El Gobierno de Panamá ha emitido este martes un decreto que abre la importación de medicamentos "al amparo del registro sanitario" nacional, como parte de las medidas que buscan abaratar su coste, uno de los más elevados de la región, según han admitido las propias autoridades.
Esta decisión "histórica", según ha afirmado el jefe del Estado, Laurentino Cortizo, es anunciada cuando centenares de pequeñas farmacias permanecen cerradas en todo el país tras la entrada en vigor el lunes de un decreto que establece una rebaja del 30% en el precio de 170 medicamentos, una medida que es económicamente inviable, según ha señalado este martes a EFE Orlando Pérez, presidente de la Unión Nacional de Propietarios de Farmacia (Unprofa) de Panamá.
Cortizo y el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, han firmado este martes un decreto que deroga otro, de mayo de 2019, y que reglamenta la Ley 1 de 10 de enero de 2001, que permite la importación al amparo del registro sanitario. "Este nuevo decreto permitirá la apertura del mercado de medicamento para que otros agentes puedan importar dichos productos al amparo del registro sanitario vigente en el territorio nacional, con el objetivo de reducir los costos de los medicamentos y acabar con los oligopolios en el país", ha explicado el Gobierno en un comunicado del Gobierno.
Este martes Cortizo también autorizó al ministro Sucre a que presente ante el Consejo de Ministros la modificación de un artículo de una ley 1963 a fin de "permitir a las farmacias importar sus medicamentos", ha expresado el vicepresidente panameño, José Gabriel Carrizo.
Asimismo, el presidente autorizó al Ministerio de Comercio e Industria (MICI) a emitir una resolución que establezca que la rebaja del 30% en el precio de 170 medicamentos vigente desde el lunes y por seis meses prorrogables, "sea generado desde los eslabones más alto de la cadena, es decir las farmacéuticas" y se vaya trasladando al resto, ha apuntado Carrizo.
"Los laboratorios internacionales deberán vender a las empresas distribuidoras de medicamentos a un 30% menos que el precio de venta registrado en cada laboratorio al 30 de junio de 2022, los cuales no podrán ser aumentados durante la vigencia del decreto. Mientras que los distribuidores deberán vender a las farmacias a un 30% menos que el precio de venta registrado en cada distribuidor nacional", ha agregado el Gobierno en su comunicado.
El titular del MICI, Federico Alfaro, ha afirmado que con la resolución "lo que se está instrumentando es que los laboratorios se comprometen a dar un descuento 30% sobre su precios de venta al distribuidor, el distribuidor se compromete a dar un 30% sobre su precio de venta a las farmacias y trasladar ese descuento al pueblo panameño".
Todo esto ha tenido lugar en un momento en el que más del 95% de los 450 establecimientos afiliados a Unprofa han cumplido con la medida de cierre porque el 30 % de rebaja "nos ahoga", ha afirmado Pérez. "¿Cómo pago mis gastos operativos, planilla, salario, luz, alquiler?", ha explicado el presidente de los farmacéuticos panameños, quien ha asegurado que los propietarios de las farmacias están "preocupados" porque no encuentran "una salida a este tema".
Este lunes entró en vigor el Decreto Ejecutivo 17, firmado el pasado 10 de agosto por el presidente Laurentino Cortizo, que disminuye en un 30 % el precio de 170 medicamentos de uso regular; una medida que estará vigente por 6 meses prorrogables y que fue recomendada por una "mesa técnica". La norma "mantiene el descuento del 20 % a los jubilados" establecido en la ley vigente.
Carteles de protesta
"Las farmacias como nosotras, pequeñas, tendremos que cerrar a partir del 15 de agosto porque se nos hace imposible cumplir con el nuevo decreto impuesto por el gobierno de turno" o "Pueblo panameño, farmacia de luto", rezan carteles colocados en dos de estos establecimientos que permanecían cerrados este martes en la Ciudad de Panamá, según ha constatado EFE.
Pérez sostuvo que el margen de ganancia "no da para dar el 30 % de descuento, más el 20 % a los jubilados", norma esta última que ha considerado una especie de "impuesto que nos colocó el Gobierno hace más de 30 años, que no nos reconocen en un crédito fiscal ni nada en absoluto".
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