La Junta de Galicia fue la primera en exigir el pasaporte covid a las visitas de los enfermos en hospitales, con el aval de su TSJ, y ahora sigue esa senda Valencia.
La sección cuarta de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha autorizado la exigencia del llamado pasaporte covid para acceder a establecimientos de hostelería, restauración y ocio con aforo superior a 50 personas, festivales de música y eventos y celebraciones con más de 500 asistentes, así como para visitar a pacientes e internos en hospitales y residencias, entre otras actividades.
Estas disposiciones se hallan contenidas en la resolución de la Conselleria de Sanidad Universal fechada el pasado 25 de noviembre y estarán en vigor durante 30 días tras su publicación en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV).
La Sala considera que son medidas “equilibradas”, pues se derivan de ellas “más beneficios para el interés general -contención de la pandemia- que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto”, al tiempo que cumplen el “juicio constitucional de proporcionalidad”.
El auto repasa la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la exigencia del certificado de vacunación, presentación de prueba diagnóstica negativa (PCR o test de antígenos) o justificante de haber pasado la enfermedad para acceder a determinados establecimientos.
Los magistrados argumentan que estas medidas son idóneas para reducir el riesgo de transmisión del virus en los interiores de aquellos lugares donde, por su idiosincrasia, no es posible hacer un uso continuo de la mascarilla.
La resolución alude a los datos científicos recogidos en el informe epidemiológico aportado por la Generalitat, que avalan que el riesgo de infectarse es menor entre vacunados que en no vacunados y que, en caso de infección, la transmisión de la covid-19 es mucho menor entre personas vacunadas.
La medida "apenas va a producir afectación a la actividad económica", dice el TSJ de Valencia
Las medidas, por tanto, son necesarias, ya que no se conocen otras “para conseguir el propósito con igual eficacia”, y resultan “indispensables si se quiere obtener el objetivo de reducir o -al menos- minimizar el incremento de la transmisión del virus”, precisa la Sala.
Además, la exigencia del certificado covid busca evitar que se llegue “al escenario de nuevas restricciones de derechos fundamentales mucho más intensas de la que aquí se trata” y el anuncio de su implantación ya ha incentivado la vacunación.
La medida resulta igualmente proporcionada –prosigue el Tribunal- porque “apenas va a producir afectación a la actividad económica” e incluso “puede facilitarla”, de forma que obtiene “un buen encaje de las dos piezas más importantes (salud y economía -por este orden-) de este insólito puzle que representa la actual pandemia”.
"Este tipo de medida supone una limitación tenue de determinados derechos fundamentales", dice el tribunal
“Nuestro Alto Tribunal –refleja el auto en alusión a la jurisprudencia del Supremo- entiende que este tipo de medida supone una limitación tenue de determinados derechos fundamentales que, al ser enfrentada con la poderosa presencia de otros derechos fundamentales -como la vida o la protección de la salud-, aporta una justificación objetiva y razonable para su adopción”.
El TSJ de Valencia considera además justificada la implantación del pasaporte covid en toda la Comunidad Valenciana a la vista de la tendencia homogénea ascendente y generalizada de la curva pandémica en todo el territorio, la previsible movilidad de los ciudadanos ante la proximidad de las Navidades y la aparición de nuevas variantes del Sars-Cov-2.
En cuanto a su exigencia para visitar hospitales y residencias, tanto públicos como privados, los magistrados recuerdan que en estos ámbitos se producen “contactos próximos y prolongados” entre pacientes y visitantes y en ellos se encuentra “la población más vulnerable” y en ocasiones personas con una inmunidad a la enfermedad disminuida.
Sintonía entre tribunal y gobierno autonómico
A estas alturas parece claro que el uso del pasaporte covid en las distintas comunidades autónomas dependen, fundamentalmente, del tribunal autonómico (TSJ) de turno o, si se quiere ver de otro modo, de la buena sintonía que haya entre el gobierno autonómico y su tribunal.
Esto es así, porque en base a los mismos pronunciamientos sobre este instrumentos de la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Supremo -que han sido dos, uno denegando el pasaporte covid y otro avalándolo- se han conocido resoluciones de tribunales tanto confirmando la medida, que han sido la mayoría, como rechazándola: el TSJ del País Vasco desestimó el uso del pasaporte covid en la hostelería.
El auto del TSJ vasco, que el Gobierno de Íñigo Urkullu ha recurrido al Tribunal Supremo- razonaba que el Gobierno vasco recogía aplicar el pasaporte covid a toda la comunidad autónoma, si bien no había uniformidad de incidencia en todo el territorio. Este "pero" judicial estaba recogido en la jurisprudencia del Supremo que entendía el uso del pasaporte covid limitado en tiempo y espacio. Sin embargo, en el auto del TSJ de Valencia conocido este lunes se ha confirmado el uso del pasaporte covid en toda la comunidad autónoma de Valencia.
Si hay más tribunales autonómicos cuyo razonamiento transcurra por el mismo camino que el de los magistrados del TSJ vasco no lo sabemos todavía, pues hay autonomías que no se han animado a regular el uso de este instrumento de control de la pandemia. No lo han hecho ninguna de las dos castillas, Madrid, Cantabria, Andalucía...
¿No lo ven útil? Expertos consultados apuntan a cierto temor a una negativa de sus tribunales autonómicos. Este razonamiento cobra fuerza cuando se revisan las recientes declaraciones de, por ejemplo, Verónica Casado, consejera de Sanidad de Castilla-La Mancha pidiendo al Ministerio de Sanidad que lidere la implantación de este mecanismo.
En todo caso, es de esperar que el goteo de autos de tribunales autonómicos en relación al pasaporte covid continúe en los próximos días.
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