El Congreso de los Diputados dio luz verde el pasado martes al inicio de la tramitación de la proposición de Ley de Salud Mental impulsada por el grupo Podemos. La futura norma, que todavía debe enfrentarse a un largo camino en el Congreso y en el Senado en el que sufrirá modificaciones, contó de inicio con el apoyo del PSOE, ERC, Bildu, Ciudadanos y Más País, la abstención del PP y el voto en contra de VOX y PNV.
Los profesionales sanitarios, a los que no se ha dado voz de momento en la elaboración del nuevo texto legal, celebran que la salud mental salte a la agenda política pero recelan tanto de la conveniencia de una ley propia para la salud mental como del contenido de la propia ley presentada por Podemos que algunos llegan a calificar de “despropósito” y, los más, consideran que generará lo contario a lo que se aspira, estigmatizando aún más al enfermo mental y psiquiatrizando la vida cotidiana, además de sembrar una sombra de duda sobre los profesionales sanitarios.
Entre otras medidas, la futura ley establece por primera vez, con el aplauso general del sector, ratios mínimos de profesionales de salud mental para alcanzar en un plazo de cuatro años al menos 18 psiquiatras, 18 psicólogos clínicos y 23 enfermeros especialistas en salud mental por cada 100.000 habitantes.
También prevé Estrategias de Salud Mental nacionales con duración quinquenal, la Creación de un Centro Estatal de Salud Mental e insta a la eliminación de la contención mecánica o farmacológica y a exigir consentimientos informados para la aplicación de tratamientos.
Sociedad Española de Psiquiatría: "La ley es un despropósito que va a conseguir lo contrario de lo que persigue"
Con enorme dureza, Celso Arango, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría, califica el texto de la norma de “auténtico despropósito que va a conseguir lo contrario de lo que persigue”.
En su opinión “es un proyecto de ley que no distingue entre personas que tienen síntomas derivados de las preocupaciones, crisis económicas, pandemias, etc, es decir, reacciones normales a los acontecimientos que estamos viviendo, de las personas que sufren trastornos mentales graves”.
“Además, -continúa Aragno- habla solamente de condicionantes sociales cuando el paradigma aceptado por toda la comunidad científica es el de factores de riesgo biopsicosociales y de forma oportunista el texto de la ley se fija exclusivamente en todo lo que tiene que ver con factores sociales, económicos, de pobreza, etc. De esa forma lo que se va a conseguir es lo contrario de lo que dice perseguirla ley: por un lado psiquiatrizar a la población general y, por otro lado, estigmatizar más a las personas con trastorno mental grave y real, porque esa ley de nuevo busca segregarlos del resto de la atención sanitaria”.
Para Arango, la ley propuesta “está plagada de falacias y aseveraciones contrarias a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, a lo que dice la Agencia Europea y Española del Medicamento, a lo que dice la buena práctica clínica y va en contra de lo que dice cualquier estándar internacional sobre lo que debe ser una buena atención a las personas con trastorno mental grave. De aprobarse tal y como está escrita ahora conseguirá lo contrario de lo que busca”.
“Desde la Sociedad Española de Psiquiatría -continúa Arango con dureza- estamos realmente preocupados de que se intente regular la actividad actividad clínica basada en la evidencia de una especialidad médica como la psiquiatría a través de esta ley de salud mental que no sólo es negligente sino que incorpora aspectos que son apriorismos partidistas e interesados contrarios a toda evidencia científica”.
Sociedad Española de Psiquiatría Biológica: "¿Por qué una ley de salud mental y no una de cáncer o de cardiología"
Con algo más de esperanza sobre el texto final que salga del Congreso, pero con muchos recelos también tanto sobre el contenido actual de la norma como sobre la propia necesidad de una ley específica para la salud mental, se muestra también Víctor Pérez, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría Biológica (SEPB).
En su opinión “la salud mental tiene dos grandes lacras: el estigma social y los presupuestos dispersos en distintos departamentos, como justicia, seguridad, ámbito social, sanidad o trabajo. Por eso, todo lo que ayude a hablar más de salud mental para acabar con ese estigma social y todo lo que ayude a que las personas accedan a los presupuestos que necesitan es una magnífica noticia”.
“Sin embargo -avisa- hay que reflexionar sobre si la ley realmente va a conseguir eso o lo contario”.
“¿Por qué una ley de salud mental y no una ley de cáncer, traumatología o cardiología?” se pregunta el presidente de la SEPB, preocupado porque eso provoque que se separe a los profesionales y a los pacientes de la salud mental de los del resto de la sanidad, estigmatizándolos aún más.
“Uno de los mayores logros que hemos tenido en la psiquiatría y la salud mental en los últimos años es conseguir que nuestros pacientes suban exactamente en el mismo ascensor que los que tienen apendicitis”, explica de forma ilustrativa ante el temor a una separación de la salud mental del resto del sistema sanitario.
El presidente de la SEPB reconoce, que nadie les ha consultado de momento para elaborar el texto de la ley y se muestra además dolido por el retrato de los profesionales sanitarios que dibuja la ley de Podemos en su contenido actual: Espero que tengamos tiempo y capacidad para introducir los cambios que pensamos los profesionales de la salud mental que esa ley necesita”.
“Hay comentarios en el texto de la ley que nos han dolido a todos los profesionales, como las precauciones sobre los tratamientos involuntarios y la iatrogenia, que están fuera de lugar. Hace muchos, muchos años que a ningún paciente se le hace un tratamiento sin que firme un consentimiento informado y, en aquellos casos en los que no puede firmarlo, porque desgracia hay enfermos que no pueden, son los jueces los que autorizan estos tratamientos. La ley habla con desconocimiento o buscando una culpabilidad en el profesional. Ver escrito en una ley que la electroconvulsoterapia nunca se administrará de forma involuntaria es retrotraerte a cosas que sucedían hace muchísimos años”.
Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia: "Sería bueno que se fijase un presupuesto específico claramente definido"
Con dudas también sobre la regulación que se hace del consentimiento informado en la norma y cierto recelo sobre lo que se apunta en materia de atención primaria se expresa Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG): “Lo que no se puede venir ahora a decir desde una ley es que se haga la prevención primaria desde atención primaria, porque eso algo que siempre se ha hecho; una de cada 4 consultas en AP están relacionadas con la esfera emocional”.
En su opinión la ley plantea aspectos positivos “como la fijación de ratios de profesionales, aunque será difícil de cumplir en la situación actual” y el mero hecho de que “se dé rango de ley a lo que hasta ahora era una estrategia, porque eso incrementará su cumplimiento”. Sin embargo, en su opinión “sería muy deseable que en algo tan importante hubiera un mayor consenso en el Congreso y que “se fijase un presupuesto específico claramente definido”.
Asociación de Psicología Clínica y Psiquiatría: "Fija los ratios de profesionales por primera vez y exige que sean especialistas sin rebajar la calidad"
Con mejores ojos se ve la futura ley desde otras sociedades científicas. “Es la primera vez que alguien define una actualización de ratios de profesionales por 100.000 habitantes y que además lo hace de forma excelente contemplando un equipo multidisciplinar de psicólogos clínicos, psiquiatras y enfermeros especializados. La ley no se plantea rebajar la garantía en la calidad de la prestación metiendo profesionales que no sean especialistas del máximo nivel, y eso es una apuesta por la calidad en salud que merece la pena ser resaltada”, explica Begoña Olabarría, vicepresidenta de la Asociación Española de Psicología Clínica y Psiquiatría (AEPCP), en defensa de la futura norma.
Coincide con los psiquiatras en que la existencia de una ley propia para la salud mental podría llegar a generar “no sé si una estigmatización pero sí una excepcionalización” de la salud mental que la separe del resto de sistema sanitario “y esto a preocupado en muchos sectores, incluida nuestra asociación, pero creo que lo más importante aquí es que la salud mental haya llegado al Congreso y que habrá tiempo de evitar eso en el texto”.
En su opinión, además, hay que garantizar que se establezcan presupuestos finalistas para garantizar “una financiación suficiente, finalista, sostenida y controlada” de la salud mental.
Colegio de Psicólogos de Madrid: "Por primera vez en una norma se dice que hay que ofrecer y dar tratamiento psicológico"
Claramente en positivo ve también la ley Pedro Rodríguez, miembro de la junta del Colegio de Psicólogos de Madrid, para quien “nuestra valoración es más que positiva. No sé por qué pensamos que porque haya ley de salud mental habrá mayor estigma porque el estigma lo tenemos ahora”.
En su opinión, la virtud de la ley reside “en que la ley contempla expresamente que hay que dar y ofrecer tratamiento psicológicos y eso es algo que hoy en día no estaba en ninguna norma”.
De igual modo valora en positivo que la ley contemple expresamente “que debe haber psicólogos en atención primaria , algo que no estaba regulado y que creemos que es crucial porque entre el 40% y el 60% de las consultas de primaria tienen un componente psicológico. Si conseguimos atajar eso desde primaria con la incorporación de psicólogos no habrá que acudir a especializada”.
Confederación de salud mental: "Hay riesgo de que una ley propia estigmatice aún más la salud mental"
Desde las asociaciones de pacientes, la Confederación de Salud Mental, se dice apoyar “todas aquellas acciones o propuestas que coloquen a la salud mental en la agenda política como la prioridad que debe ser”. Sin embargo, la vía legislativa no es en su opinión la mejor.
“Ahora mismo, y dada la situación tan precaria de la atención a la salud mental en nuestro país (agravada por la crisis del COVID-19), los esfuerzos deben centrarse en impulsar la Estrategia Nacional de Salud Mental y, sobre todo, -afirma la Confederación de Salud Mental de España- en que ésta vaya acompañada de un presupuesto que la haga posible y no quede en papel mojado, y que además permita que las personas reciban, al fin, la atención que necesitan. Creemos que se debe priorizar esto frente a una nueva ley que deje a la salud mental fuera de la Ley General de Sanidad, por lo que existe el riesgo de que una legislación específica estigmatice aún más la salud mental”.
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