Uno de cada cinco dependientes sufre demoras y 31.000 han muerto a la espera de ayuda

Los datos del sistema de ayuda a la dependencia no mejoran. Los dos años de presupuestos prorrogados “y el incumplimiento del Gobierno de España de incorporar 459 millones más de financiación al nivel mínimo” de atención a la dependencia están empezando a pasar factura al sistema.

Éste es el balance que ha hecho la Asociación de Directivos y Gerentes de Servicios Sociales con los datos de ayudas a las personas dependientes a cierre de 2019.

Según los datos del Sistema de Atención y Ayuda a la Dependencia (Saad), en 2019 había en España 1.385.000 personas en situación de dependencia reconocida de las que el 19,48% no estaban recibiendo aún ayuda alguna, una cifra se eleva hasta el 31,8% en el caso de Cataluña, el 27,9% en Canarias, el 27,3% en La Rioja, 25,1% en Andalucía, 21,3% en Asturias y 20,03% en Extremadura. 

Con datos algo mejores figuran autonomías como Cantabria, donde el 18,9% de los dependientes sufren demoras, Baleares (17,3%), País Vasco (16,9%, Madrid (16,5%), Aragón (15,9%), Murcia (15,2%), Valencia(14,4% y Galicia (12,1%). Por debajo de un 10% que arrastran demoras en la concesión real de ayudas figuran sólo Castilla-La Mancha (8,7%), Navarra (5,7%), Ceuta y Melilla (4,4%) y Castilla y León (1,5%) que siempre lidera el ránking de la mejora atención a los dependientes.

Evolución de la atención a la dependencia. Fuente: Observatorio de la Dependencia

En total habría 266.000 personas con derecho reconocido a recibir ayuda por dependencia en 2019 que aún están a la espera de conseguirla realmente, 20.000 más que el año anterior. Esto implica que la lista de espera ha vuelto a crecer por primera vez desde 2016. Y a esta cifra habría que sumar otras 160.000 personas que estaban pendientes de ser valoradas por las autonomías para saber si tienen derecho o no a prestación,una cuestión que no es baladí si se tiene en cuenta que en autonomías como Canarias casi el 30% de las solicitudes presentadas están pendientes de evaluación

El retraso en la tramitación de estos expedientes para concesión de ayudas, de hecho, es cada vez mayor, con  tiempo medio de tramitación de un expediente es de 426 días. Según los gerentes sociales, hay cuatro autonomías (Canarias, Extremadura, Andalucía y Cataluña donde incluso se superan los 18 meses de tardanza en la tramitación del expediente y sólo cuatro comunidades (Ceuta y Melilla, País Vasco, Navarra y Castilla y León), donde realmente se respeta el tiempo máximo de seis meses para este trámite que establece la ley.

Esta tardanza en la evaluación de los dependientes sumado a la lista de espera para acceder realmente a las ayudas una vez se ha reconocido el derecho ha provocado que en 2019 hayan fallecido 31.000 dependientes con derecho reconocido en lista de espera sin haber llegado realmente a recibir ayudas.

Recorte de la financiación

Según detallan los gerentes sociales, tras estas cifras está la sombra de un recorte acumulado de la financiación del sistema de dependencia que acumularía ya un tijeretazo desde 2012 de 5.406 millones de euros por parte de la Administración General del Estado, que representa ya sólo el 16,1% de la financiación total del sistema (pese a que la ley establece que sufrague el 50% del gasto público total).

En concreto, el sistema de atención a la dependencia costó 8.891 millones de euros en prestaciones y servicios, según los datos de los directivos de servicios sociales, , de los cuales las administraciones públicas aportaron 7.050 millones. El resto (1.840 millones) lo aportan los propios dependientes en forma de copago, lo que supone un 20,7%.

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