_0.jpg)
Mejorar la carrera profesional investigadora, dotar de mayor estabilidad laboral al personal de universidades, organismos públicos de investigación (OPIs), fundaciones y centros de investigación; simplificar y reducir los trámites burocráticos, reforzar la transferencia de conocimiento... y aumentar de forma paulatina y sostenida la inversión pública en materia de investigación son, entre otros, los objetivos que recoge el controvertido proyecto de reforma de la Ley de la Ciencia que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros y que inicia formalmente su trámite parlamentario.
Mientras el Ministerio de Ciencia e Innovación de Diana Morant asegura que espera conseguir en ese obligado periplo por el Congreso de los Diputados "los mayores consensos posibles", los representantes del sector aspiran a darle un lavado de cara integral a una propuesta normativa que, a su juicio, es "claramente insuficiente", aborda sólo tangencialmente algunos de los problemas históricos del sector y deja en el aire cuestiones que los investigadores estiman vitales para hacer del ámbito de la investigación el motor estratégico del que no se cansa de hablar el Gobierno.
La generalizada insatisfacción del sector se resume en el planteamiento que sociedades científicas, organizaciones profesionales, rectores y decanos y colectivos de jóvenes investigadores comparten desde hace meses en sus comparecencias públicas y/o en redes sociales: la reforma de Morant, que viene a enmendar la ley de 2011 que aprobó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Cristina Garmendia como ministra de Ciencia, se queda "corta" y, en muchos puntos, no aborda aspectos claves de la norma que ya entonces, hace 10 años, dejó insatisfecho al sector.
El sector cree que la reforma no mejora sustancialmente la ley de Garmendia de 2011
De entrada, la inversión pública destinada a ciencia e investigación. El texto de la reforma garantiza, en una disposición adicional, una "financiación pública estable" en I+D+i, y su paulatino crecimiento hasta alcanzar en 2030 una inversión del 1,25% del PIB (ahora está en el 0,58 %), conforme al compromiso alcanzado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez con la Unión Europea (UE). Sin ir más lejos, la Federación de Jóvenes Investigadores Precarios (FJI), uno de los colectivos de investigadores jóvenes más activos en su rechazo al proyecto de Morant, le recordaba esta semana a la ministra en la Comisión de Ciencia del Congreso de los Diputados que ese objetivo presupuestario quizás era loable hace dos décadas, pero que hoy "habría que multiplicar la inversión por tres".
Cabe recordar, además, que, según fuentes ministeriales, la futura norma inicia su andadura parlamentaria con una partida presupuestaria "sin precedentes", merced a los más de 3.800 millones de euros procedentes de los fondos europeos. Con respecto a esos fondos, la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que representa al colectivo universitario, uno de los que más producción investigadora genera en todos los campos celebra esta inyección de dinero, pero le recuerda al Gobierno que esos fondos tienen fecha de caducidad.
En línea con el resto de las organizaciones que representan al sector -y que han presentado miles de objeciones a la norma en el preceptivo trámite de audiencia-, CRUE insta al Gobierno de Sánchez a introducir en el trámite parlamentario un compromiso de todos los grupos parlamentarios para aprobar una "financiación estructural, en números absolutos, adecuada y plurianual para la I+D+i".
Sociedades y universidad reclaman una financiación "basal, plurianual y adecuada"
En materia contractual, una de las principales novedades de la norma es la introducción de una nueva modalidad de contrato indefinido vinculado al desarrollo de actividades científico-técnicas y que, sobre el papel, sería aplicable a todo tipo de personal de investigación. Este contrato vendría, además, a paliar el hueco que dejará el contrato por obra y servicio, que, de acuerdo con la reforma laboral recientemente aprobada está llamado a extinguirse, y que es el que tienen actualmente buena parte de los investigadores vinculados a proyectos concretos. Más de 25.000, según CRUE; entre 25.000 y 30.000 según los sindicatos del sector, si se incluye a técnicos y gestores.
Este nuevo contrato indefinido no necesitará autorización previa, si dispone de financiación externa o de convocatorias de concurrencia competitiva, pero la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE), que agrupa a 82 sociedades científicas, recuerda al Ministerio de Ciencia e Innovación que la reforma laboral ya ha entrado en vigor, que la Ley de Ciencia que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros inicia ahora un largo periplo parlamentario y que los 25.000 investigadores que actualmente ejercen con un contrato de obra y servicio necesitan una solución urgente y no pueden esperar. Cosce, CRUE, la Asociación Nacional de Investigadores Hospitalarios (ANIH) y todas las organizaciones profesionales de investigadores instan al Gobierno de Sánchez a definir y aplicar cuanto antes esa nueva modalidad contractual.
Y en lo que también coinciden todas es en la "urgente" necesidad de acabar con la tasa de reposición o, como planteaba Cosce en la Comisión de Ciencia e Innovación que se celebró esta semana en el Congreso, en modificar su planteamiento actual: Cosce plantea, de hecho, que la tasa de reposición del personal investigador esté vinculada al presupuesto de cada centro y no a su masa salarial. Según el organismo que representa a más de 40.000 investigadores, acabar con las actuales limitaciones de la tasa es la única vía para revitalizar las plantillas de centros y fundaciones (especialmente, los más jóvenes) y atraer a parte de los investigadores que emigraron y que ahora sin vitales para garantizar la renovación de plantillas muy envejecidas.
De hecho, uno de los objetivos declarados del Gobierno es incorporar a 12.000 nuevos científicos e investigadores en tres años y "recuperar a los expatriados por vocación o necesidad".
En materia de investigación sanitaria, el proyecto reconoce, también en una disposición adicional, que las administraciones públicas (léase Gobierno y comunidades) "fomentarán, en el marco de la planificación de sus recursos humanos, la incorporación a los servicios de salud de personal investigador en régimen estatutario a través de categorías profesionales específicas que permitan, de forma estable y estructural, la dedicación a funciones de investigación".
Sobre el papel suena bien, pero tanto la Cosce como la ANIH coinciden en que ese redactado apenas introduce novedades con respecto a lo que ya estipulaba la ley de Garmendia, que falta definir a qué "categorías profesionales específicas" se refiere y, sobre todo, que quede claro que las condiciones laborales y salariales del personal investigador contratado a través de fundaciones sean las mismas que tienen quienes ejercen en los centros para los que trabajen esas fundaciones.
Una "pobre" indemnización por despido
La reforma también contempla el reconocimiento de la indemnización por extinción de contrato para todos los contratos pre y postdoctorales, aunque ha sido el empuje de los investigadores el que ha logrado que esa indemnización (12 días por años trabajado) que, en principio, el Gobierno sólo reconocía para los contratados tras la aprobación de la norma, se aplique con carácter retroactivo.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/JTa6cnr
No hay comentarios:
Publicar un comentario