"Arbitrario", "improvisado", "falto de concreción", "fuente de inseguridad jurídica", "inviable para el sector sanitario"... Estas y otras expresiones de parecido tenor acuden a los labios del presidente nacional de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), Tomás Toranzo, cuando se refiere al controvertido Real Decreto-ley de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, que ayer refrendó el Congreso de los Diputados por un solo voto a favor.
Por resumirlo en un término muy gráfico, Toranzo califica el decreto de "chapuza", y no sólo en los términos en que quedará redactado tras su paso por la Cámara alta para ser tramitado como proyecto de ley por vía urgente, sino en su redacción original, la que pactaron a principios de julio el entonces ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, y los sindicatos CCOO, UGT y CSIF. "Esto sólo evidencia lo que el Sindicato Médico lleva diciendo desde entonces: el fracaso de un acuerdo que, tanto la Administración como esos tres sindicatos, han vendido como la panacea, y la dificultad, por no decir imposibilidad, de aplicarlo en el ámbito sanitario".
Al margen del contenido general de la propuesta consensuada el pasado 5 de julio, el presidente de CESM se refiere expresamente a la posibilidad de que los interinos que llevan 10 años "ininterrumpidos" en una plaza temporal puedan acceder a un puesto fijo mediante un concurso de méritos, en lugar del concurso-oposición previsto para la consolidación de plaza en la Administración pública. De entrada, Toranzo califica este plazo de "arbitrario", y se pregunta "¿por qué 10 años y no los 3 que ya fija la normativa actual como tiempo máximo para ocupar una plaza de forma eventual? ¿No es evidente que fijar ese plazo generará desigualdad y agravios comparativos?".
Pero el presidente de CESM va aún más allá, y habla de una "peligrosa" falta de concreción en los términos: "¿Qué significa ocupar "ininterrumpidamente"? ¿Se refieren a que alguien acumule esos 10 años con un solo contrato, con dos, con tres... o con 30 ó 40, como pasa en el sector sanitario? ¿Computan para ese tiempo los contratos de refuerzo por semanas o por fines de semana, o los contratos de sustitución de verano, tan a la orden del día en todos los servicios de salud?".
Toranzo se pregunta por qué 10 años de antigüedad y no los 3 que ya marca la ley
La última oleada de la Encuesta sobre la Situación de la Profesión Médica, que la Organización Médica Colegial (OMC) y el propio CESM presentaron en 2018, revelaba que el 27% de los médicos que trabaja para el Sistema Nacional de Salud (SNS) y no tiene plaza en propiedad lleva entre 11 y 20 años en esa situación (el 11,9%, más de 20 años), y el encadenamiento de contratos es la tónica de su realidad laboral. Además, según la Encuesta de Población Activa del primer trimestre de 2021, el 32,3 por ciento de los trabajadores del ámbito socio-sanitario tiene un contrato temporal.
Es cierto que el Estatuto Básico del Empleado Público prevé que, "con carácter excepcional", se opte por un concurso de méritos para la estabilización laboral en el sector público, y que el proceso extraordinario de consolidación que se llevó a cabo en 2001 con las transferencias sanitarias -al que ahora se invoca como antecedente más inmediato a nivel nacional-, se amparó en esa excepcionalidad, pero Toranzo asegura que ambos procesos no tienen nada que ver.
"La OPE de 2001 fue, sí, un proceso extraordinario de consolidación, pero se hizo en paralelo a un concurso de traslados, de forma que los aspirantes no optaban a una plaza concreta, sino a una plaza en el sistema sanitario, y luego se sometían a un concurso de traslados en el que todos los aspirantes competían con sus propios méritos. Salvo que haya cambios en la tramitación del proyecto, lo que ahora se pretende es que los interinos con más de 10 años de antigüedad consoliden su plaza, con el agravio que eso puede suponer para otro interino que lleve años esperando un concurso de traslados y no pueda optar ahora a una de esas plazas".
Iniciativas autonómicas similares al 'Icetazo' generaron una "catarata de recursos"
El presidente de CESM concluye que la OPE Extraordinaria del Insalud "conjugó los intereses de todos y se acomodó a la legalidad, y la prueba más evidente es que en apenas 4 años estaba prácticamente ejecutada en toda España y no hubo ni un solo recurso judicial al proceso".
Más que mirarse en los antecedentes de este proceso, Toranzo recomienda al Ministerio de Política Territorial y a los sindicatos firmantes del decreto de interinidad que vuelvan los ojos a otras iniciativas autonómicas, dentro y fuera del ámbito sanitario, y al "incesante periplo judicial y la catarata de recursos que han provocado", y aquí cita expresamente el concurso-oposición de la Disposición Transitoria IV de la Ley de Ordenación del Sistema Sanitario de Castilla y León.
Ese proceso de consolidación de plazas sanitarias, basado en exámenes con banco de preguntas y que primaba los servicios prestados por los aspirantes en el Servicio de Salud de Castilla y León (Sacyl), se inició en 2003 y no culminó hasta 12 años después, "y fue un proceso trufado de reclamaciones y recursos en los juzgados, que, además, paralizó todo el resto de las OPEs en el servicio de salud y generó un enorme embudo de temporalidad", apunta el presidente de CESM.
En Castilla y León, la resolución definitiva de la Transitoria IV afectó a 558 médicos e implicó, además, un cambio para los cerca de 400 facultativos que habían pedido un traslado, y cambios adicionales para el personal interino que se vio afectado por la culminación del proceso de consolidación.
Seguimiento exhaustivo
Con respecto a la posibilidad de que la fase de oposición no sea eliminatoria para los miles de interinos que sí deberán someterse a un concurso-oposición tradicional (una de las exigencias de Podemos y ERC que se introdujo ayer en el Congreso), Toranzo admite que su aplicación en el ámbito sanitario es "más viable, entre otras cosas porque respeta el principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes". Aun así, el presidente de CESM matiza que el hecho de que la fase de concurso de méritos pese un 40% en la nota final, "algo que los sindicatos firmantes venden como un gran logro", ya se da mayoritariamente en las OPEs sanitarias autonómicas: "En la mayoría de ellas, la valoración de los méritos ya llega al 40%, y en Castilla y León, por ejemplo, se eleva hasta el 45%".
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Precisamente, los sindicatos que rubricaron el decreto con Iceta apelan a la prudencia y aseguran que se mantendrán "muy vigilantes" durante la tramitación de la norma como proyecto de ley, que el Gobierno quiere culminar antes de octubre. Desde UGT Servicios Públicos recuerdan que la Comisión de Seguimiento del Acuerdo está pensada, precisamente, para que "la esencia, objetivos e innovaciones de lo pactado permanezcan intactos y, si cabe, concretar más alguno de sus puntos".
En la misma línea, el Área Pública de CCOO asegura que durante la fase de tramitación se mantendrá en contacto con todos los grupos parlamentarios para "vigilar que no se modifiquen los aspectos fundamentales, especialmente en los puntos que aumentan el peso de la experiencia en la fase de concurso y simplifican la fase de oposición, y en la aplicación de las indemnizaciones como medida compensatoria y disuasoria". CCOO, UGT y CSIF coinciden en que es vital velar por que "cualquier modificación tenga la seguridad jurídica correspondiente y sea aplicable y efectiva".
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