El nuevo Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, se ha comprometido a trabajar por los derechos fundamentales, pero, ante una pandemia que no acaba, admite que el derecho individual no debe dañar a los más vulnerables y comprende que pueda obligarse a vacunar a los profesionales del sector sanitario o las residencias.
"Los derechos son individuales, pero los demás individuos también tienen derechos y no sé si hay un derecho a contagiar a los demás, precisamente", reflexiona en su primera entrevista tras tomar posesión del cargo el pasado 18 de noviembre en el Congreso.
La vacunación obligatoria sería, en cualquier caso, una decisión política al margen de sus competencias, pero entiende que puedan darse ese tipo de pasos. "Al menos que se pueda, no digo que se deba", añade con cautela.
Tras seis años como portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, su nombre concitó el consenso de socialistas y populares en el pacto para renovar la institución y asegura que ahora es el representante del pueblo, sin distinción "ni de partidos, ni de grupos, ni de votantes". Gabilondo sabe que su trabajo generará "fricciones" con distintas administraciones, pero, asegura a la agencia Efe, que está decidido a ser la voz de los más vulnerables.
"No estamos aquí para describir lo que pasa sin más, no somos cronistas de la actualidad. Está bien que sepamos lo que pasa, pero estamos aquí para intervenir, para que no pase y para dirigirnos a quienes tienen la capacidad, el poder y la responsabilidad de poder evitar eso".
Una labor de supervisión
Llega a la institución, que ha cumplido 40 años, con el objetivo de escuchar a todas las personas que se sientan desamparadas, "víctimas de distintos procedimientos administrativos", pero también de supervisar los lugares donde pueden estar siendo vulnerados derechos, desde residencias de mayores a centros de menores o migrantes.
Es un hombre dialogante y en su discurso de toma de posesión garantizó que trabajará "con ponderación y coherencia", aunque recuerda que la institución tiene mecanismos para hacer valer sus recomendaciones ante las distintas administraciones, llegando, si no hay respuesta, a la Fiscalía e incluso al Constitucional. "La institución debe dirigirse ante las administraciones con buena información, con firmeza y con argumentos", señala Gabilondo, consciente de que el Defensor "no es un gobierno paralelo, ni un juez, ni una tercera cámara" y de que no está para "sostener gobiernos ni derrocarlos".
El exministro de Educación y catedrático de Metafísica quiere situarse al margen de la polémica generada por la renovación de los órganos constitucionales y se siente respaldado por las Cortes Generales, tanto por los que le han votado como por los que no, ya que, asevera, trabaja para todos ellos como representantes del pueblo. Los ciudadanos, argumenta, exigen una cultura del acuerdo frente a la crispación y la "seducción de la confrontación", un abismo que atrae, reconoce, pero no resuelve los problemas.
Gabilondo destaca la importante labor de su antecesor, Francisco Fernández-Marugán, en el ámbito migratorio y recuerda la llamada de la institución a las comunidades autónomas para lograr un reparto equitativo de los extranjeros que llegan a las costas españolas o entran de forma irregular en Ceuta y Melilla. Apela en este contexto a la solidaridad de todas las administraciones para generar una conciencia de acogida, convencido de que "no se puede lograr la solidaridad por imperativo militar". En este contexto considera "muy preocupante" el discurso xenófobo que estigmatiza al extranjero y confía en que "no cale tanto como parece". "Entender que el otro tiene menos derechos, que es un peligro, deteriora y destruye los cimientos mismos de la democracia", advierte.
"Se reconoce como un "obseso" de la necesidad de eliminar el término "disminuido" de la Constitución"
Entre sus objetivos, Gabilondo destaca su intención de poner la institución al servicio de aquellos que "no tienen ni siquiera voz, no llegan ni a quejarse, no están en el circuito". Y reclama a las administraciones que les respondan en un lenguaje cercano y sencillo. "Comprendo que la respuesta a un recurso del Constitucional exige un dictamen muy cuidado jurídicamente, pero cuando un señor te ha escrito una queja con un bolígrafo, no debemos mandarles las obras completas de nada".
"El verdadero espejo de una sociedad es cómo trata a los niños, a los mayores, a los más vulnerables, a los más indefensos. Y esto no es un discurso moral sin más, es un discurso de ética política", recalca. En este contexto, se reconoce como un "obseso" de la necesidad de eliminar el término "disminuido" de la Constitución para referirse a las personas con discapacidad, una modificación planteada por el Gobierno a la que se han opuesto el PP y Vox ante el temor de que abra la puerta a otras reformas de la Carta Magna. "Yo creo que se debería intentar (...) Es una palabra insoportable para un país democrático"
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