La Junta de Galicia se personará como parte ante el Tribunal Constitucional (TC) y presentará alegaciones de oposición frente al recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra su Ley de Salud. La Junta defenderá la constitucionalidad de la norma y solicitará el levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados del número 5 del artículo único de la norma. El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo argumenta que la finalidad es ofrecer cobertura legal a las decisiones que las autoridades sanitarias consideren necesarias para luchar contra la pandemia del coronavirus, dentro del marco general permitido por la Ley orgánica estatal de salud pública.
Alberto Núñez Feijóo ha lamentado en reiteradas ocasiones que el Gobierno central no haya promovido ningún cambio en la legislación estatal que permita actuar a las comunidades autónomas con seguridad jurídica, dejándolas sin suficientes herramientas ante el decaimiento del estado de alarma. La Ley de Salud de Galicia introduce algunas disposiciones preventivas con sus correspondientes sanciones en caso de que las autoridades sanitarias determinen su obligatoriedad y abre la puerta a una vacunación obligatoria.
El Gobierno central asegura que la ley gallega limita derechos fundamentales
El pasado 6 de abril el ejecutivo central presentó un recurso de inconstitucionalidad en el que asegura que la norma gallega introduce medidas dirigidas a proteger la salud pública mediante limitaciones de los derechos fundamentales, que solo se pueden recoger en una ley orgánica estatal.
La Junta no está de acuerdo con que se vulneren las competencias estatales. En el informe del último Consejo de la Junta, que acordó la comparecencia ante el TC, aduce que el Constitucional requiere de una ley orgánica solo para la regulación de un derecho fundamental o libertad pública que desarrolle la Constitución de manera directa y en elementos esenciales, sin entrar en sus modulaciones provisionales y muy limitadas sobre las formas y las circunstancias en que ciertos sujetos gozan de estos derechos: “De hecho, la Ley orgánica de salud pública señala que la protección de salud pública puede operar como límite de los derechos fundamentales y libertades públicas con la adopción de las medidas necesarias para su salvaguarda”.
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“Titular barato”
Ante los medios de comunicación, Núñez Feijóo ha tildado de “titular barato” que la ley gallega obligue a vacunarse. Ha aseverado que está desmentido por el texto legal recurrido y por una realidad en la que Galicia siempre se ha ajustado a los acuerdos sobre la pandemia adoptados en el Consejo Interterritorial de Salud, aunque en ocasiones no hayan coincidido con la postura de la Junta.
No obstante, en paralelo, continúan las negociaciones de las discrepancias que existen respecto a la norma gallega en la comisión bilateral de cooperación formada por la Junta y el Gobierno a instancias de la comunidad autónoma. Hasta el momento, se han celebrado dos encuentros en busca de un acuerdo que permita desjudicializar el conflicto.
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