En una de las últimas apariciones antes de Navidad, la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció su intención de recuperar la sanidad universal, en una reunión con asociaciones, ONGs y dos sociedades científicas: Semfyc y Sespas.
El camino de baldosas rojas para conseguir este objetivo pasa por la aprobación de la ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, un proyecto legislativo que quedó pendiente del anterior Gobierno y que contempla cuestiones como la sanidad universal y otras como la supresión o limitación de los conciertos sanitarios (algo que trae de cabeza a Cataluña).
Pero, centrados en el reto de la sanidad universal, hay que empezar primero por saber qué colectivos permanecen excluidos de esa atención sanitaria. Y aquí no hay una única respuesta, pues ha quedado al criterio de las comunidades autónomas actuar con más o menos generosidad al interpretar el Real Decreto-ley 7/2018, de 27 de julio, sobre el acceso universal al Sistema Nacional de Salud.
Según apunta la norma: "las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial". Y añade la ley: "en aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las Comunidades Autónomas."
Sobre esta regulación, Nuria Amarilla, abogada y vocal de la Asociación Juristas de la Salud, ha señalado que "todos los colectivos que se reunieron con la ministra el pasado 19 de diciembre siguen denunciando que dichas excepciones, que recoge el Real Decreto de 2018, son una barrera en la práctica que les impiden acceder a la asistencia sanitaria con normalidad, si no tienen permiso de residencia, aunque vivan en España, por diversas complejidades administrativas".
Sobre este análisis de la situación actual hay acuerdo entre los colectivos reunidos y el Ministerio de Sanidad que reconoce la necesidad de "devolver" la sanidad universal, es decir, a la situación previa al Real Decreto-Ley 16/2012, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.
Barreras del sistema
En el segundo Informe Barreras al Sistema Nacional de Salud en poblaciones vulnerables en España, publicado por Médicos del Mundo, el 20 de diciembre de 2023, se ha hecho seguimiento a 8.809 personas con problemas de acceso a la atención sanitaria de 1 de enero a 15 de septiembre de 2023. El 40,4% de estas personas fueron excluidas del sistema debido a "barreras discriminatorias", es decir, por no tener derecho a la prestación o no poderlo demostrar. De ellas, 186 menores de edad, 85 embarazadas y 81 personas residentes en España por reagrupamiento familiar a las que no se le atendió. Hubo 202 casos en los que se facturó la atención en Urgencias.
Desde el punto de vista práctico, la sanidad universal va a requerir un acuerdo con las comunidades autónomas para, además, ver cuánto cuesta esa ampliación de beneficiarios del SNS y quién lo paga.
Cuestión de competencias
Una pregunta: ¿El Ministerio de Sanidad tiene competencias para imponer esa universalidad?
José Ramón Repullo, profesor emérito de Planificación y Economía de la Salud de la Escuela Nacional de Sanidad (Instituto de Salud Carlos III), responde: "La definición de cobertura y prestaciones del Sistema Nacional de Salud depende del gobierno central. Otra cosa es que si se incorporan prestaciones a la cartera común, sería justo e incluso podría ser exigible que el Gobierno de España diera ayuda financiera, como pasó con la Hepatitis C y con los costes de la covid. Aunque no está tan claro que tenga que aportar financiación para incorporar población a la cobertura, porque la población ya genera ingresos con los impuestos indirectos, que forman parte del cálculo de financiación autonómica, no estaría de más el que hubiera una línea de financiación transitoria".
"La ministra está en su terreno, si bien será prudente que lo mande al Consejo Interterritorial", explica el jurista Javier Sánchez Caro, presidente del Comité de Bioética de Castilla-La Mancha. Asegura, que "la crítica que hacen las comunidades autónomas a la sanidad universal es precisamente esa: no están de acuerdo con el yo invito y tú pagas la fiesta, aunque no creo que el aumento de las prestaciones sea excesivo. En todo caso, de acuerdo con la ley, es obligada la existencia de una memoria económica que lo ponga de manifiesto. Y, en su caso, allegar los fondos necesarios".
Amarilla, que es presidenta de la sección de Derecho Farmacéutico del Colegio de Abogados de Madrid, admite que es fácil defender el argumento de que "los recursos son limitados y no puede atenderse a todo el mundo", pero explica que "las personas excluidas del sistema pagan impuestos, porque pagan el IVA de lo que compran, porque viven en España, y, en muchos casos, hacen tareas como cuidar a personas mayores o dependientes, al margen de que lo legal sería que les permitieran regular su situación con permiso de residencia y trabajo y así tener un contrato".
Propuesta de Sespas a Sanidad
Valle Coronado, médico de Familia y vocal de Relaciones Institucionales de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) acudió a la reunión con la ministra García y el resto de asociación donde pidió "la exención de demostrar los 90 días de residencia en el país para dar atención sanitaria a menores, embarazadas y urgencias". Además, de solicitar el acceso a los familiares por reagrupamiento familiar de países terceros.
La representante de Sespas llevó al Ministerio una lista de sugerencias sobre "aspectos de gestión, para aterrizar la norma". Quieren "aumentar las competencias del Ministerio de Sanidad", de manera que sea el encargado de "controlar el acceso universal a la atención sanitaria y a la protección de la salud con cargo a fondos públicos".
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