Política y Normativa
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Anteproyecto de ley
En medio del conflicto abierto con los médicos por el Estatuto Marco y las jornadas de huelga celebradas y previstas, el Gobierno parece haber dado un paso al frente en su intención de blindar la gestión pública de la sanidad aprobando el anteproyecto de Ley -que no ley aún- de Gestión Pública e Integridad del Sistema Nacional de Salud. Con esta norma pretende derogar la Ley 15/97, que abrió la puerta a los distintos modelos de gestión sanitaria.
Hasta el próximo 4 de marzo está abierto el plazo para la presentación de alegaciones. Un paso previo a recabar informes preceptivos, como el del Consejo de Estado, y de que vuelva a pasar por segunda vez por el Consejo de Ministros y de ahí al trámite parlamentario. La ministra ha manifestado que confía en que la ley entre en vigor "lo antes posible", y que el anteproyecto "no invalida conciertos público-privados sanos", sino los "tóxicos, como el modelo de Quirón y de Ribera Salud".
A pesar del deseo de la ministra, el camino para la aprobación del anteproyecto no se presume fácil, ya que, el Gobierno, proponente del texto, cuenta con un endeble apoyo parlamentario y, además, la propuesta tendrá enfrente a Junts, cuyos siete votos serán imprescindibles para que salga adelante y puede que también al PNV. Pilar Calvo (Junts) ya advirtió a la ministra en su primera comparecencia en la Comisión de Sanidad del Congreso, en enero de hace dos años, que "el sistema sanitario catalán no se toca y, si es así, toda la colaboración", dijo.
El consejero de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández, aunque de acuerdo en el fondo de la propuesta, ya ha dicho que no cree que sea el momento de legislar al respecto y no confía en que salga adelante en breve. En su experiencia, asegura que siempre ha obtenido "una buena respuesta" de la privada cuando ha hecho falta de manera "excepcional".
Y en medio de todo eso, más de una administración autonómica apelará a buen seguro a la invasión de competencias.
El foco para elaborar el texto, que la propia García no ha disimulado en ningún momento, ha estado puesto en Madrid y en los hospitales públicos de gestión privada de la comunidad autónoma, que ya anunciado que "habrá respuesta en los tribunales". Concretamente en los hospitales Universitario de Torrejón (Ribera Salud) y Rey Juan Carlos (Móstoles) Infanta Elena (Valdemoro) y General de Villalba, todos ellos gestionados por QuirónSalud.
El anteproyecto no contempla la retroactividad en la aplicación de la norma y estos centros seguirían funcionando hasta el final de la vigencia de su concesión, que oscila entre 2036 y 2040. Solo el Hospital de Vinalopó (Alicante), en manos de Ribera Salud, finaliza su concesión próximamente, en 2030.
La única opción de que esos modelos dieran marcha atrás y pasaran a una gestión directa antes de tiempo sería que la comunidad autónoma lo solicitara por voluntad propia, para lo que tendría el asesoramiento de la Alta Inspección del SNS, según el anteproyecto. Una posibilidad poco probable en el caso de Madrid y que, además, supondría un rescate en la concesión, es decir, una indemnización por parte del Estado (Comunidad de Madrid) que el texto actual no contempla por el elevado coste económico que supondría.
El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley que 'blinda' la gestión pública en el SNS, IDIS y ASPE sobre el 'blindaje' de la gestión pública: "Ataque dogmático" y "perjudicial para el ciudadano", La ley para blindar la sanidad pública del ministerio se topa con la realidad jurídica, política y parlamentaria
Descartada esa opción y una vez cumplido el tiempo de concesión y siempre y cuando el anteproyecto se aprobara como está (algo poco probable), sí se a
La aritmética parlamentaria y las voces que cuestionan la idoneidad del momento, complican la salida adelante del anteproyecto de ley de gestión pública de la sanidad. Off
C. Ruiz Profesión Off
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