Manuel Martín Carrasco, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), celebró la creación de un Comisionado en Salud Mental y, posteriormente, el nombramiento de la psiquiatra Belén González como directora de ese organismo. Sin embargo, y a pesar de que desde la sociedad que encabeza enviaron una carta a la comisionada brindándole su colaboración, aún nadie les ha llamado, según asegura.
Hace tan solo unos días y durante la presentación oficial de la comisionada, a la que no pudo asistir pero que ha visto en diferido, ha conocido, como el resto de sus colegas, la política que el Ministerio de Sanidad quiere seguir en salud mental. Una política, que, en opinión de Martín Carrasco, olvida “el grave problema de los recursos humanos en esta especialidad”, que en algunas autonomías está llevando a plantear el mantenimiento o no de unidades de salud mental.
Defiende que del ministerio "esperan otro tipo de medidas" que tengan que ver con el ámbito de "la atención médica y sanitaria" y no con otros. Cree, además, que algunas de las afirmaciones hechas sobre el uso de los psicofármacos "no son correctas".
Hace 10 días, la comisionada de Salud Mental fue presentada oficialmente, después de algo más de tres meses de ser nombrada por el Consejo de Ministros, y expuso las principales líneas del organismo que dirige. ¿Qué le parecieron?
Creo que esas líneas de trabajo tienen algunas objeciones por nuestra parte. La primera es que no se hizo mención a los problemas que está habiendo en la especialidad con el número de profesionales; tenemos ya serios problemas. Por ejemplo, en Navarra hay ocho plazas de psiquiatra que no están cubiertas; en Zaragoza, 13 y en Castilla y León, por la información del presidente de la sociedad allí, se están planteando si se puede mantener o no abierta la unidad de hospitalización psiquiátrica de Soria. Todo esto se traduce en un aumento de las listas de espera y, lógicamente, en una calidad asistencial peor.
En esa presentación, donde estaba presente la ministra de Sanidad, Mónica García, se abordó el uso de los psicofármacos y su relación con la esperanza de vida de estos pacientes. ¿Qué opina sobre lo que allí se dijo?
Creo que se hizo un énfasis en los psicofármacos dando unos mensajes, aunque no fue directamente la ministra, que no son correctos. Se habló de que el tratamiento con psicofármacos disminuye la esperanza de vida y esto no es correcto.
Es verdad que las personas con enfermedad mental grave tienen una disminución de la esperanza de vida que se estima, según los últimos estudios, en unos 14 años, pero es un problema multifactorial; hay muchas causas que pueden influir. De hecho, los últimos estudios señalan que son más las causas de muerte no natural, por ejemplo, debidas a accidentes, o a suicidio.
También influyen, por ejemplo, aspectos como el estilo de vida, el consumo de tóxicos, muy importante, incluyendo el tabaco, alcohol, drogas… Pero no se puede achacar al tratamiento. Concretamente en el caso de la esquizofrenia, la utilización de fármacos antipsicóticos, sobre todo fármacos de segunda generación, antipsicóticos de liberación prolongada, que aseguran mejor el cumplimiento terapéutico, y de clozapina, tienen un efecto protector sobre esta mortalidad aumentada. Esto corresponde a estudios muy serios que se han hecho, por ejemplo, en países nórdicos sobre el conjunto de la población. Es decir, no son muestras que pueden estar sesgadas, son estudios de registro de toda la población. La evidencia es muy sólida. No se puede achacar esa menor esperanza de vida a una causa y, en este caso, la evidencia habla de todo lo contrario.
Nosotros esperamos del Ministerio de Sanidad que tome medidas acerca de la atención médica y sanitaria, no medidas que tengan que ver con otros ámbitos
En cualquier caso, la ministra sí ha anunciado que prepara una guía de prescripción de psicofármacos para reducir su consumo cuando ya no sean necesarios.
La utilización correcta de psicofármacos es un objetivo aceptable, lógico y común a todos los médicos. Todos intentamos utilizar la dosis mínima eficaz; para nada se intenta hacer ningún tipo de sobreprescripción.
Por otra parte, hay personas en las que el retraso de tratamiento puede causar problemas serios, por ejemplo, en esquizofrenia. Hay estudios que señalan que un retraso en el inicio del tratamiento con antipsicóticos, en un primer brote, en un primer episodio psicótico, puede estar relacionado con la aparición de cambios estructurales a nivel cerebral.
Al hablar de psicofármacos en conjunto, estamos incluyendo varias clases farmacológicas con indicaciones y especificaciones distintas. No es lo mismo hablar de antipsicóticos, que de antidepresivos, de benzodiacepinas, que de estabilizadores del humor, del litio… No se pueden meter todos en el mismo saco. Y, desde luego, efectivamente, el objetivo es hacer una prescripción adecuada, pero da la impresión de que solamente se hace énfasis en la desprescripción, cuando hay que hacer todas estas matizaciones.
Tanto desde el comisionado como desde el propio ministerio se defiende que muchos de los problemas mentales tiene su origen en el ámbito social y la comisionada ha anunciado un sistema de vigilancia epidemiológica sobre el sufrimiento psíquico derivado de la actividad laboral, origen de mucho de ese malestar.
Como psiquiatras, nos dedicamos a tratar a personas con enfermedad mental y con trastornos psiquiátricos. El sufrimiento psíquico es algo que no está dentro de nuestro ámbito, salvo como un factor de riesgo. Es decir, que si una persona, efectivamente, tiene un sufrimiento psíquico de la naturaleza que sea, está en mayor riesgo de padecer algún tipo de trastorno. Pero no podemos hacer equivalentes las dos cosas.
El sufrimiento, en conjunto, está fuera del ámbito de la medicina, que se ciñe a los trastornos y a las enfermedades. Hacer otra cosa es medicalizar, por supuesto, y eso es algo que hay que evitar.
En cuanto a ese otro tipo de medidas, como no las considero del ámbito médico, se puede opinar sobre ello desde muchos aspectos, sociológicos, políticos, etcétera, pero desde luego no desde el punto de vista médico. Nosotros esperamos del Ministerio de Sanidad que tome medidas acerca de la atención médica y sanitaria. Otro tipo de medidas pertenecen a otros ámbitos. Si tienen un efecto sobre los trastornos mentales, es un efecto muy indirecto. En los países con mayor nivel de vida también tienen enfermedades mentales. Por otra parte, los trastornos mentales sí que, evidentemente, tienen una relación con aspectos sociales, pero también con otros de tipo biológico, hereditario, psicológico, y hay que tenerlo en cuenta todos ellos sobre todo desde el punto de vista terapéutico. No se puede asumir únicamente una etiología social para los trastornos mentales, porque no es así; son trastornos de origen multifactorial.
Para decir que se está volviendo al modelo de los antiguos manicomios, la comisionada tendría que proporcionar datos de dónde se está produciendo eso
La comisionada también apeló a la deontología en salud metal para denunciar todos aquellos casos que llegan a las consultas y que tienen su origen, por ejemplo, en la violencia de género o en el ataque a minorías. ¿Qué opina?
Todos los profesionales médicos tenemos obligación, si tenemos conocimiento de alguna situación de delictiva, ponerlo en conocimiento; corresponde a una práctica médica habitual. El asunto está más en que solo sean medidas de ese tipo las que se proponen en detrimento de otras que también pueden tener su papel.
¿Cree que se está volviendo de alguna manera y en algunos centros al modelo de manicomios, como dijo la comisionada, con el que se acabó hace más de 40 años?
La atención en los trastornos mentales graves es compleja porque los propios trastornos mentales lo son. El problema es pensar que solo un tipo de recurso es suficiente para estas personas, cuando en realidad lo que necesitan es una serie de recursos diferenciados y con un grado de comunicación y de coordinación entre ellos suficiente. Pensar que la única forma de atender los trastornos mentales graves es con camas psiquiátricas de larga duración no es correcto, pero pensar que no son necesarias, en ocasiones, medidas de soporte que incluyan medios residenciales para personas de con trastorno mental grave, también lo es.
Estamos hablando de lo que son medidas de soporte para personas con discapacidad funcional debida a enfermedad mental grave que, por supuesto, no es el conjunto de toda la población con problemas de salud mental. Lo ideal es que cada uno pueda mantenerse en su domicilio con los apoyos necesarios y, en caso de que esto no sea posible, aparecen otros recursos de apoyo, como pueden ser pisos con mayor o menor supervisión; residencias hogar, y, para una un grupo de pacientes con necesidades de atención muy importante y muy especializadas, recursos de atención más prolongada, que lógicamente requieren un personal especializado y unos recursos específicos.
En salud mental el problema viene muchas veces de pensar que solo un tipo de recurso puede solucionar todos los problemas y eso no es correcto. Hacen falta todos los recursos. ¿En qué proporción? Lógicamente serán más necesarios los de menor intensidad y los recursos más intensivos serán menos numerosos.
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