En el informe anual del Defensor del Pueblo de la actividad desarrollada a lo largo del pasado 2020, es decir, en medio de una situación de pandemia histórica, las reclamaciones sanitarias se triplicaron. Pero, en una mirada más detallada al extenso informe que la institución difundió esta semana, la Atención Primaria vuelve a aparecer como un motivo de reclamación constante "a lo largo de los años" y especialmente "a partir de julio de 2020".
Se quedan usuarios y trabajadores, pacientes y sanitarios. Las profesionales del primer nivel asistencial se quejan de "la presión asistencial existente y aportando datos relativos al número de pacientes que atienden por hora de consulta en medicina de familia y pediatría". Con estas quejas documentadas, la Institución pone de relieve "que no se cumplen los objetivos e indicadores de calidad asistencial. Lo que, en definitiva, "redunda negativamente la atención a los pacientes".
"El Defensor del Pueblo considera imprescindible poner en marcha planes de refuerzo de la atención primaria"
Estos usuarios de un sistema saturado han acudido al Defensor del Pueblo "dificultades y tardanza para contactar telefónicamente con el fin de solicitar cita médica o de enfermería, demora en la realización de pruebas PCR y comunicación de resultados, plazo excesivo de espera para consulta, dificultades y limitaciones de las consultas telefónicas frente a las presenciales o la suspensión del servicio en algunos centros".
Intervenciones concretas
A raíz de estas quejas, el Defensor del Pueblo ha iniciado actuaciones ante las consejerías competentes. Se han pedido informes sobre situación de las plantillas y volumen de actividad en el siguiente número de centros de atención primaria: Andalucía, 3; Cantabria, 2; Castilla y León, 3; Castilla-La Mancha, 8; Cataluña, 1; Galicia, 2; Madrid, 21; La Rioja, 1; Comunidad Valenciana, 6.
El Defensor del Pueblo reconoce que "desde hace años" viene recibiendo quejas sobre la insuficiencia en la dotación de recursos humanos en el nivel de la atención primaria, en el que "se han denunciado condiciones de precariedad laboral y escasez de profesionales ya antes de la pandemia". A pesar de ello, reconoce la Institución que "no eran tan numerosas las situaciones en las que usuarios y profesionales denunciaban, respectivamente, circunstancias de demora para recibir asistencia y presión asistencial, como ha sucedido desde el verano".
La Institución asume, en su informe, que las medidas de prevención dirigidas a minimizar los contagios de covid-19 "implican limitar la presencia de pacientes en los centros sanitarios, y que la situación de emergencia impacta en su funcionamiento habitual. Pero, por eso mismo, debe ampliarse la capacidad de respuesta en este nivel asistencial, para atender sin demora a todos los pacientes, aun con circuitos diferenciados, y para hacer un correcto seguimiento de los casos detectados".
Además, el traslado del personal sanitario a otros destinos durante la pandemia ha tenido como consecuencia "cierres de consultorios y de servicios de urgencias de atención primaria, lo que ha supuesto la derivación de la atención de sus pacientes bien a otros centros sanitarios afectados también por la escasez de personal y por la falta de cobertura de las plazas de profesionales durante sus permisos reglamentarios, bien a servicios de urgencias hospitalarias, incrementando la demanda asistencial sobre estos".
Por todo ello, el Defensor del Pueblo considera "imprescindible" poner en marcha "planes de refuerzo de la atención primaria para compensar el especial desempeño de este nivel asistencial en este período excepcional, aplicables tanto al personal sanitario como también al personal administrativo".
Madrid no da datos
Respecto a los centros de atención primaria de Madrid donde el Defensor del Pueblo ha abierto una investigación, la memoria reconoce que, "la Consejería de Sanidad de Madrid no ha facilitado los datos relativos a la plantilla efectiva, ni la cobertura de ausencias y bajas laborales, ni al número de consultas atendidas en el centro semanalmente en los meses de julio a septiembre de 2020, por lo que esta institución ha tenido que recabar nuevamente dicha información".
Asimismo, la Institución está pendiente de conocer la dotación del personal que realiza labores de seguimiento epidemiológico en los centros, y las previsiones de ampliación de su plantilla.
El Defensor del Pueblo ha formulado una recomendación a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, "para que establezca mecanismos que permitan conocer la demora entre la solicitud de consulta por el paciente y la primera cita disponible en cada centro de atención primaria, dado que la consejería señaló dificultades para conocer la demora media en estas consultas".
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