Un grupo de médicos españoles, respaldados por la asociación Euvita, ha iniciado una campaña para frenar la aplicación de la Ley de eutanasia, aprobada el pasado 18 de marzo y que entrará en vigor el próximo mes de junio. Cuestiones legales, bioéticas y médicas, así como la inseguridad jurídica que genera la norma para los más frágiles, son las principales razones que se alegan en el escrito dirigido al Tribunal Constitucional con el objetivo es frenar la aplicación de la ley. El documento ya cuenta con el apoyo de más de 24.000 personas.
El documento, al que ya se han adherido más de 24.000 personas, cuenta con la firma, entre otros, de Salvador González Barón, catedrático Emérito de Fisiología Humana, ex-decano de la Facultad de Medicina de Málaga y presidente de Euvita. También lo apoyan Álvaro Gándara del Castillo, jefe de la unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Jiménez Díaz; Manuel García del Río, profesor Titular de Pediatría de la Universidad de Málaga y vicepresidente de Euvita, y Manuel González Barón, director honorario de la cátedra de Oncología y Medicina Paliativa y jefe del servicio de Oncología Médica del hospital La Paz.
Gándara explica que la asociación ya acudió hace un mes al Defensor del Pueblo para que interpusiera un recurso formal contra la ley, ya que a nivel particular no se puede acudir a esta vía. Igualmente, están a la espera de que grupos políticos como el Partido Popular o Vox recurran la polémica norma ante el Constitucional.
"La mayoría de los que han apoyado el escrito son sanitarios, porque es donde hemos movido el documento, aunque también hay ciudadanos de a pie", señala Gándara.
"Las comisiones de garantías no están constituidas, el manual de buenas prácticas tiene un índice pero no está desarrollado, la formación debía ser de un año y tenría que haber estado antes de que entrara en vigor la norma. Me consta que en el ministerio están muy preocupados por esto, porque ven que ni la sociedad ni los profesionales están preparados para la implantación de la eutanasia. Pero el problema es que la ley es la ley y se podría solicitar en menos de un mes".
El escrito señala, entre otras cuestiones que “se ha venido promoviendo deliberadamente un falso debate social para justificar la ley de eutanasia”, mientras que “se olvida que aproximadamente 200.000 enfermos necesitan de cuidados paliativos al año y unos 80.000 fallecen por falta de unidades de cuidados paliativos”. Los firmantes destacan que “lo que la sociedad demanda es que se dicten leyes que protejan la vida humana, especialmente las de las personas más vulnerables, en estados avanzados y de las personas con una discapacidad severa”.
Al mismo tiempo, el documento pone de manifiesto que la norma aprobada “nos afecta gravemente a todos, pues crea una situación de inseguridad jurídica sin precedentes para las personas más frágiles”, lo que supone una valoración de ellos “fundamentalmente injusta”, puesto que deja a esas personas, “sin alternativas, puesto que los cuidados sociales o las ayudas a la dependencia no llegan a todos ni en tiempo ni en forma”.
Además, se destaca que la eutanasia se opone a la práctica de la Medicina "porque la finalidad del médico es curar, y cuando no se puede, éste debe cuidar y aliviar", una cuestión recogida en códigos nacionales e internacionales de deontología médica, rechazando que la eutanasia pueda interpretarse como un "acto médico".
En la ley, el médico “desempeña el papel de ejecutor en la eliminación de una persona y como consecuencia queda rota la relación de confianza tan necesaria entre el médico y el enfermo, así como con sus familiares”. Asimismo, se advierte que en los países que se ha despenalizado la eutanasia “la falta de control, a pesar de pretender garantizarlo, ha llevado a verdaderas eutanasias no solicitadas”.
Por otro lado, los firmantes del texto achacan a la ley una aprobación “recurriendo a un procedimiento parlamentario no adecuado”. Con ello hacen referencia a la crítica lanzada desde numerosos sectores sociales y políticos de que la norma ha sido tramitada como proposición de ley y no como proyecto, con lo que se ha evitado los informes, como el del Consejo de Estado, que es preceptivo en los trámites ordinarios.
Igualmente, recuerdan que durante la tramitación de la ley, no se ha solicitado valoración, ni al Comité Nacional de Bioética (que actuó de oficio y criticó severamente la ley), ni a las sociedades científicas sanitarias y a los colegios profesionales.
Los impulsores de la iniciativa cuestionan también la obligación de la inscripción previa en un registro de objetores de conciencia, con aquellos profesionales que se oponen a la aplicación de esta ley, cuando “lo lógico” hubiera sido realizarlos con aquellos profesional que están a favor de la eutanasia.
Por último aseguran que “la alternativa real” es promulgar una ley nacional de cuidados paliativos para “garantizar el acceso universal a estos cuidados como parte fundamental de la cartera de servicios del SNS". En la UE hay dos unidades de cuidados paliativos por cada 100.000 habitantes; en España la media es de 0,6.
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