Esta semana ha resultado clave para un asunto que se venía moviendo internacionalmente de manera larvada desde que en octubre lo plantearon algunos países en la Organización Mundial del Comercio: la suspensión temporal de las patentes de las vacunas para la covid-19. Tras manifestarse a favor el Gobierno estadounidense, han salido en tromba muchos otros, como el ruso; en la Unión Europea hay división interna al respecto y, por ejemplo, Italia quiere que antes Reino Unido y EEUU eliminen el bloqueo a las exportaciones en vacunas y componentes. "Una variante de este virus es el nacionalismo cerrado, que impide, por ejemplo, un internacionalismo de las vacunas. Otra es cuando ponemos las leyes del mercado o de propiedad intelectual por encima de las leyes del amor y de la salud de la humanidad", dijo ayer, por su parte, el Papa Francisco.
Guste más o guste menos, como lógicamente le sucede a la industria farmacéutica, especialmente a los laboratorios directamente afectados, algo hay que hacer. Quizá no eso, porque tampoco garantiza, al menos de entrada, que esas vacunas se vayan a producir y distribuir en mayor volumen, con más celeridad, con la misma calidad (son tecnológicamente complejas) y a un precio muy inferior al actual.
Pero algo hay que hacer porque la pandemia provocada por el SARS-CoV-2 es de una magnitud tan desbastadora, también en sus efectos en la economía mundial, que no es racional dejar el problema de la rápida vacunación de la población de todos los países del mundo en manos del mercado y de la, por ahora, vital plataforma Covax.
Este es un problema excepcional que requiere de soluciones excepcionales, que seguro que en las altas esferas mundiales se agradecería que aportase la propia industria farmacéutica, sin tener que recurrir al extremo de la suspensión temporal de patentes.
Se entienden bien los argumentos que esgrimen partidarios y detractores de esa medida que, hay que insistir, se plantea como excepcional, al igual que lo es la pandemia. Pero para poder juzgar la cuestión hace falta transparencia: qué coste real ha tenido el desarrollo de esas vacunas; qué han invertido en ellas las empresas propietarias de las patentes y el sector público, incluyendo los ensayos clínicos en sus diversas fases, y qué riesgo (real) han asumido esas empresas al colocar las vacunas en el mercado. También estaría bien saber qué beneficio económico llevan ya acumulado tras su venta en países occidentales -¿es razonable o es un enriquecimiento desproporcionado aprovechando una emergencia sanitaria de proporciones mundiales?-.
De lo que no hay duda, insisto, es de que algo hay que hacer. Y sería un fracaso de la industria farmacéutica forzar a una resolución de la Organización Mundial del Comercio, que es la que tiene que decidir al respecto con la unanimidad de todos los países.
En las Directrices sobre derechos humanos para las empresas farmacéuticas de la ONU, de 2008, figura: “La responsabilidad primordial respecto de asegurar el derecho al nivel de salud más alto posible y mejorar el acceso a los medicamentos recae en los Estados; no obstante, se trata de una responsabilidad compartida. Si se desea mejorar el acceso a los medicamentos, es indispensable que intervengan numerosos agentes nacionales e internacionales. En los objetivos de desarrollo del Milenio se reconoce que las empresas farmacéuticas se cuentan entre quienes comparten esa responsabilidad”.
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