La reversión a la gestión pública del departamento de salud de Torrevieja (Alicante), prevista para el próximo 15 de octubre tras la finalización y no renovación del contrato con la UTE que lo gestiona (grupo Ribera), se hará siguiendo el modelo desarrollado en Alzira y, a nivel de recursos humanos, con la figura del personal laboral a extinguir.
Este es el mensaje que la consejera de Sanidad, Ana Barceló, ha transmitido esta mañana a los representantes del comité de empresa de citado departamento en una reunión convocada en el Auditorio de Torrevieja “para escucharles” e informarles que la gestión “pasará directamente” a manos de la Consejería de Sanidad”. Según Barceló, que posteriormente se ha reunido en la localidad de Guardamar con alcaldes de municipos incluidos en ese departamento, la decisión es el resultado del diálogo, en los que se ha escuchado y se ha tenido en cuenta las opiniones y aportaciones realizadas por todas las partes.
“El objetivo primordial es el de prestar una asistencia de calidad a la población del departamento, ya que para la Consejería lo más importante es que los ciudadanos estén perfectamente atendidos a través de una cartera de servicios de calidad”, ha destacado Barceló.
Sin embargo, el proceso precisamente se ha caracterizado por la falta de sintonía entre las partes y el abierto rechazo a la figura que inicialmente planteaba Sanidad para dicha gestión, la empresa pública de salud entre las centrales sindicales y Compromís y Podemos, los propios socios del PSOE en el “Gobierno del Botánico”.
De hecho, esta misma semana la vicepresidenta y portavoz del Ejecutivo autonómico, Mónica Oltra (Compromís), se reunió con representantes de la Mesa Sectorial de Sanidad (CCOO, Satse, UGT, CESM-CV-SAE, CSI-F e Intersindical Valenciana) para mostrar su rechazo a ese mecanismo. Además, las propias centrales llevan celebrando concentraciones ante el Palacio de la Generalitat Valenciana contra la empresa pública “como modelo de gestión”, incluyendo una convocada para mañana.
Para Víctor Pedrera, secretario general del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV), la clave de este “cambio” de idea ha sido la reunión de los sindicatos con Oltra, señalando la “unanimidad” de todos a la hora de rechazar la empresa pública para la gestión de Torrevieja. En su opinión, ese mecanismo hubiera supuesto “mantener de forma permanente” dos modelos de gestión a nivel también de personal.
En cambio, ha recordado, “con el modelo de reversión de Alzira, las plazas se van reconvirtiendo en estatutarias a medida que hay jubilaciones o cambios del personal laboral, lo cual hará que en un plazo más o menos breve, todas sean de la misma naturaleza”.
Motivos del rechazo
Los sindicatos de Mesa Sectorial han reiterado en múltiples ocasiones su “absoluto rechazo” al modelo porque “defrauda y trunca las expectativas de laborales y estatutarios, impide la movilidad entre departamentos y crea un trato diferenciado entre profesionales, entre otras cuestiones”.
En este sentido, ya alertaron de que “habría diferencias entre los Departamentos de Salud y los servicios gestionados directamente por la Consejería a través de la empresa pública, cada uno ordenaría a su personal de forma distinta y convivirían diferentes convenios que difícilmente ofrecerán unas condiciones laborales equitativas a personas trabajadoras que realizan las mismas funciones”.
Esta nueva fórmula también afectaría negativamente al empleo público, ya que se necesitarían convocatorias públicas específicas que no estarían integradas en la Oferta Pública de Empleo de Sanidad. “Así, no reconvertir los puestos a plazas estatutarias implica recortar empleo público y la pérdida los principios de la investigación, docencia y difusión de conocimientos”, alertaron.
Respecto a la contratación temporal, no podría llevarse a cabo a través de la bolsa de Sanidad, lo que podría generar una situación más precaria que dificulte la cobertura de los puestos de trabajo.
En cuanto a la movilidad, no se permitiría al perpetuarse la diferencia y el aislamiento de los departamentos gestionados por la empresa pública. “El personal estatutario no podría optar a ocupar esos puestos ni por promoción ni por movilidad, ni tampoco a la inversa”.
Otro riesgo adicional es que con esta nueva forma de gestión se facilitaría “el traspaso de cualquier servicio sanitario de gestión pública actual a esta empresa”.
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