La ley de 2013 que vela por la seguridad del personal sanitario de Aragón en el ejercicio diario de sus funciones no es lo suficientemente efectiva ni disuasoria, y los profesionales del Servicio Aragonés de Salud (Salud) necesitan una norma actualizada, específica y más "contundente" para atajar las agresiones. Ésta es la petición que todos los sindicatos sanitarios de médicos y de Enfermería de la comunidad aragonesa (CESM-Aragón, Satse y Fasamet) han formulado al unísono tanto a la consejera de Salud, Sira Repollés, como al presidente autonómico, Javier Lambán.
Los sindicatos justifican su petición en el "constante aumento" de las agresiones registrado en los últimos dos meses en la comunidad, con un episodio especialmente violento (que implicó a cinco miembros de una misma familia) en el Hospital Clínico de Zaragoza, pero también con sendos casos en los centros de salud de Tauste y Zuera, todos ellos adscritos al Sector III, y otro en el que se vio implicada una ambulancia en Huesca.
"Lejos de remitir, el problema de las agresiones va in crescendo y parece que ni la consejería ni el propio Gobierno autonómico acaban de verlo como el serio problema que es", afirma Mercedes Ortín, secretaria general del Sindicato Médico de Aragón (CESM-Aragón), que recuerda que en marzo de 2019 se dirigieron a la anterior consejera para instarle a poner en marcha un documento con cinco medidas concretas, entre las que ya se incluía la redacción de una norma específica.
Según los propios datos del Salud, en 2018, el número total de agresiones a sanitarios llegó a 253, y subieron a 294 en 2019; el confinamiento de 2020 las hizo bajar a 196, pero los tres sindicatos firmantes de la petición a Ripollés y Lambán recuerdan que en el primer semestre de 2021 ya han llegado a 153, "por lo que, de continuar la tendencia actual, este año se superarán las 300".
Los sindicatos piden en concreto a la titular del Departamento de Sanidad que eleve al Gobierno de Lambán un proyecto de decreto-ley en el que se tipifiquen como infracción administrativa grave las agresiones verbales (insultos) a los empleados en los centros sanitarios públicos, y como infracción administrativa muy grave las agresiones físicas o psicológicas, sancionadas económicamente con multa de entre 500 y 3.000 euros las primeras y de entre 3.001 y 30.000 euros las muy graves, compatible con la responsabilidad penal y civil que de tales hechos se puedan derivar.
Sobre el papel, las agresiones al personal sanitario tienen en España la consideración de delito de atentado a los agentes de la autoridad (previsto y regulado en el artículo 550 del Código Penal), pero Ortín puntualiza que "mientras esa consideración está muy clara en el caso de los policías y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en el caso de los sanitarios todo depende de la interpretación judicial de cada caso. Por eso, llevamos tiempo reclamando una norma propia, inequívoca y suficientemente efectiva". De hecho, el Observatorio de Agresiones de la Organización Médica Colegial (OMC) también lleva tiempo pidiendo un plan nacional contra las agresiones a sanitarios y la aprobación de una ley específica, al margen del reconocimiento del Código Penal.
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En sintonía con la legislación nacional, la Ley 9/2013, de Autoridad de Profesionales del Sistema Sanitario y de Servicios Sociales Públicos de Aragón, reconoce la consideración de "autoridad pública" al personal sanitario en el ejercicio de sus funciones, y especifica que "gozará de la protección reconocida a tal condición por la legislación vigente". Los sindicatos sanitarios insisten en que ese reconocimiento, al menos en la comunidad de Aragón, es más teórico que real, pese a que la propia ley de 2013 también deja claro que "los hechos constatados por los mencionados profesionales gozarán de la presunción de veracidad cuando se formalicen por escrito".
Otras medidas
Al margen de las medidas legislativas, los sindicatos abogan por la generalización de medidas disuasorias como el llamado botón del pánico o la presencia física de agentes de seguridad en los centros sanitarios y socio-sanitarios. A modo de ejemplo, recuerdan que sólo 19 centros de salud (de los más de 200 que hay en la comunidad) tienen hoy el botón para pedir ayuda, y sus profesionales no tienen tampoco este dispositivo de ayuda cuando tienen que desplazarse. "A la desprotección en que dejamos a muchos centros de salud, fundamentalmente del ámbito rural, se suma que los sanitarios que hacen asistencia domiciliaria también están desasistidos", dice Ortín.
Los sindicatos médicos y enfermeros reclaman, además, que haya un vigilante de seguridad en cada centro de trabajo durante el horario de apertura al público, tanto en el ámbito urbano como en el rural, e incluso en el periodo de guardias en los centros rurales. Esta medida -puntualizan los sindicatos en su escrito a la consejería y al Gobierno- deberá aplicarse "con carácter urgente e inmediato" en los centros que acaban de sufrir agresiones a sus sanitarios o en sus instalaciones.
A los agentes de seguridad plantean sumar cámaras de videovigilancia en las zonas comunes (puerta de entrada/salida, vestíbulo, zona de admisión, salas de espera...) de los centros de salud. Además, en los centros de salud aislados o ubicados en zonas especialmente conflictivas, las cámaras de seguridad se instalarán también en el exterior del edificio, controlando el perímetro y los accesos (puerta principal de acceso, puertas accesorias, entrada y salida al garaje...).
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