Inmersa en plena catarsis, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca), responsable de la acreditación de profesores y universidades, ha dado el (de momento) último paso para engrasar su maquinaria de evaluación, especialmente oxidada en titulaciones como Medicina. La agencia, dependiente del Ministerio de Universidades, someterá su sistema de acreditación a una auditoría cuatrienal y se pondrá bajo la lupa de una comisión que dilucidará lo que funciona y lo que no. El evaluador evaluado.
Aunque la agencia tiene entre sus labores la acreditación de instituciones y centros docentes y de investigación, de títulos universitarios, de actividades de transferencia e investigadoras, entre otras cosas, el principal tapón se produce en la evaluación y acreditación de los docentes que optan a una plaza fija (profesor titular y catedrático), y particularmente entre quienes aspiran a ocupar esa plaza en facultades como las de Medicina. Solo un dato; el último oficial, concretamente: en el primer semestre de 2023, Aneca tardó una media de 5,9 meses en responder a los aspirantes a una plaza docente de todas las titulaciones; en el caso de Medicina Clínica, el tiempo de respuesta fue de 7,7 meses.
Consciente de que tiene un problema, de que ese problema está muy focalizado y de que necesita subsanarlo con urgencia -so pena de agravar el déficit docente de Medicina-, Aneca ha dado dos pasos en lo que va de año: en enero, puso en marcha un nuevo sistema de acreditación que, en línea con lo que venía demandando la Conferencia de Decanos de las Facultades de Medicina, daba más peso a la experiencia clínica, facilitando así, en teoría, que el médico asistencial (especialmente deficitario en las plantillas docentes) optase a esas plazas.
El segundo paso, en junio, fue modificar la composición y estructura de las tres comisiones de acreditación en que se divide la rama de Ciencias de la Salud (Ciencias Biomédicas, Medicina Clínica y Especialidades Sanitarias), para intentar dar salida de la forma más rápida posible a los expedientes pendientes de evaluar que se acumulan en ellas, especialmente en las de Medicina Clínica y Especialidades, entre las más lentas de las 21 que evalúan todas las titulaciones.
El tercer paso ha sido doble, obligado por ley y tan rápido que da una idea de la importancia que la Agencia y su nueva directora, Pilar Paneque, le dan a este tema. Su predecesora, Mercedes Siles, se autoimpuso una meta muy concreta: en julio de 2021, el plazo medio de respuesta de las 21 comisiones acreditadoras no podía pasar de 6 meses. Más de dos años después, aunque el tiempo medio de resolución está exactamente en esa cifra, hay comisiones que todavía van a pedales y Paneque quiere enmedar eso... Quiere enmedarlo y Universidades le da las herramientas normativas para que le ponga las pilas a la agencia.
Para evitar "intromisiones", la agencia tendrá voz, pero no voto en la comisión que 'fiscalizará' su labor
La última de esas herramientas es el Real Decreto 678/2023, que entró en vigor el pasado 7 de septiembre y que regula "la acreditación estatal para el acceso a los cuerpos docentes universitarios". El artículo 26 de esa norma obliga a crear una comisión de evaluación y seguimiento del sistema de acreditación estatal; es decir, una suerte de cuerpo de examinadores para ver qué hace Aneca y cómo lo hace. Pues bien, dicho y hecho, apenas 15 días después de aprobarse el nuevo decreto de acreditación, la agencia que dirige Paneque anuncia que esa comisión ya está en marcha, con su camisita y su canesú. Ahora empezará a andar.
Integrada por 8 expertos ajenos a Aneca y provenientes de instituciones tan diversas como la Conferencia de Rectores (CRUE), el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt) y de universidades públicas y privadas, la nueva comisión estará presidida, sí, por Paneque, y la Secretaría la ostentará el titular de la División de Evaluación del Profesorado de Aneca, pero, según la agencia, no ha lugar a chanchullos, porque la presencia de ambos cargos será solo testimonial: tendrán voz pero no voto, "para garantizar la independencia de la comisión".
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