Más lentamente de lo que desearían los investigadores, y amenazados -como todo lo demás- por la elevada inflación que estamos sufriendo, los presupuestos científicos han crecido un año más en España y se siguen acercando, aunque aún quedan lejos, del objetivo de dedicar un 2% de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) a la generación de conocimiento.
El presupuesto no financiero del Ministerio de Ciencia e Innovación para el año que viene será de 3.991 millones de euros, según el proyecto de ley de PGE presentado este jueves. La cantidad representa un aumento del 3,9% frente a los 3.843 millones del año pasado, el cual, a su vez, ya incrementó en un 19% el presupuesto de 2021.
Hace dos semanas, la la Confederación de Sociedades Científicas (COSCE) presentó un análisis en el cual señalaba que, en términos reales, los fondos no aumentarán este año, sino que corren riesgo de ser inferiores a los de 2021 si tenemos en cuenta el avance de la inflación. Como todo cuesta más, también hacer ciencia, el resultado es que el aumento presupuestario es necesario, pero podría ser insuficiente.
La COSCE, además, advertía de que una alta dependencia de fondos europeos, que no considera garantizados a medio y largo plazo, puede poner en riesgo la continuidad de la apuesta española por una mayor inversión.
El texto de los PGE, presentado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso de los Diputados, precisa que de los casi 4.000 millones de euros que recibirá el departamento de Diana Morant, 2.610 millones de euros saldrán de las arcas públicas y otros 1.381 millones, en torno a un tercio del total, serán aportaciones de la Unión Europea.
El año que viene, la partida nacional, de 2.610 millones de euros, crecerá un 19,7 por ciento, "por el estímulo a la política de investigación, desarrollo e innovación", precisa el texto oficial.
Las mayores dotaciones de esa cantidad irán a parar a la Agencia Estatal de Investigación, el Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial (CDTI), el Instituto de Salud Carlos III y los proyectos de I+D en cooperación con las comunidades autónomas, entre otros, informa Efe.
En concreto, según el proyecto de ley, las arcas del Estado darán a la Agencia Estatal de Investigación -encargada de gestionar y financiar las actividades públicas de I+D+i- 855 millones de euros el año que viene (un 11 % más que este año), y 1.066 millones al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el 1,9 % más.
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