La Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria (Sefac) ha expresado este miércoles su rechazo a la decisión del Ministerio de Sanidad de completar la pauta de vacunación de los colectivos esenciales pendientes de inmunización -entre los que se encuentran los profesionales de la farmacia comunitaria- con una segunda dosis de la vacuna de Pfizer en lugar de emplear la vacuna de AstraZeneca, tal y como estaba previsto inicialmente.
A juicio de la sociedad científica, "no existen razones ni evidencias científicas" que aconsejen demorar más la vacunación de los colectivos afectados y ni tampoco hacerlo con una vacuna distinta a la inicialmente administrada, en este caso la vacuna de AstraZeneca (Vaxzevria). "Esta opinión también fue respaldada en su día por la Agencia Europea del Medicamento (EMA)", recalcan desde Sefac.
"La decisión de Sanidad, que ha sido tratada en la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud, se apoya en el estudio realizado por el Instituto de Salud Carlos III (CombiVacs). Sin embargo, Sefac opina que los resultados preliminares de este estudio (que avala el uso de vacunas distintas) es muy limitado, tanto por su duración (se inició el pasado abril) como por el número de pacientes incluidos en la muestra (menos de 700) y no supone una alternativa con garantías suficientes para la seguridad del paciente", añaden desde la sociedad científica.
Sobre este asunto, Eduardo Satué, vicepresidente segundo de Sefac, señala a este periódico que CombiVacs cuenta con muy pocos pacientes y que lo único que permite analizar, por el tiempo que lleva en marcha, son las reacciones adversas más comunes que se producen al cabo de dos semanas. "Para poder conocer las reacciones menos frecuentes sería necesario más tiempo y una muestra mucho mayor. Los resultados preliminares no permiten llegar a conclusiones que respalden la combinación de vacunas, por lo que defendemos que se complete la pauta con la segunda dosis de AstraZeneca, tal y como dijo la EMA", afirma Satué.
Junto a esto, el vicepresidente segundo de la sociedad científica pone sobre la mesa una cuestión también vinculada a la seguridad y a la falta de evidencia: "Los datos del estudio permiten conocer que se han generado anticuerpos, pero no se sabe por cuánto tiempo, en qué cantidad, con qué eficacia o con qué seguridad. ¿Merece la pena jugársela? Creemos que para adoptar esta decisión hay que esperar a tener más evidencia y a poder conocer mejor los efectos secundarios".
Falta de transparencia
Además de esa advertencia, desde Sefac entienden que ha faltado transparencia en la información referente a la realización de este estudio y que la decisión de Sanidad no puede justificarse en sus resultados, ya que el resto de la evidencia científica disponible no avala el uso de vacunas distintas y transmite un mensaje de confusión y desconfianza en la población sobre la seguridad de las vacunas. Por ello, SEFAC cree que "si existen otras motivaciones para cumplir con la pauta prevista inicialmente deben explicarse para que los colectivos afectados y el resto de la sociedad sean conscientes y puedan entender esta decisión que no goza del consenso necesario que debería regir las decisiones en materia de salud pública".
Igualmente, la sociedad científica señala que "no debería dejarse en manos de la población afectada la decisión de recibir o no una segunda dosis de AstraZeneca si no desea la de Pfizer, tal y como parece haber acordado seguir estudiando" la Comisión de Salud Pública. "Para Sefac este tipo de decisiones necesitan un criterio científico y profesional, y deberían ser aprobadas por unanimidad en el Sistema Nacional de Salud".
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Para Sefac, esta decisión del Ministerio de Sanidad -que debe ser tratada también en el seno del Consejo Interterritorial del SNS- supondría además "un despilfarro en vacunas en caso de que finalmente no se utilicen las dosis de AstraZeneca que estaban previstas en un primer momento".
Por último, la institución profesional reitera "su continua predisposición a colaborar" con el Ministerio de Sanidad y de las autoridades sanitarias de las comunidades autónomas para "contribuir a un mejor abordaje de la pandemia y de la vacunación en beneficio de la población".
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