Lo que tanto temíamos ha sucedido de nuevo. La COVID ha vuelto y la situación de marzo puede repetirse, al menos en algunos lugares. Sólo bajo esta creencia se entienden las medidas que acaba de adoptar la Comunidad de Madrid, que confieso que no comparto. Me consta que el confinamiento ha sido la solución de referencia contra la transmisión comunitaria y el colapso de los servicios sanitarios (cuando los había) desde tiempos inmemoriales. Pero lo que no puedo olvidar es que nuestro marco ético y jurídico ha cambiado sustancialmente en los últimos años.
El aislamiento de la persona infectada es el último recurso para evitar la propagación de la enfermedad, dijo el TEDH
Ahora mismo, cada ser humano posee una serie de derechos fundamentales que no pueden ser cercernados de manera injustificada, al menos en cualquier país que se precie de ser un Estado de Derecho. La libertad ambulatoria es, sin duda, uno de ellos. Esto, por supuesto, no significa que no se pueda restringir. El artículo 5 e) del Convenio Europeo de Derechos Humanos, ratificado por nuestro país, permite a los Estados signatarios limitar la libertad de una persona susceptible de propagar una enfermedad contagiosa. Nótese, no obstante, que la restricción se circunscribe a -y sólo a- quien puede difundir la patología. En este sentido, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos detalló, en el Caso Enhorn v. Sweden, de 25 of January 2005, que el aislamiento de la persona infectada es el último recurso para evitar la propagación de la enfermedad, que sólo debería aplicarse cuando se hayan considerado medidas menos severas y se haya comprobado que su insuficiencia para salvaguardar el interés público. Cuando estos criterios no se cumplan, la base para la privación de libertad deja de existir.
Me podrán decir, concedo, que la situación actual se adecúa a lo descrito por el tribunal: ante la imposibilidad de distinguir quién está infectado y quién no, y la falta de alternativas al confinamiento, la medida quedaría plenamente justificada. Permítanme, no obstante, que dude de que esto sea cierto. En marzo, efectivamente, era así. A día de hoy, el escenario está cambiando notablemente gracias a la aparición de las nuevas generaciones de pruebas diagnósticas, ya aprobadas por la FDA, capaces de diferenciar entre personas que suponen un riesgo para la salud pública y las que no lo son con un alto grado de fiabilidad, un coste razonable (unos cuatro euros) y una velocidad notoria (unos quince minutos). A mi juicio (y al de algunos epidemiólogos), su aparición debería marcar un giro decisivo en la gestión de estas crisis, al menos si pretendemos ser respetuosos con los derechos fundamentales de las personas y deseamos, a un tiempo, mantener la actividad económica todo lo activa que sea posible.
Un diagnóstico positivo tiene ahora mismo como consecuencia la restricción casi absoluta de algunas libertades individuales fundamentales
La cuestión, por supuesto, radica en determinar cómo utilizar esta herramienta. Mi intuición es que nuestros gestores planean utilizarlos como sustitutivos de las PCRs, esto es, como instrumentos enfocados al diagnóstico. Creo que sería un error, si lo que se desea es frenar la transmisión comunitaria. Un diagnóstico positivo tiene ahora mismo como consecuencia la restricción casi absoluta de algunas libertades individuales fundamentales. Por desgracia, esto no es fácil de implementar si los diagnosticados no están dispuestos a comportarse como la ocasión parece requerirlo. Y hay muchos que no lo están, ya sea porque no pueden permitirse dejar de ir a trabajar, porque no están dispuestos a renunciar a sus espacios de ocio o porque son negacionistas recalcitrantes que no aceptan el diagnóstico. Cabría, claro, intentar imponer el aislamiento a través de medidas coercitivas, como la geolocalización o las visitas policiales acompañadas de las oportunas sanciones. No es fácil que esto funcione en la práctica, ni parece que nuestro marco jurídico habilite la adopción de medidas de este tipo sin reformas de calado. El ejemplo de Israel, donde los tribunales fallaron en contra del sistema de vigilancia orquestado por el gobierno, podría sernos muy útil ahora mismo. Y eso, por supuesto, sin contar con que muchas personas que muestren síntomas leves evitarán someterse a análisis médicos sabiendo que las consecuencias de un positivo pueden ser perjudiciales para sus intereses.
¿Significa esto que, en último término los test servirán de poco? No lo creo. La cuestión fundamental es que hay que cambiar el foco. No se trata tanto de impedir que los afectados salgan de sus casas, sino que interactúen con personas sanas en escenarios propicios para el contagio. Lo lógico sería chequear nuestro estado sanitario antes de entrar en los centros de trabajo, en el transporte público, en las universidades, etc., porque ahí es donde está el peligro real.
Obviamente, esto no puede hacerse en cada uno de esos espacios aisladamente. No tenemos recursos para esto: ni hay suficientes test, ni tenemos músculo económico, ni podemos permitirnos perder quince minutos cada vez que tengamos que subir a un autobús. Sería mucho más razonable habilitar la realización de las pruebas en centros homologados al efecto (desde farmacias hasta laboratorios universitarios, por ejemplo) a precios subvencionados por la administración para evitar discriminaciones injustas. El resultado negativo funcionaría como certificado de no-peligrosidad que, almacenado en un dispositivo fácil de utilizar para todos, permitiría el acceso libre a espacios compartidos, a los que habría que dotar de lectores sencillos, adecuados y seguros. Este sistema tendría, además, la poderosa ventaja de aliviar las restricciones a la apertura de muchos de esos foros, que pueden sufrir pérdidas considerables si volvemos a las famosas fases iniciales a la desescalada.
Algunas consideraciones
Habrá quien señale que lo que propongo tiene muchos fallos. Me consta que depende de la fiabilidad real de los test (el sistema, obviamente, no sirve si las pruebas no funcionan adecuadamente). Sé también que implica un esfuerzo logístico abrumador, sobre todo en ciudades como Madrid (probablemente mucho menos en Logroño o Pamplona, por ejemplo). El hecho de que hubiera que repetir las pruebas cada pocos días (difícilmente más de cinco, aunque podrían determinarse periodos más largos para algunos colectivos) no ayuda en absoluto. Más aún, concedo que es difícilmente sostenible a largo plazo, salvo que las alternativas que están desarrollando gente tan válida como los biólogos de la Complutense (test rápidos a 40 céntimos, asómbrense) se abran camino, pero tampoco es su objetivo. No debe olvidarse que el objetivo perseguido no es crear un estándar de vida, sino frenar la transmisión comunitaria sin recortar libertades fundamentales (nada más y nada menos) hasta que sea posible volver al rastreo de casos.
Por último, habrá quien diga que esto supondría una intromisión excesiva en la intimidad de los ciudadanos. Permítanme que esto lo ponga en duda. Los resultados de las pruebas se beneficiarían del secreto profesional y nadie intentará entrar en un espacio sin la certificación de no-peligrosidad, con lo que sería difícil concluir nada sobre nuestro estado por la existencia de un sistema como este. Y, en todo caso, no puedo evitar esgrimir dos argumentos en mi defensa: 1) Lo que expongo es una propuesta muy rudimentaria que no pretende sino abrir el prisma del debate; y 2) ¿De verdad sería peor que la situación actual o la que pueda advenir dentro de dos meses?
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