El Consejo General de Enfermería de España (CGE) ha presentado una querella ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y contra el ministro de Sanidad, Salvador Illa, así como contra varios altos cargos de su departamento: la directora general de Salud Pública, Calidad e Innovación, Pilar Aparicio, la subdirectora general de Promoción de la Salud y Vigilancia en Salud Pública; la subdirectora general de Sanidad Ambiental y Salud Laboral y el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
En la querella presentada por el CGE se imputa un delito contra la seguridad de los trabajadores (art. 316 del Código Penal), conforme al cual se castiga a quienes “con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física”.
La pena por este delito es de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce meses.
Otros delitos
Asimismo, cabe destacar que también se imputan en la querella otros delitos que pueden haberse producido en relación con el anterior, como la imprudencia grave con resultado de lesiones o de muerte.
A esta querella del CGE se podrán adherir en fechas próximas los Consejos Autonómicos y colegios provinciales de Enfermería que así lo estimen oportuno.
El origen de esta actuación judicial, según el CGE, radica en un acuerdo adoptado hace semanas por la Comisión Ejecutiva del Consejo General de Enfermería, por unanimidad, ante la falta de suficiente material de seguridad para protegerse en la asistencia de los pacientes con la Covid-19 y la oleada de contagios entre profesionales sanitarios y el posterior fallecimiento de varios de ellos.
Así, dicha Comisión encargó a los servicios jurídicos del Consejo la puesta en marcha de las acciones penales para exigir las responsabilidades que procedieran a las autoridades sanitarias que están interviniendo en la gestión de la pandemia.
"Los expertos CGE han llevado a cabo un extenso trabajo de investigación y de recopilación de información sobre los medios y materiales de protección de las enfermeras y enfermeros frente a la Covid-19. El resultado final nos ha llevado a la decisión de actuar judicialmente por la vía penal", dice Florentino Pérez Raya, presidente del CGE.
Una querella de 50 folios
Gracias a toda esta investigación previa, se ha elaborado una querella extensa y contundente, que contiene más de 50 folios, y en la que se realiza un amplio relato de los hechos, acompañado de abundante documentación que explica cómo, conociendo el Gobierno y el Ministerio al menos desde finales de enero la existencia y el alcance de la gravedad del virus, no se pusieron en marcha las actuaciones necesarias para dotar a los profesionales sanitarios de los medios y materiales de protección necesarios, a lo que hay que añadir la entrega de materiales defectuosos (como mascarillas) o los test sin la fiabilidad suficiente.
Esta querella se suma a las diferentes actuaciones penales que han interpuesto varios consejos autonómicos y colegios provinciales de enfermería de toda España contra la gestión de las diferentes autoridades sanitarias.
“Somos enfermeros y enfermeras, y la única motivación que nos mueve es la salud de todos los profesionales sanitarios y la seguridad de nuestros pacientes y de los ciudadanos en general, que están por encima de ideologías o partidos políticos”, concluye Pérez Raya.
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