compañías contestaron, pero en plan que si algún médico necesitaba un adelanto a cuenta de trabajos futuros", podría solicitarlo.
El presidente de la OMC, Tomás Cobo, ha apuntado que, gracias a la intermediación de la asesoría jurídica de la corporación colegial, se pudo evitar que a aquellos médicos jubilados que trabajaron voluntariamente en centros privados "se les privara de la pensión", una situación que se planteó en un primer momento, pero en ningún caso en la sanidad pública, ha puntualizado Cobo.
Sólo "un par de compañías" se ofrecieron a pagar adelantos a costa de trabajos futuros
Con respecto a las conclusiones del estudio -éstas sí, recogidas expresamente en esta segunda parte-, Cobo ha afirmado que el primer paso ha sido "identificar el problema, no generar conflicto y buscar soluciones". En su opinión, existe la "imperiosa necesidad de elaborar, a través de un grupo de trabajo, un código de buenas prácticas" que permita mantener "una relación lo más amable y justa posible para los que finalmente tenemos la responsabilidad del acto médico: los facultativos".
Según el presidente de la OMC, ese enfoque constructivo que plantea debería poder abordar los tres ejes clave del sector -la precariedad laboral, los salarios y la escasa formación médica continuada-, "que no solo afectan a la privada", y que impactan en "la relación médico-paciente".
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José Carlos Páez, abogado experto en derecho de la competencia, también ha apuntado a la necesidad de ese código como un "mecanismo de corrección de la competencia desleal". Páez, en sintonía con Cobo, ha hecho hincapié en la "exigibilidad" del mismo como elemento evidente para su éxito, además de apuntar que "la autoridad española de defensa de la competencia se ha posicionado en favor de estos códigos entre operadores, siempre y cuando su contenido no incorpore cláusulas restrictivas de la competencia, la adhesión al mismo sea leal y voluntaria e incluyan mecanismos efectivos y obligatorios de resolución de conflictos".
Por adelantado y por escrito
Páez también ha puesto sobre la mesa opciones como solicitar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) una investigación sobre el sector, recordando que "el enfoque de las relaciones entre facultativos y aseguradoras médicas aún no ha sido analizado" por las autoridades españolas de la competencia. En su opinión, esa investigación puede ser necesaria para "determinar las características y la incidencia efectiva de tales prácticas comerciales en nuestro país", un elemento esencial del análisis de mercado y de la lucha "contra la generalización de posibles efectos negativos de su utilización sobre el bienestar".
El abogado Páez plantea solicitar a la CNMC que abra una investigación sobre el sector
Otra recomendación es la fijación por adelantado -y por escrito- de las condiciones contractuales, recordando que "la no fijación por escrito y las modificaciones retroactivas o no previstas son también prácticas muy extendidas", produciéndose no sólo en la relación con los pagos comerciales, sino en todas las demás variables de la relación.
También se apunta la posibilidad de definir distintos grupos de tarifas por acto médico, apuntando que las aseguradoras médicas podrían ofrecer a los facultativos de su cuadro la posibilidad de acogerse a una de ellas. Esas tarifas deberían estar "vinculadas a parámetros comprensibles para los asegurados, para que estos pudieran tomar una decisión informada al elegir a un médico del cuadro", y posibilitar así "al menos cierta competencia" entre esos grupos tarifarios.
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