Valdés-Solís (fiscal) recuerda los límites del delito de atentado en agresiones a sanitarios

Política y Normativa

soledadvalle

Vie, 29/11/2024 - 08:00

Ponencia

La falta de firma en el consentimiento informado (CI), cuando es obligatoria, puede complicar el proceso de defensa del profesional sanitario en caso de juicio por responsabilidad penal, dado que exigirá otro tipo de probatorias. Así lo ha destacado Enrique Valdés-Solís, fiscal de la Fiscalía del Principado de Asturias, quien ha ofrecido una conferencia titulada Otros delitos en el ámbito sanitario: imprudencias profesionales y agresiones a personal sanitario, en el marco de la jornada Algunas reflexiones sobre la incidencia de nuestro ordenamiento jurídico en el ámbito sanitario, organizada por el Instituto de Administración Pública del Principado de Asturias.

Las cuestiones relacionadas con el consentimiento informado fueron algunas de las que más interés despertaron entre los profesionales sanitarios del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y de Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA) asistentes a la jornada.

Enrique Valdés-Solís destacó la importancia de este documento que "otorga el permiso del paciente a la realización de una intervención sanitaria y por el que asume los riesgos inherentes a la práctica clínica".

La explicación verbal puede resultar "más clara y directa", señaló el fiscal pero no exime en caso de falta de tiempo o por olvido de la firma del consentimiento informado cuando ésta es obligatoria, carencia que en caso de juicio puede complicar el desarrollo del proceso si el paciente estima que la forma de proceder no ha sido la correcta, dado que requerirá necesariamente otro tipo de probatorias.

Agresiones

En su exposición Enrique Valdés-Solís explicó también el concepto de delito de atentado contra el funcionariado público que tenga la condición de personal sanitario, "que incluye no solo a los funcionarios sino también al personal estatutario y laboral, pero siempre de centros públicos, no al personal sanitario de centros concertados y privados", precisó Enrique Valdés-Solís.

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Las conductas que pueden dar lugar a un delito de atentado contra el funcionario público son aquellas que se realizan en el propio centro de trabajo e

Las agresiones a los facultativos que ejercen en el ámbito privado no tienen la consideración de delitos de atentado, como señaló el miembro de la Fiscalía de Asturias. Off Covadonga Díaz Política y Normativa Profesión Profesión Medicina Familiar y Comunitaria Off

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