La aprobación de la Ley General de Sanidad (LGS), en 1986, representó un cambio de paradigma profundo en la concepción de la atención sanitaria. Con esta norma se abandonó un modelo fragmentado, basado en una sanidad financiada con fondos públicos pero vinculada al empleo, en el que coexistían el sistema de Seguridad Social y la beneficencia, para avanzar hacia un sistema de atención sanitaria ligado a la ciudadanía y a la residencia en el territorio español.
Este giro conceptual sentó las bases de lo que hoy conocemos como el Sistema Nacional de Salud (SNS). La LGS lo concibió como un conjunto de servicios de salud de las comunidades autónomas debidamente coordinados, superando el modelo centralizado de la ley de bases y reconociendo el valor de una gestión más cercana al territorio. Esta arquitectura permitió adaptar la organización sanitaria a las necesidades específicas de la población y avanzar hacia un sistema más equitativo.
La ley introdujo, además, elementos estructurales de gran trascendencia: la universalización de la atención sanitaria gratuita o bonificada, una organización territorial basada en áreas de salud pensada para facilitar una gestión descentralizada, y un enfoque integral de la salud, que situaba la prevención y la promoción de la salud al mismo nivel que la atención a la enfermedad.
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