Navarra avanza en asumir la sanidad penitenciaria. El pasado 12 de mayo, se reunión la Junta de Transferencias de la comunidad foral. Fue el paso previo a la firma del traspaso de competencia que tendrá lugar en Pamplona con la presencia del ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, con la fecha prevista del 24 de mayo.
Los representantes de los diferentes partidos navarros en la Junta de Transferencias ratificaron por unanimidad los términos del acuerdo para la asunción de la competencia -que incluye la transferencia de Tráfico-que entrará en vigor el próximo 1 de agosto tras el Real Decreto que firmará el Gobierno central.
Costes de la sanidad penitenciaria
En la citada reunión, el Gobierno trasladó a los representantes de los diferentes grupos políticos el informe realizado por el servicio de Convenio Económico, Análisis Fiscales y Administración del Departamento de Economía y Hacienda con la valoración económica de esta transferencia. El informe concluye que el coste total anual de la sanidad penitenciaria a nivel estatal es de 131 millones de euros, de los que Navarra se descontará el 1,6% en la aportación económica. Esto es 2,1 millones de euros anuales, para financiar las funciones y servicios a asumir.
"El coste total anual de la sanidad penitenciaria a nivel estatal es de 131 millones de euros"
Navarra se hará cargo de los gastos de personal de los nueve trabajadores que forman parte de la plantilla de Instituciones Penitenciarias, seis de ellas personal funcionario y tres personal laboral, que pasarán a formar parte de la plantilla del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea (SNS-O). Asimismo, se hará cargo del resto de gastos relativos a la asistencia sanitaria como fármacos, equipamientos médicos, etc...
Salud mental, toxicomanías y formación
Por otro lado, desde el punto de vista de las funciones sanitarias, el Ejecutivo foral ha informado de que el traspaso supondrá "una armonización en la asistencia, que ya se desarrolla de la mano de Atención Primaria y el SNS–O, con los que se comparten aplicaciones, como la historia clínica electrónica (Atenea), y protocolos".
Para ello, se ha creado una comisión técnica para coordinar procedimientos y mejorar la formación de los profesionales en la que están integrados el SNS-O, la subdirectora general de Sanidad Penitenciaria, el director del centro penitenciario, el personal médico y de enfermería del mismo y la Dirección General de Justicia.
Asimismo, se van a organizar varias jornadas formativas para profesionales del SNS-O sobre especificidades médico-legales, judiciales y regimentales que rigen la vida en prisión y que requieren de una actuación sanitaria concreta. Esta formación facilitará la cobertura de vacantes y sustituciones, así como futuras incorporaciones al centro penitenciario.
Una parte importante del traspaso, según apuntan desde el Gobierno foral, es su impacto en dos ámbitos considerados clave de cara al tratamiento y cuidado de la población reclusa, como son la salud mental y las toxicomanías, detectados como los principales problemas de salud de los residentes en el centro penitenciario.
El objetivo principal de las actuaciones previstas es "garantizar los derechos de las personas internas como usuarias de los servicios de salud, la accesibilidad de este colectivo a los recursos sanitarios, la calidad de las prestaciones sanitarias penitenciarias y la equidad en el acceso a los cuidados", dicen desde el Gobierno autonómico.
Reacciones
La Coordinadora Estatal de VIH y Sida (Cesida) "aplaude" que una nueva comunidad autónoma, tras el País el Vasco y Cataluña, haya asumido esta competencia. Ramón Espacio, presidente de Cesida, recordó en sus III Jornadas sobre sanidad celebradas el pasado 25 de marzo, que "la situación de la Sanidad Penitenciaria es crítica. Las causas esta situación son la falta de personal sanitario y el incumplimiento de la Disposición Adicional sexta de la Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, que daba un plazo de 18 meses para transferir a los servicios de salud autonómicos las competencias de sanidad penitenciaria, dependientes del Ministerio de Interior”.
En la inauguración de este evento el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, declaró que se “está involucrando de forma decisiva” para que las transferencias a las comunidades autónomas se lleven a cabo, pero sin querer caer “en triunfalismos”. “Este el principal desafío de la política penitenciaria porque la sanidad es un derecho esencial y fundamental”, explicó el ministro, que también aludió a los graves problemas con la falta de personal facultativo en prisiones y sus retribuciones.
De este modo, mediante un comunicado, Cesida apela al resto de las comunidades autónomas para que "emprendan el proceso de esta transferencia". “Aunque somos conscientes que la transferencia no va a ser una panacea que resuelva de un plumazo los problemas de la sanidad penitenciaria, es un paso imprescindible para reflotar un sistema sanitario penitenciario que llegó a ser un ejemplo internacional en los años noventa. Además, esto llevará al cumplimiento de un mandato legal que lleva 16 años de retraso”, ha declarado Espacio.
Sanidad penitenciaria CESM
Sin embargo, Pedro Antonio Martínez, responsable de CESM prisiones no es optimista. Afirma, con el aval de más de una década batallando porque se cumpla la Ley16/2003 que "no hay voluntad política por ninguna de las partes implicadas para que se produzca la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades".
Según el médico de una prisión, "ni el Gobierno central ni las autonomías quieren que esto suceda y, además, en los últimos años se ha sumado otro escollo a este paso, que es la sentencia del Tribunal Supremo [de febrero de 2019] que reconoce la importante deuda que el Estado tiene con las autonomías por la atención hospitalaria dispensada a la población reclusa, que, como el Supremo aclara en la sentencia debe ser abonada por Instituciones Penitenciarias y no por los servicios sanitarios autonómicos. Y, claro, la cancelación de esta deuda va a aparecer siempre como condición para que una autonomía asuma ese traspaso".
En todo caso, Martínez afirma con tristeza, que las autoridades sanitarias no valoran la labor en prevención y salud pública que hace la sanidad penitenciaria. "Muchas de las personas que acaban en la cárcel tienen patologías metales previas que no le han sido diagnosticadas. Cuando estas personas se tratan, pueden desarrollar una vida perfectamente normal. Si existiera esa transferencia de la sanidad a las autonomía, la continuidad asistencial de estos pacientes sería más ágil, fácil y efectiva".
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