Este martes finaliza el plazo para presentar enmiendas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021, que volverá al Pleno del Congreso en la semana del 30 de noviembre para la votación de cada una de sus secciones. En materia de dependencia, habrá enmiendas de varias formaciones políticas que recogen las reivindicaciones del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (CEAPs). Éste señala que el Gobierno se había comprometido a destinar 1.200 millones de euros "para dotar a las personas mayores y/o con dependencia de los servicios que merecen" y sólo recoge 573, por lo que reclama un incremento de 600 millones de euros.
En este sentido, CEAPs señala que los grupos parlamentarios PP, C’s y ERC, están presentando en sede parlamentaria a petición de la entidad enmiendas parciales a los PGE que van englobadas dentro del apartado denominado Autonomía personal y atención a la dependencia. Además, recuerda que UPN y Coalición Canaria anunciaron que aprobarían la enmienda en el momento en el que entrase en debate parlamentario.
De los 573 millones de euros contemplados en los Presupuestos, la patronal de residencias de mayores indica que 290 millones están destinados al incremento del nivel mínimo de financiación y 283 millones para el nivel mínimo acordado con las comunidades autónomas.
Financiación finalista
Cinta Pascual, presidenta de CEAps, señala que “con la iniciativa que hemos tomado para que el Gobierno reconsidere su postura, nuestro principal objetivo es dignificar el sector, comenzando por los profesionales y eso sólo puede hacerse con una financiación finalista”.
La partida en su sección 29 incorpora otros 218 millones para las cuotas sociales del cuidado en el entorno familiar, que debe ser a cargo de la Seguridad Social, ya que según explica la propia presidenta de Ceaps, “en los países de modelos avanzados de Dependencia del resto de Europa las cuidadoras no profesionales (en femenino, porque más del 90 por ciento son mujeres) no reciben una cuantía para pagar los recibos de autónomos, sino que el Estado cotiza directamente por ellas, garantizando todas las prestaciones a las que tienen derecho, como por ejemplo el acceso a la pensión, cuando llegue el momento”.
Según las reuniones mantenidas hasta el momento entre la patronal y los partidos políticos, ERC tenía preparada una enmienda concreta ya prevista para esta partida mientras que UPN y Coalición Canaria (por orden de representatividad en el Congreso de los Diputados) se han mostrado partidarios de apoyar, en el momento de la votación, la presentada por otros partidos políticos para garantizar la sostenibilidad del sector de atención a las personas.
Déficit de financiación
CEAPs recuerda en un comunicado que "la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, como se denominó en 2006, ya viene lastrada por un déficit de financiación de 450 millones euros" y añade que "es ahora cuando, según el Gobierno Central, se pretende recuperar el nivel mínimo acordado con la aprobación de los nuevos presupuestos".
La norma fija que la administración estatal y la regional deben financiar la parte correspondiente de la ayuda que le corresponda al usuario en un 50 por ciento y, según CEAPs, hasta el momento, de media, el Gobierno Central aporta el 18 por ciento por usuario, a lo que va destinada la mayor partida presupuestada.
"Ahora, con lo que explica en el proyecto de los PGE el Gobierno, se recupera este nivel mínimo acordado, pero con este presupuesto ni se pueden mejorar las condiciones de los trabajadores, ni se puede incrementar el volumen de las ayudas, ni se puede incorporar a las personas que están en listas de espera”, explica Cinta Pascual, que durante sus reuniones por vídeo- conferencia ha agradecido el apoyo de todos los partidos que han escuchado al sector y han presentado enmiendas para lograr conseguir mejorar los servicios.
La Ley de Dependencia, a debate esta tarde en el Congreso
De hecho, la sesión del Congreso de este martes comenzará a las 15 horas con el debate de la toma en consideración de dos proposiciones de ley. La primera de ellas, la Proposición de Ley de modificación de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y la Atención a las personas en situación de dependencia, en materia de participación en el coste de las prestaciones y servicios de las personas beneficiarias.
Se trata de una iniciativa legislativa popular, presentada por el presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Luis Cayo Pérez, que modifica los artículos 14 y 33 de la citada ley para que los beneficiarios cuya capacidad económica personal no supere en 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), queden exentos de la participación en el coste de la prestación de dependencia.
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