La Comisión Europea ha puesto en marcha un procedimiento de selección para nombrar a representantes de la sociedad civil en la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Así, ha lanzado una convocatoria para que los seleccionados representen a organizaciones de pacientes, profesionales sanitarios y veterinarios en el Comité de Terapias Avanzadas (CAT, por sus siglas en inglés), el Comité de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia (PRAC, por sus siglas en inglés) y el Consejo de Administración de la EMA. Los candidatos seleccionados serán designados para un mandato de tres años a partir de julio de 2022. El plazo para inscribirse finaliza el próximo 29 de octubre.
La @ComisionEuropea lanza una convocatoria para que representantes de la sociedad civil formen parte de los comités de la EMA (@EMA_News)👤💊
La Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) subraya que los representantes de la sociedad civil desempeñan un importante papel en el trabajo que desarrolla la EMA, asegurando que tanto pacientes, como profesionales sanitarios y veterinarios formen parte de las decisiones que se toman en estos comités científicos y en el Consejo de Administración de la EMA, garantizando que sus necesidades y puntos de vista se tengan en cuenta en todas las discusiones de estos organismos.
Reclamaciones de los de los pacientes de fibrosis quística
Ante el anuncio realizado por la Aemps en las redes sociales, algunas asociaciones de pacientes no han tardado en reaccionar. Es el caso de los pacientes de fibrosis quística, que reclaman a la Aemps que se apruebe el medicamento Kaftrio: " Con una demora de 392 días respecto a Europa, su deterioro avanza. Con el fármaco evitarían el trasplante bipulmonar, y, lo mismo que con la hepatitis C, mientras esperan algunos mueren". Otros mensajes reclaman explicaciones al Gobierno: "La EMA aprobaba las vacunas y al instante la Aemps. Más de 392 días que la EMA aprobó el kaftrio y la Aemps no. ¿Qué le impide a la Aemps aprobar el Kaftrio? ¿La ministra? ¿El Gobierno? ¿Es que no son independientes ? Deberían dar explicaciones".
Lanza una convocatoria para representar a pacientes y sanitarios en el Comité de Terapias Avanzadas, el de Evaluación de Riesgos de Farmacovigilancia y el Consejo de Administración de la EMA.OffCarmen Torrente VillacampaPolítica y NormativaPolítica y NormativaOff
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La falta de médicos de atención primaria es más palpable en las zonas rurales, donde las vacantes son cada vez más complicadas de cubrir y, cuando ocurre, suele ser por poco tiempo. Cómo conseguir que los jóvenes accedan a ser el médico del pueblo es uno de los temas abordados en el 43º congreso nacional de Semergen en el debate de la mesa "¿Le quedan oportunidades a la Medicina Rural en la España vacía?". Para ello, es necesario una incentivación económica, formativa, social y tecnológica, con esquemas imaginativos que vayan más allá del contrato fijo o de larga duración, que ya no interesa tanto cuando se ponen en la balanza las condiciones de la vida rural.
"Es fundamental flexibilizar la jornada y organizar turnos deslizantes. La Medicina se está feminizando mucho y necesitas conciliar", defiende en declaraciones a DM Laia Homedes, médica rural en Teruel y miembro del grupo de trabajo de Diabetes de Semergen. "Además de eso, habría que incentivar las plazas de difícil cobertura con dinero y con puntos; cubrir los kilometrajes... la gente joven quiere más reconocimiento, formarse a nivel profesional, pero en zonas rurales tienen menos posibilidades tecnológicas y de tiempo, pues la mayor parte de tu jornada estás viajando".
Para Francisco Martínez García, presidente de Semergen en Castilla y León, la situación de la medicina rural “es un problema que se nos ha echado encima sin que la Administración hiciera caso a los avisos que le llegaban de todos los estamentos médicos".
Respecto a los futuros especialistas, opina que "hay que facilitar que haya más centros rurales que formen residentes relajando los requisitos, que son exagerados, y fomentando que el MIR cumpla con la rotación rural de uno a tres meses y vean que se puede hacer ecografías, dermatoscopias, cirugía menor, etc., con medios técnicos asequibles. Otra medida es alternar la consulta urbana con la rural, que puede ayudar a engancharle".
Reconoce que esta medida, que ya se aplica en los hospitales, podría valer también para los médicos de atención primaria adjuntos cuando hubiera problemas de cobertura en algunos centros rurales, si bien es un arma de doble filo, porque "eso haría que se perdiera transversalidad y continuidad en la atención".
El resultado de la acción médica es más visible
"El problema no es que los jóvenes no se vayan a trabajar al pueblo, sino que muchos directamente no eligen primaria, sino el hospital", lamenta Antonio Martínez Barseló, presidente de Semergen en Aragón, quien señala que los incentivos económicos tendrían que ser muy altos, porque "de lo contrario no les compensan los gastos ni la inseguridad que supone viajar por carretera".
Además de la flexibilidad horaria, plantea que se concedan ayudas al alquiler "o como se hacia antiguamente, ofrecer una casa del médico, con el consultorio debajo...".En su opinión, al premiar con puntos el tiempo en plazas rurales "lo que al final ocurre es que facilita el desplazamiento a la zona urbana y confortable".
Javier Marzo Arana, médico de familia y Asesor Técnico de la Dirección General de Asistencia Sanitaria en Aragón, considera que hay que tener “una visión de esperanza en la medicina rural, que tiene que seguir siendo de calidad. Hay que cambiar el paradigma actual para que las jóvenes generaciones de MIR se forman en nuestra especialidad y la vean como un punto de desarrollo profesional atractivo.”
La medicina rural es, por lo general, más cercana, donde se atiende al paciente de una forma longitudinal. De igual forma, tienes la oportunidad -y eso es un hecho diferenciador- de practicar una medicina comunitaria, “ya que atiendes desde los abuelos hasta los nietos. El resultado de la actuación médica es directamente visible y, muchas veces, te conviertes en el apoyo y referente de tus pacientes”, argumenta Homedes. No obstante, hay que incrementar el presupuesto “tanto en las infraestructuras como en las instalaciones de los consultorios y debe mejorarse el material clínico y tecnológico de dichas zonas”.
Las medidas en cualquier caso "deben ser globales, porque hay pocos médicos y al final se van de unas zonas a otras", apunta Martínez Barseló, quien cree que la situación actual “es bastante mala y el futuro se presenta todavía mucho peor a no ser que la Administración se implique y se comprometa a explorar todos los caminos posibles para dar una solución satisfactoria tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios”.
Su homólogo de Castilla y León tenemos cree que "tenemos la obligación de intentar solucionar el problema de la despoblación en las zonas rurales y qué servicios das. Si hay ayudas para fijar población, para los agricultores, ganaderos, autónomos...si quieres un médico en consulta, la sanidad también deberá formar parte del plan".
Los profesionales instan a buscar soluciones imaginativas y a promover la flexibilidad para atraer a los jóvenes médicos de familia al mundo rural, que necesita un plan global.OffNuria Monsó. ZaragozaProfesiónOff
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La primera edición del Premio Internacional de Ciencias Médicas Dr. Juan Abarca (Abarca Prize) contará para su jurado con cuatro reconocidos investigadores y científicos que acompañan al profesor Alberto Muñoz Terol -presidente del jurado- en la labor de selección del ganador o ganadora del galardón.
En concreto, los cuatro investigadores son Richard Horton, editor jefe de la revista médica The Lancet, la cardióloga e investigadora italiana, Silvia G. Priori; Juan Luis Arsuaga, científico, profesor y paleontólogo español, y Federico de Montalvo, doctor en Derecho y presidente del Comité de Bioética de España desde 2019.
Desde la organización de los premios se destaca que el jurado ha sido elegido teniendo en cuenta tanto su experiencia y prestigio académico y profesional como su relevancia internacional por su contribución a la ciencia. A los reconocimientos científicos nacionales e internacionales que todos poseen, se une su desempeño personal en una vida dedicada a la investigación, a la divulgación científica o al debate ético de cuestiones de gran impacto social, motivos que han permitido avanzar profundamente en el beneficio de la salud.
El premio, dotado con 100.000 euros y un diploma acreditativo, reconocerá a una persona del ámbito de la investigación y la ciencia de cualquier parte del mundo, cuyo trabajo haya contribuido de manera trascendental a la mejora de la salud de las personas y las poblaciones. El fallo del galardón se dará a conocer el 25 de octubre.
Richard Horton, Silvia G. Priori, Juan Luis Arsuaga y Federico de Montalvo acompañarán a Alberto Muñoz Terol para la selección del que será el investigador premiado.OffRedacciónOff
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Más de 200 juristas especializados en temas sanitarios ocupan estos días el rectorado de la Universidad de A Coruña. La mayoría de ellos ejercen su actividad en al ámbito público: magistrados, letrados o asesores jurídicos de las administraciones sanitarias. Ellos han sido los responsables de convertir en "legalmente posible" las decisiones políticas que han adoptado los distintos gobiernos autonómicos para controlar la pandemia.
Son los que mejor conocen las entrañas de la normativa sanitaria y están reunidos en el XXIX Congreso de Salud y Derecho de la Asociación Juristas de la Salud, que se celebra del 29 de septiembre al 1 de octubre.
¿Qué mejor sitio para recoger impresiones sobre la sentencia del Tribunal Constitucional que declaró inconstitucional el primer Estado de Alarma? El tirón de orejas del órgano valedor del cumplimiento de la Constitución ha dejado en un limbo la actuaciones dictadas a su amparo.
No ha habido que preguntar mucho. El fallo del Constitucional ha asomado en numerosas ponencias y la impresión más manifestada es que no ha gustado. La crítica a esta decisión se centra en varios aspectos. Por un lado, consideran que una decisión de este calado debería haber recogido un mayor consenso. La decisión de inconstitucionalidad salió adelante con solo un voto de diferencia.
También consideran que la lectura de la sentencia es poco clara -incluso para profesionales que dominan el lenguaje jurídico-, pues a la vez que admiten que la situación de pandemia encaja en los supuestos para la declaración del Estado de Alarma, los seis magistrados con mayoría consideran que hubo una suspensión de derechos fundamentales no aceptable. "Es difícil de entender la decisión final de la sentencia con la lectura completa del fallo donde el Constitucional reconoce que la situación se ajustaba al supuesto de Estado de Alarma", razona David Larios, presidente de la Asociación Juristas para la Salud.
Pero, Larios no ha sido el único en discrepar públicamente de esta resolución. Otros asesores sanitarios de gobierno autonómicos, que prefieren no dar su nombre, defienden otro de los argumentos más comentados de ataque a la sentencia que tiene que ver con la designación de los magistrados del Tribunal Constitucional: nombrados por el Gobierno del Estado, el Parlamento y el Consejo General del Poder Judicial. "Y es que el Tribunal Constitucional es un órgano jurisdiccional, pero no un órgano judicial. Se echa de menos una labor más de hermenéutica constitucional, propia y exclusiva de este órgano, y no una interpretación tan literalidad del artículo 116 de la Constitución. Es decir, deberían haber apostado por una interpretación que hubiera permitido casar la norma con la Constitución. De este modo, la sentencia conduce al abismo, porque entonces: ¿qué habría que haber hecho? Declarar el estado de excepción no, porque la situación se ajustada a los supuestos para el Estado de Alarma, ¿entonces?"
En todo caso, no hay una encuesta para determinar hasta qué porcentaje de asistentes a este Congreso considera desacertada el razonamiento del Constitucional. Eduardo Javier Osuna Carrillo, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Murcia (otro perfil profesional también presente en este Congreso) comparte los argumentos de la sentencia y afirma que para la suspensión de derechos, como ocurrió en el Estado de Alarma, se debía haber dictado el Estado de Excepción.
Alberto Palomar Romera, magistrado y profesor de la Universidad Carlos III, entiende la decisión mayoritaria de los magistrados del Tribunal Constitucional. Considera que el punto decisivo para que los magistrados sumaran una mayoría en su declaración de inconstitucional fue "que la duración del Estado de Alarma fuera de seis meses, un tiempo excesivo para esa suspensión de derechos". En el caso de que no se hubiera extendido tanto en el tiempo, "creo que los magistrados no hubieran tenido problema para avalar la medida, como ocurrió con los controladores aéreos. Pero en seis meses que duró el Estado de Alarma se hubiera podido redactar una ley"
Joaquín Cayón de las Cuevas, director del grupo de investigación en Derecho Sanitario de IDIVAL-Universidad de Cantabria, considera muy compleja la situación. Insiste en la idea de que "Si bien el Estado de Alarma es para la limitación de derechos fundamentales y el estado de excepción está pensado para la suspensión de estos derechos -como los magistrados del Constitucional consideran que ocurrió- , la pandemia se ajusta a las situaciones para activar el Estado de Alarma".
Con vistas en el futuro, Cayón de la Cuevas considera necesario "una ley orgánica de pandemias". Afirma que con las herramientas que hemos tenido se han podido hacer cosas, pero si se hubiera contado con una ley orgánica para la gestión de la pandemia las cosa se podían haber facilitado, porque ha habido pronunciamientos de tribunales muy diversos y el recursos de casación exprés no admitía todos los supuestos".
Pero el debate sobre la necesidad de una ley orgánica de pandemias, o como se pueda llamar, tampoco es apoyada por todos los juristas, pero ese es otro debate.
IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana
La pandemia de la covid-19 puede haber generado malestar y denuncias por la atención médica o sanitaria practicada, pero en ningún casolos profesionales sanitarios concretos han sido el foco de éstas. Así se ha puesto de manifiesto durante el IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (Adscv) en colaboración con la Universidad CEU-Cardenal Herrera.
Será importante ver cómo los tribunales analizarán y tratarán las denuncias por los estragos del covid indirecto (retrasos o paralizaciones en tratamientos o diagnósticos), un aspecto abordado específicamente en la mesa titulada Covid 19: ¿Fuerza mayor? Denuncias a los profesionales sanitarios. Consecuencias jurídicas y su impacto en los seguros de responsabilidad civil del personal sanitaria, moderada por la decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Esperanza Ferrando. Los ponentes de esta mesa han coincidido en que, hasta la fecha, se han recopilado o gestionado muy pocas denuncias contra profesionales sanitarios concretos, sino que fundamentalmente van dirigidas a administraciones y gestores sanitarios públicos y privados, incluyendo las residencias de ancianos.
La mayoría, sobreseidas
Además, la mayoría de las actuaciones han acabado con el sobreseimiento del caso o se encuentran en diligencias que presumiblemente llevarán a la misma conclusión. Según Teresa Gisbert, fiscal superior de la Comunidad Valenciana, “las fiscalías han abierto muy pocas diligencias y prácticamente todas se han archivado ya”, apuntando que no hay “ninguna denuncia con nombres y apellidos” de profesionales sanitarios. En su experiencia, la inmensa mayoría de las denuncias y querellas han sido, de hecho, “no por mala praxis o negligencia, sino por trato recibido, falta de información, desconocimiento o pensar que protocolos no se han cumplido”. Y todo ello, según Gisbert, “no es constitutivo de delito”, sobre todo porque “los protocolos médicos se han cumplido en todo momento; y si no era así, no fue por mala praxis sino por falta de medios”.
Jaime Noguera, responsable legal de Sham en España (Grupo Relyens), ha incidido en que se han recopilado “muy pocas denuncias contra personal sanitario” y que estas han sido dirigidas más contra gestores sanitarios y Administración, mientras que Ignacio Megía, director de siniestros de Berkley España, ha apuntado que su compañía ha recibido “más de 2.000 reclamaciones” y solo dos de ellas eran “por supuestos errores en el tratamiento de la enfermedad”.
Megía ha considerado que la situación de pandemia por covid-19 hay que circunscribirla precisamente a una primera fase (más o menos los tres meses iniciales de confinamiento), donde existía una falta evidente de medios. Y a efectos de responsabilidad, sobre todo a nivel penal, “no creo que pueda plantearse la responsabilidad de los profesionales, ya que se actuó con arreglo a la lex artis”.
A modo de ejemplo, Noguera también ha incidido en “el difícil encaje por la vía penal de la situación producida, por ejemplo, por una priorización en la UCI”.
Respecto al aseguramiento, Megía ha reiterado que “la reclamación derivada de la covid estaría y debería estar plenamente cubierta por la póliza de seguros, excepto si hay una exclusión concreta de riesgos derivados de pandemia”.
Covid indirecto
Noguera ha apuntado que un reto de futuro es ver cómo se encaja el fenómeno del “covid indirecto”, entendido como los retrasos o paralizaciones en tratamientos o diagnósticos de otras patologías por la situación de pandemia. En su opinión, será interesante ver cómo los tribunales analizan y valoran la “perdida de oportunidad” en las reclamaciones, aunque ha recordado que “dado que la Justicia está saturada”, es difícil que la doctrina se fije a corto plazo.
Por último, en sus intervenciones, los tres ponentes y la moderadora han reiterado el agradecimiento a los profesionales sanitarios por su labor y esfuerzo durante la pandemia de la covid-19, en especial en las épocas iniciales de incertidumbre y falta de medios.
El trasplante de médula ósea puede ser una terapia curativa para aquellos pacientes con enfermedades hematológicas malignas y no malignas. Sin embargo, este tratamiento conlleva un riesgo no despreciable de complicaciones potencialmente mortales y un impacto directo en la calidad de vida de los pacientes. La evaluación pretrasplante del riesgo individual es esencial para seleccionar aquellos pacientes que podrían beneficiarse más del procedimiento.
El endotelio, la monocapa de células que recubre el interior de los vasos sanguíneos, juega un papel primordial en la respuesta a complicaciones infecciosas y no infecciosas de los pacientes que reciben un trasplante de médula. Un estudio del Servicio de Hematología Clínica del Instituto Catalán de Oncología (ICO Hospitalet) y grupo de investigación en tumores hematopoyéticos y linfoides, publicado en la revista Blood Advances, ha descrito la capacidad de un indicador de activación endotelial, calculado previo al procedimiento, para predecir la probabilidad de traslado a la UCI en los pacientes receptores de un trasplante de progenitores hematopoyéticos.
Este índice, llamado EASIX (de sus siglas en inglés Endothelial Activation and Stress Index), utiliza tres parámetros disponibles en los análisis de sangre de rutina (LDH, creatinina y plaquetas) para calcular el grado de activación del endotelio, según ha informado el ICO.
El estudio liderado por Anna Sureda, jefe del Servicio de Hematología Clínica del ICO Hospitalet y del grupo del Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (Idibell), muestra que los pacientes con un índice EASIX pretrasplante elevado, presentan mayor probabilidad de ingreso a la UCI que el resto. Además, el estudio confirma el potencial de este índice para predecir la mortalidad relacionada con el trasplante y la supervivencia global en estos pacientes.
Los investigadores proponen el uso del índice EASIX como una herramienta de pronóstico para identificar a los pacientes con un mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, y, por tanto, necesitar, cuidados intensivos.
"La identificación del riesgo individual de desarrollar complicaciones graves que requieran traslado a la UCI en pacientes receptores de un trasplante de progenitores hematopoyéticos podría ayudarnos a implementar intervenciones personalizadas de forma precoz y a gestionar recursos sanitarios" indica Marta Peña, primera autora del trabajo.
El Índice de Estrés y Activación endotelial, calculado con biomarcadores de rutina, informa del estado de activación del endotelio, según el ICO.OffRedacción. BarcelonaMedicina IntensivaOncologíaOff
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En el debate del reconocimiento o no de la especialidad de Urgencias se mezclan varias discusiones: la de la capacitación profesional, los problemas organizativos y los retos laborales. Desde hace años, el único punto de acuerdo parece ser el de facilitar algún tipo de formación específica en este ámbito. Como sea esa formación, si especialidad primaria o superespecialidad, ya es otro cantar. El Ministerio de Sanidad liderado por Carolina Darias, de momento, se remite a esperar al nuevo decreto de especialidades para pronunciarse oficialmente.
La mesa "¿Hasta dónde la troncalidad; es posible una especialidad de urgencias?", celebrada durante el 43º congreso de Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen), que ha reunido a representantes de esta sociedad, la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y de Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes) no ha sido diferente: las posturas siguen encontradas.
Javier Povar, secretario general de Semes, ha recalcado varias veces en el debate que su sociedad no pretende que los urgenciólogos acaparen todas las competencias en la atención urgente, pues todas las especialidades deben tener esta capacitación. Pero ha defendido que en última instancia se necesitan conocimientos específicos para los profesionales dedicados exclusivamente a esa labor: "Que Famila tenga competencias en diabetes no significa que no exista Endocrinología", ha puesto como ejemplo.
Y es aún más necesario cuando la mayor parte de los hospitales son comarcales y por tanto, no se cuentan con guardias de varias especialidades. Además, ha argumentado, sería más fácil planificar los recursos humanos teniendo claro quién acabará en primeria y quién en Urgencias.
Por otra parte, también ha pedido diferenciar entre el problema de la saturación de los servicios de Urgencias y la necesidad de formación específica de carácter primario. "En la saturación hay causas internas y otros problemas del sistema, por ejemplo cómo está organizada la atención continuada, la accesibilidad de pruebas complementarias...". Y que el 10-15% de las consultas en Urgencias acabe en ingresos, "no significa que sólo esos casos sean urgencias. Eso lo sabemos cuando ha habido una actuación para discriminar esa dolencia". Povar ha tendido la mano a atención primaria varias veces: "Contad con Semes para que los centros de salud tengan más medios".
Un nuevo conflicto laboral
Del otro lado, los representantes de los médicos de Familia e internistas han defendido que la formación en general es adecuada y que los problemas son sobre todo organizativos. Por el contrario, argumentan, la especialidad de Urgencias abriría un conflicto.
"Habría que analizar aquello que genera ineficacias e ineficiencias, como las duplicidades", ha observado José Polo, presidente de Semergen. "Creo que mucho de la saturación en urgencias es por la falta de recursos de los equipos de atención primaria. La urgencia está bien atendida, los profesionales están bien formados. El problema es que esta fragmentación puede derivar en un conflicto laboral que dure 20 años, como pasó con la aprobación de la especialidad de Medicina de Familia".
Jesús Díez Manglado, presidente de la SEMI, ha defendido la fortaleza que supone la polivalencia de los profesionales frente a los cambios en las necesidades de los pacientes y recordó que la atención urgente "entra dentro del currículum de todas las especialidades. Seguro que nadie propondría una especialidad en cronicidad".
"Crear la especialidad puede llevar a un enfrentamiento entre colectivos que puede acabar repercutiendo en la atención al paciente, mientras que la ACE no da este problema: permite dar respuesta a las necesidades de la población, admite a todas las especialidades y garantiza la plasticidad del sistema". En última instancia, "la aprobación de urgencias no sólo significa que otros especialistas van a perder esa capacidad de trabajo, sino también el 40% de su sueldo. Tenemos que pensar de forma amplia en los problemas que pueden surgir por cuestiones organizativas de la atención".
"En este tema hay una pregunta muy clara: ¿qué es urgencia y qué es atención continuada?
No es lo mismo y es el nudo gordiano de lo que tratamos ahora", ha señalado este internista. En esa línea, ha criticado que circunstancias como los horarios de organización de los dispositivos sanitarios no pueden condicionar el debate. "¿Por qué en un lugar el médico de primaria puede encargarse de todas las urgencias y en otro sitio a las 5 de la tarde tiene que atenderlo el 061? Es un problema organizativo"
Y en medio, los profesionales de a pie, particularmente los médicos de Familia, sufren las consecuencias de esta doble faceta. Algunas personas del público (médicos de Familia que llevan décadas ejerciendo en Urgencias hospitalarias) han lamentado que los presidentes de Semergen y SEMI hayan mezclado el debate profesional y formativo con el laboral. Han relatado que han tenido que formarse por su cuenta para atender muchos casos que les llegan y de los que otras especialidades no quieren hacerse cargo. "Me da la sensación una sensación de que se desconoce lo que hacemos en Urgencias", ha apuntado uno de los que intervino.
Un residente también ha intervenido para observar que "en la residencia de Familia se quiere abarcar tanto de Urgencias, cuando hacemos un trabajo completamente diferente al de los centros de salud, que al final no nos formamos bien ni en una cosa ni en la otra. Hacemos mucha guardia en urgencias y pocas, por ejemplo, en el ámbito rural. Pero luego el programa formativo está enfocado a primaria. Está un poco desequilibrado".
Semergen y SEMI mantienen frente a Semes que los problemas son organizativos y que la especialidad de Urgencias abriría un conflicto entre profesionales.coronavirusOffNuria Monsó. ZaragozaProfesiónProfesiónProfesiónOff
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La Sociedad Española de Fertilidad (SEF) ha hecho públicos los datos de su registro anual de tratamientos de fertilidad en 2019 que, por primera vez desde que se creó el registro en 2002, ha mostrado una caída en el número de tratamientos de fertilidad que se han efectuado en España.
Concretamente, los tres centenares de centros de reproducción asistida que reportan a este registro realizaron 148.358 ciclos de fecundación in vitro (FIV) en 2019, lo que significa un descenso del 0,6% respecto al año 2018. También descendieron según los datos de la SEF las inseminaciones artificiales (IA) en un 4,5% respecto al año anterior, realizándose 32.548 procedimientos. El total se realizaron 180.906 tratamientos de reproducción asistida en España en 2019 (un 1,3% menos que en 2018).
Un descenso que el presidente de la SEF, Luis Martínez Navarro, asume que será mayor en 2020 como consecuencia de la covid: “no sabemos todavía cómo afectará la COVID-19 a la natalidad española ni a las técnicas de reproducción asistida con certeza, pero todo apunta a que asistiremos a un desceso mayor aún que el que estamos observando en las últimas décadas”.
La SEF atribuye la caída que se ha producido en 2019 incluso sin el efecto de la covid, a una mejora en los propios tratamientos ya que el número de nacimientos por técnicas de reproducción asistida no ha caído pese a la caída del número de tratamientos.
Fernando Prados, embriólogo de la SEF y coordinador del informe, ha explicado en la presentación del registro que “hemos visto por primera vez desde que tenemos un registro universal de reproducción asistida, cómo los tratamientos de FIV y de Inseminación Artificial han disminuido. Aunque estamos ante un descenso mínimo, sí que se puede observar un freno que, sin embargo, no ha repercutido en el número de nacimientos. Esto lo interpretamos como una mejora en la calidad de las técnicas y los resultados pues en 2019 nacieron un total de 37.428 bebés, un 1% más que en 2018. Menos tratamientos y más nacimientos”.
El 9,5% de los nacimientos en España es por técnicas de reproducción asistida
Según Prado “del total de nacimientos estimamos que 33.500 son bebés nacidos en España y constituyen el 9,5% de los nacimientos totales del período comprendido entre el último trimestre de 2019 y los tres primeros de 2020, de acuerdo con los datos publicados por el INE. Esta es también la cifra de natalidad más alta relativa a la Reproducción Asistida en España, hasta la fecha”.
Esa mejora en los tratamientos podría radicar en que el 80% de los embriones fueron transferidos en estado de blastocisto. “Esta tendencia, junto a la de hacerlo en diferido, preparando al útero para la recepción de un embrión criopreservado, podría estar en la raíz de la mejora en la tasa de éxito reproductivo”, se explica desde la SEF.
Por otra parte, los datos del registro de 2019 muestran también que ha continuado creciendo la transferencia de un único embrión frente a la estrategia de transferencia dos embriones. Esto se ha reflejado en una caída de un 11% de la gemelaridad.
Una nueva investigación retrospectiva basada en datos de 16.461 pacientes del Registro SEMI-COVID-19 de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y dirigida por internistas del Hospital Clínico San Carlos de Madrid y del Hospital Regional Universitario de Málaga, ha descrito los principales factores de riesgo de muerte de los pacientes con insuficiencia cardíaca hospitalizados por covid-19 en España y revela que la mortalidad fue más elevada entre los pacientes que se complicaron de forma aguda por insuficiencia cardíaca (IC) durante el ingreso (53%) que entre los que ya tenían esta condición previa de forma crónica a su ingreso en el contexto de la infección por covid-19 (45%).
Así, los datos del estudio indican que alrededor de la mitad de los pacientes hospitalizados por covid-19 con insuficiencia cardiaca fallecieron. “La insuficiencia cardiaca es la principal causa de hospitalización en mayores de 65 años en nuestro país. Estos pacientes suelen presentar una carga importante de comorbilidades asociadas. Dentro de las principales causas de descompensación cardiaca, se encuentran los procesos infecciosos. Durante este último año, debido a la alta incidencia de covid-19, este ha sido un motivo importante de descompensación de insuficiencia cardiaca. Estos pacientes, habitualmente mayores y con múltiples comorbilidades, han mostrado en nuestro estudio una alta mortalidad durante su ingreso por covid-19, lo que nos lleva a afirmar que la covid-19 se encuentra entre las principales causas de muerte en pacientes hospitalizados con IC”, expone a DM Jaime Sanz, del Servicio de Medicina Interna del Hospital Regional Universitario de Málaga, y uno de los primeros autores de este trabajo, que se ha publicado en Revista Clínica Española.
De los 16.461 pacientes analizados en el trabajo, 1.740 tenían antecedentes de IC y/o la habían sufrido como complicación durante el ingreso por covid-19 y 1.718 (10,4%) fueron incluidos finalmente en el estudio (56,5% varones, con una edad mediana de 81,4 años). De estos, 819 fallecieron (tasa de mortalidad global del 47,6%).
IC 'de novo'
El estudio demuestra que “un gran número de pacientes desarrollan IC de novo durante su ingreso, siendo éste el primer episodio de IC. Esto ocurre en un tercio de los pacientes estudiados y el motivo fundamental es el desarrollo del síndrome de distrés respiratorio agudo (SDRA)”, afirma el primer firmante del trabajo, Alejandro Salinas, del Servicio de Medicina Interna en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid).
Sanz apunta que, como se ha expuesto, "una de las principales causas de descompensación cardiaca son las enfermedades infecciosas, y, entre ellas, las infecciones respiratorias, por lo que no nos sorprende que los pacientes con insuficiencia cardiaca sufran descompensaciones debido a la infección por SARS-CoV-2. En cuanto a la aparición de IC de novo, esta es esperar en pacientes añosos que presenten una alta carga de comorbilidades cardiovasculares que puedan propiciar un primer episodio de insuficiencia cardiaca”.
Entre los pacientes fallecidos había más proporción de pacientes diabéticos con lesión de órgano diana, hipertensión arterial e insuficiencia renal moderada-severa. Además, presentaron más comúnmente: frecuencia cardíaca más elevada, taquipnea, menor saturación de oxígeno y presencia de consolidación pulmonar bilateral al ingreso.
En la investigación se encontró que los factores de riesgo de muerte al ingreso de pacientes con insuficiencia cardíaca hospitalizados por covid-19, fueron: edad > 80 años, dependencia severa, taquicardia de >100 latidos por minuto, deterioro de la función renal y distintos niveles analíticos elevados (PCR, LDH y creatinina sérica).
“El hecho de que la edad y el grado de dependencia sean factores fácilmente identificables, supone que a este grupo de pacientes se le debe prestar más atención en el momento del ingreso, por el peor pronóstico que tienen, iniciando así un tratamiento más temprano y dirigido”, comenta Salinas.
Vacunación
Preguntados por el efecto de la vacunación de la covid en estos pacientes, ambos internistas indican que en el momento del estudio no disponían de datos de los enfermos con IC vacunados; tampoco existe ahora evidencia suficiente sobre este grupo concreto, ni acerca de la respuesta inmune que desarrollan, “por lo que son necesarios más estudios al respecto”, indica Salinas. “En cualquier caso, dado que se trata de una población anciana y con pluripatología de base es posible que la necesidad de una dosis extra de vacunación pueda requerirse en un futuro próximo”.
A lo que Sanz añade que “lo que sí podemos decir es que la vacunación disminuye la sintomatología de los pacientes infectados por SARS-CoV2, con menos riesgo de presentar descompensaciones cardiológicas y otras complicaciones que puedan derivar en ingresos en cuidados intensivos o incluso fallecer”.
Un nuevo estudio del Registro SEMI-COVID estudia las características de los pacientes con insuficiencia cardíaca hospitalizados por covid-19.coronavirusOffSonia MorenoCardiologíaGeriatríaEnfermería GeriátricaOff
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La pandemia de la covid-19 ha traído algunas medidas con vocación de permanencia en algunas comunidades autónomas, como la posibilidad de que los medicamentos de dispensación hospitalaria se recojan en las farmacias más próximas del paciente. La Consejería de Sanidad Universal y Salud Pública de la Comunidad Valenciana lo lleva a cabo desde el mes de marzo, gracias a un acuerdo con los COF, con los enfermos crónicos: ya se han hecho 3.948 entregas de tratamientos a 1.449 personas. Tienen que cumplir unos criterios específicos y ser atendidos por las unidades de atención farmacéutica a pacientes externos (UFPE) de los hospitales, encargadas de gestionar este proceso.
Al mismo tiempo, se ha elaborado el Plan asistencial de atención farmacéutica telemática (PAT), para potenciar los servicios telemáticos que facilitan la atención de pacientes externos en las unidades de atención farmacéutica hospitalaria, así como acercar la dispensación de medicamentos en zonas próximas a las personas enfermas crónicas (centros sanitarios o farmacias).
Servicio de telefarmacia
En este sentido, José Manuel Ventura, director general de Farmacia, ha explicado que "actualmente estamos trabajando en la implantación de un sistema de telefarmacia, que se complementaría con el servicio de dispensación de medicamentos en puntos de proximidad al paciente, con el objetivo de mejorar y facilitar la atención". Ventura se ha referido al Plan asistencial de atención farmacéutica telemática (PAT), cuyo objetivo es "facilitar y acercar la atención farmacéutica a pacientes. De hecho, los servicios de farmacia hospitalaria se han ido adaptando a la situación actual y durante la pandemia han entregado tratamientos incluso en los mismos domicilios de los pacientes ".
José Manuel Ventura ha señalado que "la finalidad es evitar el desplazamiento de los pacientes en el centro hospitalario, y más ahora en época de pandemia, ya que, generalmente, se trata de personas que sufren patologías de alta complejidad y de riesgo", y ha destacado que "esta reorganización de los servicios de atención farmacéutica hospitalaria ha puesto de manifiesto la profesionalidad y la capacidad del personal especialista en farmacia hospitalaria para adaptarse a las necesidades asistenciales del momento".
El Plan de atención farmacéutica telemática (PAT) se enmarca en el Programa de optimización e integración terapéutica de la Consejería de Sanidad.
Los objetivos se centran en adaptar la atención farmacéutica a las necesidades individuales de pacientes, mejorar la accesibilidad a los profesionales sanitarios y reducir la dependencia de las personas enfermas crónicas respecto al centro hospitalario.
Además, se pretende fomentar la autonomía, la responsabilidad y la participación de las personas en las decisiones que les afectan, tanto en la oferta de opciones para la modalidad de seguimiento farmacoterapéutico telemático como para la entrega de los medicamentos.
Por otra parte, en el aspecto asistencial, este plan supone ampliar la cartera de servicios de las UFPE, así como implementar procedimientos de atención farmacéutica y seguimiento farmacoterapéutico telemático (telefarmacia).
La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana, que tomó esta medida en marzo gracias a un acuerdo con los COF, trabaja ahora en la implantación de un sistema de telefarmacia.OffRedacciónPolítica y NormativaPolítica y NormativaPolítica y NormativaOff
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Los médicos, muy escépticos con la cita de Canarias
Si atención primaria espera poco o nada de los encuentros políticos formales para (presuntamente) abordar la situación del nivel, menos aún deposita sus esperanzas en citas informales como la que hoy, en Gran Canaria y bajo el pomposo título de I Encuentro Atención Primaria: Retos y oportunidades, inaugura la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Aun así, el primer nivel no puede evitar mirar de reojo a un encuentro que reúne a los consejeros de las 17 autonomías y que servirá, sobre el papel, para que cada uno exponga las necesidades y demandas específicas que primaria tiene en sus territorios.
En vísperas de ese encuentro, el Foro de Médicos de Atención Primaria, que reúne a las sociedades médicas de Familia y Pediatría (excluidas, por cierto, de la cita de Gran Canaria), OMC, CESM y los estudiantes de Medicina, ha hecho público un posicionamiento conjunto (fruto de su último encuentro formal) en el que muestran su "profunda indignación" por el trato recibido por todas las administraciones públicas y su escasa preocupación por primaria, "tras un verano caótico, sobresaturado y sin suplentes".
En representación de la Organización Médica Colegial (OMC) en ese Foro, su vocal nacional de Atención Primaria Rural, Hermenegildo Marcos, admite que él, personalmente, afronta el encuentro de Canarias "con una extraña mezcla de escepticismo y optimismo". El primero, fruto de las "muchas expectativas frustradas y de los muchos encuentros y documentos firmados sobre primaria que no han servido para nada", y el optimismo, por irónico que suene, "porque tanto la Medicina de Familia como la Pediatría de primaria han tocado fondo, y de ahí en adelante sólo cabe ir mejorando".
El Foro de Primaria habla de un verano "caótico, sobresaturado y sin suplentes"
Al margen de los anuncios o conclusiones que puedan salir de una cita informal, al representante de la OMC le bastaría "de entrada, con que tanto el Ministerio de Sanidad como los consejeros trabajaran sobre "bases reales". Es decir, "no basta con elucubrar en abstracto. Hay que descender al día de la situación presupuestaria, profesional y contractual que vive actualmente el primer nivel y plantear una política de recursos humanos que aborde de manera urgente la precariedad, la falta de cobertura de muchos puestos y las plazas vacantes, y una política presupuestaria realista y finalista". En suma, la receta de Marcos se resume en "realismo, pragmatismo... y financiación suficiente".
Sin la tercera pata de ese trípode, el dinero, todo lo demás son "inanes brindis al sol", dice Vicente Matas, exvocal de Atención Primaria Urbana de la OMC y coordinador del Centro de Estudios del Sindicato Médico de Granada, "y precisamente eso, dinero, es lo que ha faltado hasta ahora. ¿Dónde está la parte de los fondos europeos que, en teoría, debería ir destinada a primaria? ¿Dónde los más de mil millones que, sobre el papel, se destinaban en los Presupuestos de 2021 para atajar las deficiencias del nivel?", se pregunta Matas.
Dotación presupuestaria suficiente y finalista para afrontar lo urgente (las "acuciantes" necesidades de personal) y lo importante (el acceso a pruebas diagnósticas, la reducción de la burocracia, la mejora de la coordinación con atención hospitalaria...) fue también la petición unánime que hicieron ayer los expertos reunidos en el 43º Congreso de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (Semergen) para debatir sobre el nuevo modelo de primaria que necesita el Sistema Nacional de Salud (SNS). También con el rabillo del ojo puesto en la cita informal de Canarias, médicos, gerentes y exresponsables políticos demandaron ayer a ministerio y autonomías inversiones "concretas".
Matas recuerda que un nivel asistencial "que viene a solucionar el 85 o el 90% de los problemas sanitarios no puede subsistir con apenas el 14% de presupuesto", en referencia al porcentaje medio de su PIB sanitario que las 17 comunidades autónomas destinan actualmente a sus respectivas primarias. El Foro que reúne a los representantes profesionales de Familia y Pediatría lleva años reclamando en vano que ese porcentaje se eleve por encima del 25%, y los expertos reunidos ayer en el Congreso de Semergen volvieron a pedirlo.
Matas: "Bastaría con que Sanidad y CCAA cumplieran lo firmado en 2019"
Y ha vuelto a pedirlo esta misma semana, en el Senado y con mayor concreción de cifras, el presidente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), Salvador Tranche. La voz institucional de la sociedad médica más numerosa de primaria les recordó el pasado martes a sus señorías que el primer nivel necesita dinero y manos para trabajar, concretamente 4.000 millones de euros y 7.000 médicos de Familia más antes de 2025.
"Bastaría -recuerda Matas- con que quienes se reúnen desde hoy en Canarias releyeran lo que firmaron en 2019... y empezaran a aplicarlo". El exvocal de la OMC se refiere al MarcoEstratégico para la Atención Primaria y Comunitaria 2019, "un documento con el que los profesionales no estuvimos de acuerdo al cien por cien, pero que sí contenía objetivos, a corto, medio y largo plazo, que, de aplicarse, empezarían a llevarnos por la buena senda. Salvo que esa estrategia sea, como siempre, una mera declaración de buenas intenciones".
En materia presupuestaria, la Estrategia de 2019 habla de incrementar de manera progresiva los presupuestos asignados a primaria en todas las comunidades "en función de las necesidades concretas de financiación, tanto en el Capítulo I (gastos de Personal) como en infraestructuras y equipamiento, a través de un estudio por contabilidad analítica anual".
Claro, que ese objetivo es, sobre el papel, "a medio plazo" y habría que dilucidar qué entienden políticos y gestores por ese horizonte temporal. También "a medio plazo" la Estrategia planteaba equiparar las retribuciones complementarias "por conceptos homólogos, de todos y todas las profesionales de la misma categoría, en los ámbitos de primaria y atención hospitalaria, en cada comunidad autónoma". A las bajas retribuciones del médico de primaria en comparación con el entorno europeo, todos los informes demográficos del Centro de Estudios que dirige Matas suman, precisamente, ese lastre: la heterogeneidad salarial interautonómica fruto de la disparidad de los complementos.
Cupos "inalcanzables"
Mucho más concreto, en tiempo y cifras, es otro de los objetivos que, según Matas, está muy lejos de alcanzarse cuando apenas faltan tres meses para que expire el plazo que marcaba la Estrategia: en enero de 2022 se fijaría un cupo máximo de 1.500 tarjetas individuales sanitarias (TIS) para cada médico de Familia, y de 1.000 por pediatra, con un margen máximo del 10%, y todo ello "dejando a criterio del titular del cupo la posibilidad de superar el margen máximo a dicho límite". La realidad, apunta Matas, es que superar ese máximo es la tónica habitual en la mayoría de las comunidades, "sobre todo en determinadas zonas, y no precisamente por que el médico lo decida".
En su posionamiento conjunto previo a la reunión informal de Canarias, el Foro de Médicos de Atención Primaria también manifiesta su "estupor" por la convocatoria MIR 2021-2022 y su "profunda decepción" ante la "asombrosa" disminución en el número de plazas de Medicina Familiar y Comunitaria (2.336 frente a las 2.338 de la pasada convocatoria) y el aumento de tan solo tres plazas de Pediatría y sus Áreas Específicas (de 491 en 2021 a las 494 actuales), y reivindica la "urgente necesidad" de un volumen de plazas en ambas especialidades que se ajuste a "las necesidades asitenciales reales".
El vocal de Atención Primaria Rural de la OMC vincula la limitación de plazas MIR con otro problema que también preocupa, y mucho, a los profesionales de primaria: la escasez de tutores clínicos para formar a los futuros residentes. "El grueso de los centros de salud acreditados para impartir docencia MIR está ubicado en grandes o en medianos núcleos urbanos, y buena parte de los profesionales que ejercen en ellos, y que están acreditados como tutores, tienen ya una edad cercana a la jubilación. El relevo de esos tutores se hace muy difícil cuando los médicos de Familia y pediatras recién titulados son destinados a centros sin acreditación docente, generalmente en pequeños núcleos. Estamos dilapidando un enorme capital de entusiasmo y posibles vocaciones docentes".
El Foro de Médicos de Atención Primaria insiste en el "abandono" del nivel y urge la reactivación de la Estrategia que se consensuó en 2019.coronavirusOffFrancisco Goiri. MadridProfesiónProfesiónProfesiónProfesiónMIREIROff
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El presidente de Satse, Manuel Cascos, junto al Comité Ejecutivo Estatal del sindicato enfermero, han denunciado esta mañana frente al Congreso de los Diputados el bloqueo que sufre la tramitación parlamentaria de la Ley de Seguridad del Paciente, que obtuvo el respaldo de 700.000 personas y de la práctica totalidad de los grupos políticos, pero que lleva más de diez meses esperando a que se produzca el debate de las enmiendas parciales porque se han acordado más de 20 prorrogas en la Mesa del Congreso.
De hecho,el PP ha pedido 16 prórrogas para ampliar el plazo de presentación de enmiendas parciales, mientras que Ciudadanos lo ha hecho en ocho ocasiones. "Por su parte, los partidos que sustentan al Gobierno, y con mayoría en la Mesa del Congreso, mantienen un silencio cómplice. No quiero pensar que en ello tenga alguna influencia la empresa privada sanitaria”, ha añadido Cascos.
El sindicato ha explicado que gobiernos y partidos han dejado en "vía muerta" a la sanidad pública y sus profesionales. "La iniciativa institucional y política para mejorar nuestro sistema sanitario es cero, lo que supone que la seguridad asistencial sigue en grave riesgo al mantenerse una asignación de pacientes por enfermera que aumenta la mortalidad y morbilidad".
Cascos ha recordado que las más de diez iniciativas que Satse ha propuesto al Congreso, gobiernos y partidos -antes y durante la pandemia- siguen guardadas en un cajón. "La Ley de Seguridad del Paciente -cuya tramitación parlamentaria se está dilatando deliberadamente por parte de algunos partidos políticos, mientras que otros mantienen un silencio cómplice- supone un desprecio absoluto y un grave perjuicio para los más de 47 millones de ciudadanos que merecen una atención y cuidados seguros y de calidad, así como para las más de 300.000 enfermeras que siguen trabajando en unas condiciones penosas y precarias".
Otras iniciativas de Satse a Gobiernos y partidos políticos han sido sendas propuestas normativas en contra de las agresiones a los profesionales sanitarios y sobre el uso de medicamentos peligrosos; un Observatorio de la imagen de la Mujer en el ámbito sanitario y distintos planes para mejorar la situación de los centros sociosanitarios; acabar con la temporalidad y fomentar el retorno de profesionales que tuvieron que emigrar a otros países; propiciar una nueva oferta universitaria del Grado de Enfermería, así como promover la jubilación anticipada y voluntaria de las enfermeras por su especialmente duras y penosas condiciones de trabajo.
Asimismo, Cascos ha resaltado que la falta de interés real por mejorar la salud y bienestar de pacientes y el conjunto de la ciudadanía también se está constatando en recientes decisiones del Gobierno, "como el destinar una cantidad irrisoria de los fondos europeos al sistema sanitario, no priorizar la sanidad en el Plan para la recuperación, transformación y resiliencia de España ni en el Plan 'España 2050, o no haberse puesto en marcha las medidas e iniciativas comprometidas en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social de nuestro país".
La sanidad privada, al alza
Según Satse, una vez pasado lo peor de la pandemia, Gobierno, comunidades autónomas y partidos políticos han vuelto a “meter en el trastero” la mejora de la sanidad pública mientras que la sanidad privada va viento en popa e incrementa cada vez más su margen de beneficios.
En concreto, en 2020 la sanidad privada aumentó en un 4,4% el número de asegurados y en un 5,1% el volumen de primas. "De igual manera, la empresa privada farmacéutica quiere ocupar espacios en la sanidad publica que no le corresponden con la complacencia de algunos partidos", ha asegurado Cascos.
Por último, el presidente de Satse ha reiterado que la palabras de reconocimiento y agradecimiento hacia el conjunto del personal sanitario, y especialmente para las enfermeras, enfermeros y fisioterapeutas, "se han quedado en nada, cuando se ha constatado que son los motores del sistema sanitario". En el caso de las enfermeras, ha aludido también a su atención cercana y no exenta de graves riesgos a los pacientes en los primeros momentos de la pandemia, así como en la detección y seguimiento de casos covid y en la posterior campaña de vacunación en el conjunto del Estado.
Grünenthal Pharma ha anunciado este jueves el nombramiento de Ana Martins como nueva directora general de España y Portugal. Se convierte así en la primera mujer en ocupar esta posición en la compañía alemana especializada en dolor.
Martins es portuguesa y licenciada en Económicas por ISEG- Lisbon School of Economics & Management en la Universidad de Lisboa, con un postgrado en gestión fiscal en el ISCTE- Instituto Universitario de Lisboa.
La ejecutiva, que inició su carrera en Grünenthal en 2007, dirige Grünenthal Portugal desde 2015 y anteriormente ocupaba el puesto de directora de Finanzas y Controlling de España y Portugal.
"Afronto esta nueva etapa profesional con ilusión y con el firme propósito de seguir trabajando por alcanzar nuestra visión de un mundo sin dolor. Es un privilegio y un orgullo poder dirigir a un equipo humano tan excepcional, tanto en lo personal como en lo profesional, siendo una de las mejores empresas para trabajar en España y Portugal, y en un momento en que la compañía ha realizado una apuesta firme por una visión omnicanal donde el paciente se encuentra en el mismo centro”, señala Martins en un comunicado corporativo.
Relevo
Hasta la fecha y desde enero de 2018, el cargo lo ocupaba João Simões, quien se convertirá a partir de ahora en head of Partner Business de la farmacéutica a nivel global: “Es un placer para mí poder formar parte del equipo global de Grünenthal, una compañía que busca constantemente medicamentos innovadores. Me esforzaré ahora por impulsar la maximización del valor de las marcas de Grünenthal a escala global a través de una sólida red de socios”.
La ejecutiva, que ya dirigía la filial portuguesa desde 2015, suma ahora la dirección de la española.OffRedacciónEmpresasEmpresasEmpresasOff
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El Hospital de Bellvitge, de Hospitalet de Llobregat, en Barcelona, ha informado hoy de que sus cirujanos han restaurado la función de una córnea implantándole un nervio de la pierna. La neurotización corneal mediante microcirugía era, según el centro, el último recurso para salvar la visión del ojo de la paciente. La intervención ha sido realizada conjuntamente por cirujanos del Servicio de Oftalmología y el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora.
Se trata de una innovadora intervención quirúrgica en la que se reconstruye, mediante microcirugía, la conexión nerviosa de la córnea con la ayuda de un segmento del nervio de la pantorrilla (nervio sural) de la misma persona.
La intervención, que se ha practicado por primera vez en Cataluña y por segunda vez en España (la primera fue en el Hospital Mancha Centro de Alcázar de San Juan, en Castilla-La Mancha), ha permitido salvar la visión del ojo de una paciente para quien ya no había otra alternativa. La paciente sufrió hace unos años una parálisis facial que, entre otras consecuencias, le provocó una pérdida de sensibilidad nerviosa en el ojo. Esta pérdida terminó causándole una úlcera corneal que le impidió la visión. Aunque se le practicó un trasplante de córnea, el implante fracasó precisamente por la falta de sensibilidad en esta zona del ojo.
El trasplante no es la solución
“Cuando el paciente no es sensible al dolor –explica Maravillas Abia, una de las oftalmólogas que han participado en la intervención– la córnea va sufriendo pequeños traumas repetitivos que acaban causándole graves afectaciones y ceguera”. En estos casos, añade, “el trasplante tampoco es la solución, ya que la nueva córnea acaba siendo objeto del mismo proceso patológico de base”.
Los pacientes en esta situación no tenían hasta ahora ninguna otra opción de curación y se les cosía el párpado. La aparición de la neurotización corneal, que restaura la sensibilidad nerviosa en la zona dañada mediante la transferencia de un segmento de nervio sano, significa una nueva oportunidad para salvar la visión.
Oriol Bermejo, cirujano plástico que ha participado en la intervención, afirma que “la neurotización es desde hace tiempo un proceso habitual en cirugía reconstructiva para tratar otros tipos de problemas, y ahora se ha empezado a aplicar a la restauración de la funcionalidad de la córnea”.
En la intervención realizada en Bellvitge, se llevó a cabo simultáneamente una neurotización corneal, un nuevo trasplante de córnea, y una extracción de catarata. Además de ayudar a recuperar la visión, la intervención tuvo también una finalidad estética.
Los cirujanos extrajeron un segmento del nervio sural, situado en la pantorrilla, y lo utilizaron para conectar la zona dañada con otro nervio de la región ocular en buen funcionamiento. La extracción del nervio de la pantorrilla no causó a la paciente ningún problema importante. La operación se realizó mediante microcirugía, una disciplina de precisión que utiliza instrumentos especializados y un microscopio quirúrgico para garantizar la correcta perfusión del tejido trasplantado. Colaboraron en ella especialistas del Departamento de Órbita y del Departamento de Córnea del Servicio de Oftalmología, así como cirujanos del Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora.
Dada de alta a las 24 horas
La intervención fue un éxito y la paciente fue dada de alta a las veinticuatro horas y logró recuperar parcialmente la visión del ojo. Esta innovadora intervención, que ya se estudia aplicar a un segundo caso en Bellvitge, ha sido posible gracias a la amplia experiencia de los distintos servicios que han colaborado. En concreto, el Servicio de Oftalmología del Hospital Universitario de Bellvitge es centro de referencia estatal (CSUR) en distintos procedimientos quirúrgicos oncológicos y no oncológicos, y el Servicio de Cirugía Plástica y Reparadora es una unidad pionera en el Estado en microcirugía.
La composición del Comité de Evaluación de la Gestión de la covid-19 -cuya creación se anunció en sede parlamentaria el pasado mes de julio y se aprobó la semana pasada en el Consejo Interterritorial- ha caído como un jarro de agua fría a 21 sociedades científicas de Enfermería, que han escrito una carta a la ministra de Sanidad pidiéndole que reconsidere la composición del mismo e incorpore enfermeras.
“La evaluación trasndisciplinar del comité propuesto requiere de la presencia de enfermeras. Su presencia no tan solo es una exigencia profesional, sino una necesidad social, científica y estratégica que no se entendería que quedase sin respuesta”, explica José Ramón Martínez Riera, presidente de la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), una de las sociedades firmantes.
Las sociedades científicas firmantes (AEC, Anenvac, Uesce, Faecap, Seegg, AET, Aeesme, Aeep, Fame, Seeiuc, Aeec, AeePy CI, Amece, ANDE, Adenyd, AEP Enfermería, International Nursing Network, Asociación Despertando Enfermería ADeNfermer@, Grupo 40 + Iniciativa Enfermera, Sociedad Científica Española de Enfermería y el Área de Enfermería Respiratoria de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica) han explicado a Carolina Darias que más allá de las palabras de reconocimiento y agradecimiento, las enfermeras deben ser valoradas y respetadas por aquello que mejor saben hacer: planificar y evaluar los cuidados profesionales en cualquier situación, y muy especialmente en la de la covid-19.
Coinciden, no obstante, en que el grupo de trabajo, análisis y reflexión debe ser reducido, “lo que no puede ni debe ser es reduccionista, porque se corre el riesgo de un evidente sesgo evaluador con resultados alejados de la realidad vivida y de la que tenemos que afrontar derivada de la anterior”.
Hay que recordar que el Comité está compuesto por dos economistas de la salud (Rosa Urbano Garrido y Carmen Pérez Romero) y otros tantos epidemiólogos (Fernando Rodríguez Artalejo y Xurxo Hervada Vidal), que han sido escogidos de entre los candidatos propuestos por un grupo de trabajo en el que han participado todas las autonomías salvo País Vasco, que declinó hacerlo.
En la carta dirigida a la ministra de Sanidad, las 21 sociedades científicas han puesto en valor los cuidados enfermeros durante la pandemia. “Las enfermeras se han adaptado a la situación, dando respuesta puntual, eficaz, eficiente y de calidad en cada momento, a pesar de las dificultades impuestas por la propia pandemia y por las derivadas de una gestión asistencialista, medicalizada y fragmentada de la misma, que han limitado las acciones comunitarias y la participación de la ciudadanía”.
También han puesto sobre el tapete que este colectivo ha logrado, con la planificación y desarrollo de las vacunaciones y no tan solo con su administración, “que la inmunización comunitaria haya sido un éxito que va mucho más allá de las decisiones políticas que quieren acapararlo”.
Y se han anticipado a un futuro próximo con unas previsiones de cuidados evidentes, “donde las enfermeras van a resultar imprescindibles en un contexto de cuidados como el que va a quedar tras la pandemia, con necesidades y demandas que van a requerir de un claro liderazgo enfermero que articule las acciones con la comunidad, pero también en y con los equipos a través del trabajo transdisciplinar”.
Todo ello -añaden las 21 sociedades científicas- a pesar de contar con unas ratios de enfermeras por habitante que sitúan a España a la cola de los países de la CEOE “y nos alejan de las recomendaciones que trasladan organizaciones internacionales como la OMS, demostrando la capacidad de trabajo que, sin embargo, es reconocida más en el extranjero donde emigran muchas de ellas”.
Explican que la evaluación trasndisciplinar del comité propuesto por el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas requiere de la presencia de profesionales de Enfermería.coronavirusOffAlicia SerranoProfesiónProfesiónProfesiónProfesiónProfesiónProfesiónOff
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