Elegir entre economía o salud ha sido una de las disyuntivas que ha estado detrás de esta pandemia. Los magistrados de la sección octava de la Sala Contenciosa-administrativa de la Audiencia Nacional van a ser los encargados de responde a esta pregunta.
Hasta ellos ha llegado el recurso presentado por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso contra la decisión del Consejo Interterritorial de imponer medidas extraordinarias de contención del virus SARS-CoV-2 y en el que la Comunidad Autónoma ha pedido a la Audiencia medidas cautelares. Es decir, paralizar la aplicación de las restricciones hasta que haya sentencia.
La Comunidad de Madrid alega en su recurso una invasión de competencias del Gobierno central, que los acuerdo de mayoría del Consejo Interterritorial no son vinculantes para la autonomía que no los vote, justifica la adopción de decisiones de salud por áreas sanitarias y no por municipios y, además, adjunta un informe de la Consejería de Hacienda donde calcula el impacto económico de aplicarse las medidas impuestas por Sanidad.
La Abogacía del Estado tienen un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones
El citado informe señala "una pérdida de 750 millones de euros por cada semana de retraso en la reactivación económica", lo que se traduce "en una destrucción media semanal de 18.000 empleos". Además, calcula que la Comunidad dejará de recaudar cada semana de restricciones 44 millones de euros.
Sobre la naturaleza del Interterritorial
En el recurso, la comunidad reconoce "ser consciente que este impacto económico debe quedar siempre supeditado a las necesidades de Salud Pública". Insiste en la invasión de competencias que supone la orden del Ministerio de Sanidad y la "utilización torticera" del Consejo Interterritorial. En el recurso, los servicios jurídicos de la Comunidad rechazan que este Consejo Interterritorial sea una conferencia sectorial, de modo que las decisiones que se tomen deben de ser por consenso para tener efecto en las autonomías que no las apoyen. El acuerdo publicado por Sanidad no fue adoptado por consenso.
Los servicios jurídicos autonómicos insisten en aspectos de ingeniería legal que la Comunidad considera que no sostienen una decisión de este calado y llegan, incluso, a recordar al Gobierno de Pedro Sánchez su capacidad para decretar el Estado de Alarma de manera unilateral.
Pues bien, la Audiencia deberá revisar todos estos aspectos del recurso. Sin embargo, para responder a las medidas cautelares, los expertos consultados recuerdan que no entrará en el fondo del asunto y solo debe valorar los perjuicios irreparables que generaría aceptar o no esa suspensión cautelar del confinamiento de diez poblaciones de la Comunidad de Madrid, donde vive más de cuatro millones y medio de personas.
Tras la recepción del recurso, la Audiencia tiene que dar conocimiento a la Abogacía del Estado, que dispone de un plazo de diez días hábiles para responder. Cuando reciban las alegaciones del Gobierno central, los magistrados tiene cinco días hábiles para pronunciarse sobre las medidas cautelares. De este modo, es muy probable que el auto de la Audiencia llegue pasado los 14 días de aplicación de las restricciones apuntadas por Sanidad.
Así pues, es más que cuestionable la utilidad práctica de este auto al caso concreto de Madrid. El esfuerzo de ponderar salud y economía que, en mayor o menor grado deberán hacer los magistrados, podrá servir para recursos venideros.
¿La bolsa o la vida?
Sobre esta disyuntiva: economía o salud, Diario Médico preguntó en mayo a un grupo de bioéticos, filósofos del Derecho y juristas. Todos coincidieron en destacar la falacia de esta dicotomía. “El planteamiento sobre la prioridad es maniqueo, porque salud y economía están finalmente co-implicadas", afirmaba Pablo de Lora, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. "Las condiciones que posibilitan la atención sanitaria o la protección de la salud son dependientes de eso que llamamos vaporosamente e imprecisamente economía. Es decir, de la posibilidad de recursos, y estos bien son obtenidos por seres humanos que financian con sus impuestos la labor asistencial o preventiva o bien son seres humanos los que garantizan directamente la atención sanitaria o la protección de la salud". En cualquiera de los casos, "necesitamos seres humanos suficientemente sanos", concluía.
Así, en la realidad, economía y salud, lejos de aparecer como opuestas son "complementarias". “Si el virus campa a sus anchas, dañará la salud de muchos y acabará con la vida de no pocos. Pero si la actividad económica no se reanuda, la salud de millones de personas se verá gravemente amenazada durante mucho tiempo", apuntaba Vicente Bellver Capella, catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía Política de la Universidad de Valencia.
José Antonio Seoane, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de La Coruña, veía necesario dejar claro a qué nos referimos cuando hablamos de la salud que está en juego. "Gozar de salud no es únicamente una cuestión individual, sino también social, y requiere un mínimo de igualdad. Pues la salud es consecuencia de las condiciones en las que vive cada persona. Por ello, una sociedad justa no puede limitarse a proteger la salud, sino que debe intervenir también en los determinantes sociales de la salud"; es decir, en "el conjunto de fuerzas que forman la vida diaria, como son las políticas y sistemas económicos, las agendas de desarrollo, las normas sociales, las políticas sociales y los sistemas políticos".
Entonces, Ana María Marcos del Cano, catedrática de Filosofía del Derecho de la UNED, recordaba que “los determinantes sociales y económicos son esenciales en la preservación de la salud de las personas”. De modo que “la prioridad debe ser establecer cursos de acción para que puedan caminar juntas”.
Dicho esto, genera más interés el auto dictado por los magistrados de la Sección Octava de la Sala contenciosa-administrativa de la Audiencia Nacional en respuesta a la Comunidad de Madrid.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/34h1Wv7
No hay comentarios:
Publicar un comentario