“Lo que hace un problema de un problema es que contiene una contradicción”, según José Ortega y Gasset (filósofo y periodista. Madrid, 1883-1955). La frase sirve para analizar el hecho de que el presidente de la República francesa, Emmanuel Macron, para combatir con más eficacia la variante delta del SARS-CoV-2, haya instaurado la obligación de vacunarse al personal sanitario. El ministro de Salud francés, Olivier Véran, anunció el pasado día 16, un día más tarde de entrar en vigor la medida, que 3.000 profesionales habían sido inmediatamente suspendidos de sus trabajos por no estar inmunizados.
¿De qué servirá exactamente haber ejecutado algo tan extremo? De entrada, para enervar a un colectivo imprescindible, que ahora está celebrando manifestaciones masivas por todo el país contra la decisión del Gobierno. Pero Francia no está sola: en Italia y Grecia la vacunación también es obligatoria para los sanitarios, y en Alemania ya se les exige el certificado COVID Digital UE.
En España, por suerte, no ha cundido ese ejemplo, aunque el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de septiembre revela que el 47,7% de la población apoyaría una vacunación obligatoria para todos los españoles y que a este porcentaje se sumaría otro 33,8% que la exigiría para los trabajadores sanitarios y de residencias; en total: el 81,5%.
La Organización Médica Colegial (OMC), en respuesta a esta encuesta, salió inmediatamente a la palestra para decir que “no hay cifras oficiales de personal sanitario no vacunado, aunque todas las cifras indican que son mínimas; por lo tanto, plantear la necesidad de hacer la vacunación a sanitarios obligatoria es un debate estéril y que crea desconfianza en la sociedad, y esa medida es de dudosa aplicabilidad desde el punto de vista legal” (Manuela García, vicepresidenta segunda). No obstante, esta misma corporación ha recordado, en distintos comunicados, "el deber deontológico de los profesionales de vacunarse para protegerse ellos y a sus pacientes".
La tasa de vacunación contra la covid-19 en España, del 75,9% de la población total con pauta completa, es un indicador de que hay que hacer un esfuerzo para inmunizar a rezagados (negacionistas, personas fuera del radar sanitario…), pero sin necesidad de obligar, que es algo que nunca se ha utilizado en este país.
La propia ministra Carolina Darias lo ha reconocido: "España está en otra situación absolutamente diferente", pues aquí gozamos de un "extraordinario nivel de vacunación". Además, la legislación nacional, en este momento, tampoco lo avalaría. A pesar de ello, han surgido voces a favor: Galicia y Canarias han impulsado leyes con ese objetivo y la Federación Empresarial de la Dependencia (según sus datos, entre un 5% y un 8% del personal de las residencias privadas de toda España sigue sin vacunarse) lo ha reclamado.
Es evidente que, en el caso de los profesionales en contacto con personas vulnerables, es necesario algo más que la concienciación, pero no únicamente con motivo de esta pandemia. Por ejemplo: ¿en cuántos centros sanitarios españoles no se debate de manera recurrente si hay que quitarse la bata para salir a comer o tomar un café fuera, para evitar contaminaciones?
Si se deja en manos de los comités de riesgos laborales y de calidad y seguridad asistencial, es posible prevenir contagios derivados de la no vacunación de algunos profesionales, buscando para ellos soluciones específicas y proporcionales. Y, además, estos casos se deben gestionar de manera similar a como se hace con otros riesgos (los sanitarios son también un colectivo clave en la vacunación de la gripe estacional, causante de mucha mortandad anual, y no por ello son sometidos a obligatoriedad).
"Los españoles somos gente más solidaria, consciente de la repercusión social que tiene nuestra conducta individual", apuntaba días atrás a este diario Vicente Soriano, ex asesor de la OMS. Ahí destaca un colectivo especialmente vocacional con el cuidado de las personas, que en esta crisis se ha dejado la salud y hasta la vida en el ejercicio profesional. Llegados a este punto, no parece razonable crear un problema sobre otro aplicando medidas punitivas a una mínima parte porque prefiera, aun a riesgo personal, no vacunarse.
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