Desde mañana, 16 de abril, miles de migrantes irregulares en España podrán iniciar, vía telemática (presencial a partir del lunes 20 de abril), el proceso para legalizar su situación, tras la publicación en el BOE del real decreto que el Gobierno acaba de aprobar y que da el pistoletazo de salida a esta "regularización administrativa extraordinaria", según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Su titular, Elma Saiz, señaló al término del Consejo de Ministros del pasado martes, que el proceso ha recibido todas las garantías legales y ha contado con el aval de importantes organismos y estudios. En primer lugar, por parte del Consejo Económico y Social (CES): "Su estudio sobre la realidad migratoria en España, que les invito a leer, subrayaba que para conseguir la integración real y plena de estas personas es clave la regularidad administrativa", dijo Saiz.
Pero, ¿qué impacto económico tiene en la sanidad pública la atención de estos migrantes hasta ahora irregulares? Este colectivo en España, que según Funcas (think tank dedicado a la investigación económica y social) estaría alrededor de las 900.000 personas, ya tendría, de facto, acceso universal a la sanidad pública desde 2018, con lo que las CCAA, aun no dedicando una partida económica ad hoc ya lo estarían sufragando. Además, su atención sanitaria apenas supone un incremento del 1% para las arcas de las propias autonomías y del conjunto del Sistema Nacional de Salud (SNS), según distintos cálculos económicos.
Entre líneas de esas cifras económicas hay que ver el perfil de los migrantes irregulares que llegan a España. Según el CES, se trata de personas jóvenes, entre 25 y 54 años, la mayoría procedentes de Colombia, Perú y Honduras, a priori sanas o al menos con una baja incidencia de enfermedades crónicas costosas vinculadas a la edad.
Usan un 50% menos las consultas del médico especialista, pero sí las Urgencias debido a su situación irregular y a la falta de seguimiento en atención primaria. Informes de la propia Administración General del Estado, empezando por el Ministerio de Hacienda, muestran que el coste variable medio de una visita a los servicios de Urgencias de una persona extranjera se sitúa en torno a los 7,4 euros, frente a los 11,9 € de la población española.
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