La letra pequeña del Plan de Recuperación y Resiliencia enviado por el Gobierno a Bruselas para detallar a qué dedicará España los 70.000 millones de fondos europeos para remontar tras la crisis generada por la epidemia de coronavirus incluye algunas reformas legales importantes en materia de Sanidad, como la reforma de la Ley del Medicamento o la del Estatuto Marco, pero muy escasa inversión específica para reforzar el sistema sanitario tras la epidemia.
Concretamente, de los 70.000 millones de euros que recibirá España hasta 2023 se dedicarán a reforzar la sanidad tan sólo 1.069 millones de euros, el 1,5% del total. La sanidad se sitúa, de hecho, a la cola de las políticas prioritarias de inversión, en el puesto 19 de entre las 20 inversiones prioritarias con estos fondos, muy por detrás de otras partidas como el turismo o la movilidad sostenible. Esa cantidad, 1.069 millones de euros a lo largo de tres años, supone además una cantidad casi simbólica si se pone en contexto con el gasto sanitario español, que asciende a 75.000 millones de euros anuales incluso sin tener en cuenta los gastos extra que está ocasionando la pandemia.
Renovación de equipos y digitalización se comerán el 85% de los fondos
Con esa partida de algo más de 1.000 millones (451 millones este año, 499 en 2022 y 118 en 2023) se prevén financiar, según detalla el plan seis grandes medidas: un plan de renovación de equipos de alta tecnología sanitaria (792 millones), acciones de prevención y promoción de la salud (62 millones de euros), acciones para aumentar la capacidad de respuesta ante la crisis sanitaria (80 millones), formación de profesionales sanitarios (13 millones), plan de racionalización del consumo de productos y medicamentos (20 millones) y creación de un data lake sanitario (100 millones).
Así, en la práctica, la renovación de los equipos de alta tecnología y la digitalización y mejora de datos se comerá el 85% de todos los fondos, que no incluyen ninguna partida específica para reforzar la atención primaria aunque ésta figura como primera gran reforma a adoptar, junto a la reforma del sistema de salud pública, la consolidación de la equidad y universalidad del sistema, la reducción de la temporalidad entre los profesionales y la reforma de la regulación de los medicamentos.
El fortalecimiento de la atención primaria, sin fondos específicos
Concretamente, el documento de más de 2.000 páginas enviado a Bruselas, incluye en el apartado de Sanidad esas cinco reformas prioritarias a acometer, encabezadas literalmente por “el fortalecimiento de la atención primaria y comunitaria” a través del desarrollo del Marco Estratégico para el refuerzo de la atención primaria, un documento aprobado por el Gobierno y las autonomías en 2019.
Pero acto seguido, el documento explica que la financiación para reforzar la primaria vendrá del propio presupuesto nacional y de las autonomías y de las ayudas REACT (que se incluyeron ya en el presupuesto actual con una partida de 1.000 millones para AP). Sin embargo, respecto a los nuevos fondos incluidos en el Fondo de Recuperación el propio documento reconoce que “con cargo al componente 18 (el de refuerzo de atención primaria) se financiarían inversiones no directamente vinculadas a esta reforma sino a otras incluidas en este documento”.
El texto enviado a Bruselas justifica esto afirmando que “dichas inversiones tienen también una incidencia importante sobre el sistema de atención primaria, por ejemplo, -continúa el documento- la renovación de equipamiento de alta tecnología en hospitales, que contribuye a mejorar los diagnósticos en atención primaria, las estrategias de prevención y promoción de la salud o la mejora de la carrera profesional del personal sanitario”. Así, no se ve en el documento una partida específica para acometer inversiones expresas en atención primaria.
Nuevo Centro Estatal de Salud Pública
En cuanto a la mejora de la salud pública, las reformas prometidas a Bruselas incluyen un nuevo sistema de vigilancia en salud pública que integraría el actual RENAVE con los sistemas sobre enfermedades no transmisibles y que se hará por real decreto. También figura en el documento la creación del Centro Estatal de Salud Pública, con autonomía funcional, y una Estrategia Nacional de Salud Pública.
La tercera gran reforma, la consolidación de la universalidad, equidad y cohesión del sistema sanitario llevará aparejada “una reorientación de la alta complejidad en el SNS” con una revisión de los Centros Sanitarios y Unidades de Referencia (CSUR) para la atención a enfermedades poco prevalentes.
También figura un estudio para ampliar la atención en salud bucodental todavía pendiente de evaluar su coste, un análisis de las desigualdades en la cartera de servicios de medicina genómica entre autonomías, el desarrollo por orden ministerial de la cartera de servicios ortoprotésicos y un estudio de desigualdades en la atención temprana entre autonomías. Además, se incluye la previsión de presentar al Parlamento un proyecto de ley de cohesión y universalidad en 2021 o principios de 2022 y aprobarla antes de fin de 2023. Las nuevas prestaciones está previsto que se prueben también por ley en 2022.
Reforma del estatuto marco para segundo semestre de 2022
Respecto a la gran reforma para acabar con la temporalidad de los profesionales sanitarios, el documento enviado a Bruselas se compromete a una reforma de la Ley del Estatuto Marco “para reducir la temporalidad, asegurar la cobertura de plazas de personal sanitario y mejorar sus condiciones de trabajo” y a una reforma de la formación sanitaria especializada con un real decreto que regulará “la formación transversal en las especialidades de ciencias de la salud, las áreas de capacitación específica y el procedimiento para crear títulos de especialista”.
Las fechas prometidas a Bruselas incluyen aprobar por parte del Gobierno la reforma del Estatuto Marco en el segundo semestre de 2022 y por el Parlamento antes de 2023. El Real decreto sobre la formación especializada se probaría en el primer trimestre de 2022.
En cuanto a la reforma sobre la regulación de los medicamentos y productos sanitarios, el texto prevé una reforma del texto refundido de la ley del medicamento actual que se realizará a lo largo de 2022, aprobándose el proyecto por el Gobierno en el último trimestre de 2022 para su tramitación parlamentaria.
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Financiación de terapias antitabaco y nueva ley del alcohol
Habrá también reformas legales en otros ámbitos, con una nueva ley del tabaco prevista para comienzos de 2023, y una del alcohol para la primera mitad de 2022, entre otras medidas.
El documento contempla concretamente 62 millones de euros para acciones en salud pública, que incluyen entre otras acciones 4 millones de euros para financiación de tratamientos sustitutivos de nicotina, 7,5 millones de euros para el cribado de cáncer colorrectal en personas de 50 a 69 años o 8,5 para el cribado de cérvix en mujeres de 25 a 65 años. También se contemplan 10 millones para formación continuada de los sanitarios.
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