El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto que permite a las comunidades autónomas acudir al Tribunal Supremo en casación para que ratifique medidas autonómicas de restricción de derechos fundamentales, como imposición de toques de queda o cierres perimetrales, tras el fin del estado de alarma, el próximo 9 de mayo.
El fin del estado de alarma el próximo domingo implicaba por sí mismo el fin del marco jurídico que permitía a las autonomías toques de queda, limitaciones de la reunión de personas en lugares públicos y privados o cierres perimetrales para combatir la pandemia de coronavirus. En ausencia de este marco jurídico, las autonomías debían acudir, tal y como ocurrió durante los meses de verano, a los tribunales superiores de justicia de cada comunidad para que ratificasen esas medidas en función de su necesidad por la evolución de la pandemia.
Comoquiera que los tribunales superiores de justicia de las autonomías habían fallado en verano con decisiones dispares ante situaciones, sin embargo, muy semejantes planteadas por las comunidades, varias autonomías habían solicitado al Gobierno amparo legal con una nueva ley o un nuevo estado de alarma para poder seguir adoptando medidas de restricción de la movilidad o la reunión de la población.
No en vano, la incidencia de coronavirus en los últimos 14 días supera los 220 casos por 100.000 habitantes para el conjunto de España y se sitúa en una decena de autonomías por encima de los 200 casos, muy alejada del objetivo de 25 casos por 100.000 habitantes que se había fijado el Gobierno como umbral para la normalidad.
La ministra de la Presidencia, Carmen Calvo, ha anunciado tras el Consejo Ministros la solución del Gobierno central a esta situación: un nuevo real decreto ley permitirá a las autonomías acudir en casación al Tribunal Supremo para que unifique doctrina y ratifique las medidas de restricción que le soliciten adoptar tanto las autonomías como el propio Gobierno central cuando decaiga el estado de alarma el próximo día 9.
“A partir del 9 de mayo salimos del estado de alarma, pero no de la pandemia” ha dicho Calvo para explicar que, con todo, “el estado de alarma no es un estado para permanecer él mucho tiempo ni convertirlo en normalidad”.
Igualdad en la protección ante situaciones de la epidemia semejantes
Sobre esa base, la ministra de la Presidencia ha explicado que la situación de pandemia continúa “aunque en situación muy diferente a la que teníamos cuando decidimos el estado de alarma”, por lo que es necesario ofrecer a las autonomías instrumentos para adoptar medidas de limitación de los derechos fundamentales una vez acabe el estado de alarma el 9 de mayo.
Según Calvo, las decisiones seguirán basándose en acciones coordinadas adoptadas en el Consejo Interterritorial de Salud, pero las autonomías podrán solicitar medidas como confinamientos o cierres perimetrales tras el 9 de mayo que no podrán ser generalizados para todo el país, sino que dependerán de la situación de evolución de la pandemia en cada autonomía y que deberán ser ratificadas por el Tribunal Supremo en su sala tercera: “esto nos ofrece igualdad en la capacidad de proteger y seguridad jurídica”, ha dicho.
Compatibilidad de la jubilación y el trabajo para combatir la pandemia
El real decreto ley que publicará el Gobierno con este cambio jurídico irá acompañado de otra batería de medidas entre las que Calvo ha anunciado que se incluirá la posibilidad de que los médico jubilados que se han reincorporado al trabajo para ayudar durante la pandemia sigan trabajando y cobrando la pensión al mismo tiempo: “Habrá compatibilidad absoluta con sus pensiones; han sido un apoyo fundamental”.
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