La gestión de una oficina de farmacia conlleva estar atento a numerosos aspectos, pero si hay uno que ocupa un lugar privilegiado en las preocupaciones del titular es la relación con Hacienda. Días atrás, el Ministerio de Hacienda publicaba el Plan de Control Tributario 2026 describiendo un escenario en el que el farmacéutico debe estar ojo avizor.
Blanca de Eugenio, gerente de Orbaneja Abogados y especialista en derecho fiscal, destaca que "la farmacia española es, en términos generales, un sector cumplidor", aunque añade que "precisamente por eso no puede confiarse". "En 2026 la diferencia no la marcará solo cumplir, sino poder demostrar, de forma inmediata y coherente, que se cumple bien. Y ahí la prevención, la revisión fiscal periódica y el asesoramiento especializado dejan de ser una opción recomendable para convertirse en una verdadera necesidad de gestión", insiste Blanca de Eugenio.
La publicación de las directrices del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero 2026 confirma una tendencia que lleva años intensificándose: la Agencia Tributaria quiere más información, antes, y con mayor capacidad de cruce y explotación de datos. "Estamos ante un modelo de control más preventivo, más automatizado y, sobre todo, más apoyado en información financiera de carácter mensual", especifica la gerente de Orbaneja Abogados.
La especialista en derecho fiscal detalla que la exposición de la oficina de farmacia al nuevo entorno de control es evidente al desarrollar "una actividad económica intensamente formalizada, con cobros bancarizados, uso habitual de TPV, estructura de gastos estable, relación frecuente con arrendamientos, financiación y, en muchos casos, operaciones societarias o patrimoniales vinculadas".
Consejos para las farmacias
Una de las grandes novedades es el aprovechamiento de nueva información financiera: titularidades de cuentas, cobros con tarjeta, pagos asociados a teléfono móvil y otros flujos económicos que permitirán a la Administración detectar incoherencias con mucha mayor rapidez. El objetivo declarado es aflorar actividades ocultas, combatir la economía sumergida, reforzar la investigación recaudatoria y facilitar embargos y medidas cautelares cuando proceda.
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