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Lejos de solventar el enorme índice de temporalidad laboral que aqueja al sector sanitario, la solución que ha pergeñado el Ejecutivo de Pedro Sánchez en forma de ley puede agravar aún más el problema. Ese es, al menos, el diagnóstico que hace la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) de la aplicación en el Sistema Nacional de Salud (SNS) de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público.
La publicación de la norma en el BOE mantiene intactas las "enormes dudas" que su contenido suscita en el sindicato mayoritario entre los médicos españoles, sobre todo en lo relativo a los procesos extraordinarios de estabilización que contempla. Entre otras cosas, la ley -que inicialmente promovió Miquel Iceta y defendió en el Parlamento su sucesora, María Jesús Montero- prevé un concurso (excepcional y único) para estabilizar aquellas plazas temporales "ocupadas de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016". Tomás Toranzo, presidente de CESM, recuerda que el primer paso para dar cumplimiento a ese mandato es identificar de qué plazas estamos hablando, algo que en el ámbito sanitario no es, en absoluto, fácil.
Las plazas hospitalarias no son nominales y su ocupación puede generar "mucha litigiosidad"
"Al margen de la temporalidad endémica que aqueja al sector y que, a efectos prácticos, se traduce en una enorme variabilidad en el perfil de los interinos sanitarios, en los hospitales españoles las plazas no son nominales, no tienen un código asignado, sino que hablamos de plantillas orgánicas, con determinados puestos en cada especialidad. Ahí reside la primera dificultad de un proceso cuyo primer paso es saber cuántas plazas cumplen los requisitos temporales que marca la ley, qué plazas son esas en cada uno de los hospitales y quién puede concurrir", dice Toranzo.
Pero el problema también existe, según el presidente de CESM, en el caso de los sanitarios interinos posteriores a esa fecha, es decir, para las plazas ocupadas "de forma temporal e ininterrumpida" al menos en los tres años anteriores al 31 de diciembre de 2020, un contingente para el que la norma también prevé un proceso específico de estabilización laboral. Toranzo recuerda que estas plazas son de libre concurrencia, "y por tanto pueden optar a ellas quienes la hayan ocupado como interinos en ese plazo, pero también especialistas de otros centros u otras comunidades, que, en caso de acumular más méritos, podrían desplazar a quienes las ocuparan hasta el inicio del proceso, lo que puede ser una clara fuente de conflictos y litigiosidad".
A la batalla que podría desatarse en el SNS por la ocupación de esos puestos, el presidente de CESM suma las "posibles impugnaciones que planteen los profesionales que estén pendientes de concurso de traslados y, por tanto, también estén en disposición de optar a esas plazas. No se puede perder de vista que el ritmo de convocatoria de los concursos de traslados sanitarios es muy dispar en las 17 comunidades y que hay autonomías que llevan mucho tiempo sin convocarlos".
Toranzo ve muy escaso el plazo de 6 meses que prevé la ley para lograr un consenso en el CI
En este contexto, Toranzo argumenta que "una norma que, sobre el papel, nace para intentar atajar la temporalidad puede producir el efecto contrario, al menos en el sector sanitario, porque la enorme complejidad que tiene su aplicación puede derivar en una litigiosidad endémica que paralice ofertas pública de empleo o concursos de traslados y acabe consolidando la temporalidad".
Sobre el papel- al menos el papel en el que está escrita la norma-, antes de junio de 2022 deberían estar identificadas y publicadas las plazas objeto de los procesos extraordinarios de estabilización, y antes del 31 de diciembre de 2022 deberían estar publicadas las convocatorias de esos procesos. Toranzo cree, no obstante, que esos 6 meses iniciales que prevé la ley son "claramente insuficientes para intentar consensuar un proceso homogéneo y único en el SNS", y basa su escepticismo en las pistas que han ido dejando las comunidades en las últimas semanas.
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"Hay comunidades que han paralizado sus OPEs en marcha hasta que se publicara el decreto en el BOE y supieran, al menos, a qué atenerse, pero hay otras, como Madrid, Castilla y León o Aragón, que han seguido adelante con sus ofertas de empleo, aun a riesgo de que esos procesos se vieran impugnados posteriormente. E incluso entre las comunidades que han optado por seguir con sus OPEs, la disparidad es muy grande, porque Madrid, por ejemplo, tiene muchas interinidades de larga duración, mientras que Castilla y León y Aragón han convocado más ofertas propias".
Es la enorme disparidad existente y la desigual respuesta de las comunidades lo que lleva a Toranzo a prever que seis meses son un plazo muy exiguo para intentar alcanza un consenso en la Comisión de Recursos Humanos del SNS y, posteriormente, en el Consejo Interterritorial, un consenso que, de no ser posible en ese plazo, daría paso a la aplicación inmediata de la ley en sus términos generales y, consecuentemente, al panorama harto complicado que prevé el presidente de CESM.
Convencer a las comunidades
Precisamente, la "inmediata convocatoria" de la Comisión de Recursos Humanos del SNS es lo que exige la Federación de Servicios Socio-Sanitarios de CCOO, ya que, a juicio de este sindicato (uno de los tres que firmaron con Iceta el acuerdo de temporalidad), es este órgano el encargado de fijar "criterios generales transversales y homogéneos en los procedimientos" que prevé la norma publicada en el BOE.
CCOO también insta a Carolina Darias a que reúna a los sindicatos en el marco del Ámbito de Negociación y a que realice "cuantas actuaciones sean precisas para lograr un acuerdo con las comunidades", tendente a conseguir que cada una de ellas "negocie en sus respectivas mesas sectoriales las condiciones de los procesos de selección y provisión de las plazas a estabilizar en cada ámbito territorial".
CCOO y CSIF reclaman a Darias la "inmediata convocatoria" del Ámbito de Negociación
En la misma línea, desde la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF), otro de los sindicatos firmantes del acuerdo, reclaman la convocatoria de la mesa del Ámbito de Negociación para intentar llegar a un acuerdo que permita adaptar el Estatuto Marco a la nueva regulación.
"Queremos que se identifiquen las plazas que van a ir a concurso y a concurso/oposición, y que todas las comunidades autónomas actúen de manera coordinada en plazos, bases y criterios para garantizar la equidad y la seguridad jurídica de todo el proceso. La coordinación es básica para evitar la posible judicialización de convocatorias", afirman fuentes del sindicato de funcionarios.
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