El sindicato de funcionarios CSIF ha denunciado este jueves la exclusión de funcionarios mayores de 80 años de los listados de vacunación. Según ha detallado el sindicato, está recibiendo quejas de los propios funcionarios jubilados porque no figuran en los listados de vacunación que gestionan los servicios autonómicos de salud, pese a formar parte del colectivo de mayores de 80 años que ya debería de estar siendo vacunado.
El Ministerio de Sanidad, que anunció a principio de mes que detallaría la cobertura de vacunación por colectivos prioritarios y enviaría los datos correspondientes a Europa, no ha concretado, sin embargo, todavía qué porcentaje de mayores de 80 años ha sido ya vacunado ni ha hecho públicos registros que permitan contrastar si la vacunación en mayores de 80 años está produciéndose a menor ritmo en las mutualidades que en el resto de la población acogida al régimen general,
Des de CSIF, si embargo, dicen estar recibiéndose numerosas quejas de funcionarios por exclusión en los listados. El sindicato reclama así que tanto los ministerios implicados como las mutualidades Muface, Mugeju e Isfas comprueben los datos de personas a vacunar con los que trabajan las autonomías para evitar la exclusión de funcionarios, jueces y militares ya que, según el sindicato, “Sanidad se comprometió a realizar un registro de personal vacunado a nivel nacional y facilitarnos el acceso para comprobar el correcto desarrollo de la vacunación, pero aún no tenemos constancia de la implementación de esta medida de coordinación”.
El sindicato denuncia además que las personas afectadas se encuentran en muchas ocasiones en situación de dependencia o gran dependencia y que que “son los propios familiares los que se han puesto en contacto con CSIF tras constatar que los datos registrados no eran correctos y que tras haber solicitado su modificación, ésta no se ha realizado, lo que podría estar limitando la vacunación de estos mutualistas”.
Estos problemas se estarían dando pese a que en enero se creó un grupo de trabajo junto al Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para preparar la vacunación para el personal funcionario acogido al sistema del mutualismo administrativo.
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