La temporalidad en el sector público lleva años siendo el dolor de cabeza de cabeza de la Administración y varios han sido los gobiernos que, una vez pasado lo peor de la crisis económica, han prometido ofertas extraordinarias de empleo y reformas en las leyes del funcionariado.
El último en hacerlo ha sido el hoy ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta, que ha asegurado hoy en el Senado que el Gobierno pretende bajar la temporalidad en el conjunto de las administraciones públicas por debajo del 8 % en tres años.
Ya el Gobierno de Mariano Rajoy firmó con los sindicatos CCOO, UGT y CSI-F un acuerdo para hacer una macro-OPE extraordinaria que llegara precisamente a ese objetivo en ese mismo periodo, allá por 2017, y que se ha repetido en años sucesivos, permitiendo tasas de reposición por encima del 100% de las vacantes generadas durante ese ejercicio. Acuerdos que, en la práctica, por lo menos en el sector sanitario, los sindicatos siempre han considerado que se quedaban en papel mojado.
Durante su intervención hoy en la Comisión de Función Pública en el Senado, Iceta ha asegurado que la alta temporalidad en la Función Pública "no es aceptable" y que el Gobierno trabaja para reducirla "de manera sustancial".
Entre otras medidas, Iceta ha adelantado que se reformará el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) de modo que se establezca la obligatoriedad de las administraciones públicas de cubrir, en un plazo máximo de tres años, las plazas ocupadas por personas sin contrato fijo.
Obligatoriedad que, teniendo en cuenta que los programas temporales de interinos no pueden sobrepasar ese plazo, y que ese es el también el periodo máximo en el que deben resolverse las ofertas de empleo público, debería estar asumida. "El objetivo es desarrollar medidas para prevenir y sancionar el abuso y el fraude en la temporalidad, que se ponga el énfasis en su excepcionalidad y se delimite su duración máxima", ha subrayado.
El ministro ha reconocido que la temporalidad afecta a todas las administraciones, aunque ha advertido que es menor en la Administración General del Estado (aproximadamente del 8 %) que a nivel local (13 %) o autonómico, donde en ocasiones supera el 30 %.
En este sentido, el ministro de Política Territorial y Función Pública ha asegurado que se va a reunir con las comunidades autónomas, entidades locales y sindicatos para "reducir la temporalidad, prevenir futuros abusos y estabilizar el empleo. Mi compromiso es que antes de verano las comunidades autónomas, entes locales y sindicatos alcancemos un acuerdo sobre todas estas cuestiones", ha subrayado.
Reforma del Estatuto Marco
La reforma del Estatuto Básico del Empleado Público iría en paralelo a la reforma del Estatuto Marco para el Personal Estatutario, que es la norma por la que se rige la mayor parte del personal sanitario en la sanidad pública española, con muchas similitudes pero también diferencias. Una reforma que, en teoría, el Ministerio de Sanidad tiene en su agenda para limitar la temporalidad y facilitar la cobertura de las plazas menos atractivas.
Hace años, cuando el problema de la temporalidad en la sanidad pública volvió a la agenda mediática a raíz de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, los sindicatos del Ámbito de Negociación pusieron sobre la mesa diferentes propuestas para modernizar esta legislación.
Concretamente, el punto común es reformar el artículo 9, apartado 3 de la norma. Actualmente, el Estatuto Marco apunta que si se realizaran más de dos nombramientos para la prestación de los mismos servicios por un período acumulado de 12 o más meses en un período de dos años, se debe estudiar la creación de una plaza en plantilla.
Las centrales lo tienen claro: la creación de esa plaza debe ser obligatoria. También se pusieron encima de la mesa otras medidas, como indemnizar el cese del contrato temporal o establecer contratos de relevo en casos de jubilación parcial para ir rejuveneciendo las plantillas sin que hubiera un problema con el recambio de personal. Un problema que además puede ser muy grave en categorías como la de médico de Familia.
Más allá del problema de la falta de estabilidad para los sanitarios, sindicatos y organizaciones profesionales consideran que la pandemia ha puesto en evidencia que las plantillas están infradotadas.
Anteproyecto de Ley de Función Pública
Iceta ha anunciado que en septiembre llevará al Consejo de Ministros el Anteproyecto de Ley de Función Pública de la Administración del Estado, un texto que pretende consolidar un modelo de empleo público "profesional, productivo, eficaz y motivador". Uno de los aspectos más novedosos de la Ley será la figura del directivo público profesional, un "elemento clave", según el ministro, que acercará al país a los modelos de función pública "más avanzados".
"Es una figura ya prevista en el estatuto básico del empleado público. Ahora nos proponemos definir sus funciones, requisitos, procedimiento de nombramiento, mandato, planificación y evaluación de su desempeño así como el régimen de conflicto de intereses y cese", ha añadido.
Respecto a los mecanismos de selección de los empleados públicos, el ministro de Política Territorial y Función Pública ha advertido que se van a "repensar" y que se estudiará la viabilidad de un sistema de ayudas dirigidas a aspirantes con "grandes dificultades" para dedicar varios años a preparar una prueba de acceso.
"En mayo presentaremos una estrategia para reformar el modelo de acceso al empleo público, abierta al debate y la participación. El objetivo es lograr una entrada al sector público más ágil y equitativa garantizando los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad", ha resaltado.
via Noticias de diariomedico.... https://ift.tt/3vefDHk
No hay comentarios:
Publicar un comentario