A la Ley 3/2021, de 24 de marzo, de Regulación de la eutanasia, “se acogerán muy pocas personas y serán casos como los protagonizados por Ramon Sampedro, María José Carrasco y otros, porque los cuidados paliativos, en las comunidades autónomas donde funcionan bien, ya ofrecen confort a los pacientes, especialmente a los oncológicos”, en opinión de Josep Arimany, presidente de la Comisión Nacional de Medicina Legal y Forense y de la Comisión consultiva sobre esta cuestión del Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña (CCMC) y director del Área de Praxis del Colegio de Médicos de Barcelona.
Este experto, que creó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Cataluña, considera que es importante informar y formar muy bien a los profesionales de las especialidades y de los ámbitos asistenciales diana (médicos de Familia, gerontólogos, oncólogos, paliativistas, urgenciólogos,…) de esta ley, para poder establecer seguridad clínica y jurídica.
Explica a Diario Médico que la norma pretende dar respuesta jurídica, sistemática, equilibrada y garantista a una demanda de la sociedad actual. Pero admite que el asunto no es simple: “El concepto de eutanasia puede dar lugar a equívocos; siempre hay interpretaciones subjetivas desde muchos puntos de vista y se tiene que evitar la polarización”.
Defiende que no se pueden olvidar los principios fundamentales como el de la vida y la integridad física y moral, y otros derechos como son la dignidad, la confidencialidad y la intimidad, la libertad y la autonomía de la voluntad del paciente. Y que tampoco se puede simplificar el hecho de despenalizar las conductas que impliquen alguna forma de ayuda a la muerte de otra persona.
Aclara, además, que es cierto que España es uno de los primeros países del mundo en regular la eutanasia pero que, en su caso, hay una diferencia notable respecto a, por ejemplo, Holanda: “Allí se comunica a la autoridad cuando ya está hecho y aquí se va a tener que informar previa y posteriormente”.
Sobre el derecho a la objeción de conciencia, aclara que el registro de profesionales objetores no compete a los colegios provinciales sino a las consejerías de sanidad de los gobiernos de las comunidades autónomas, que en las respectivas comisiones especificas (llamadas de Garantía y Evaluación) tendrán representación de las profesiones implicadas, que son medicina y enfermería, y que una de sus funciones será velar por que la nueva prestación pública se pueda ofertar de manera equilibrada en todo el territorio y tanto en el sector público y como en el privado.
En el caso de la comisión que ha creado CCMC ya preparan un documento de buena praxis para los facultativos.
Requisitos fundamentales
La ley establece como requisitos para solicitar la eutanasia tener la nacionalidad española o la residencia legal en España o un certificado de empadronamiento (tiempo superior a 12 meses); ser mayor de edad y tener competencia para decidir. Además, se tendrá que disponer de la información médica del proceso, por escrito, así como de las alternativas terapéuticas.
Habrá una doble solicitud, voluntaria y por escrito (con una separación mínima de 15 días). Y se ha previsto que la casuística sea exclusivamente: sufrir una enfermedad grave e incurable o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante en los términos establecidos en esta ley, certificados por el médico responsable.
Habrá que prestar consentimiento informado previamente y el plazo entre la primera solicitud y la aplicación de la eutanasia será al menos de 25-45 días (los primeros 15 días son los reservados para el solicitante haga dos veces la petición). La resolución por parte de la Comisión de Garantías no deberá tardar más de 10 días y, ante cada una de las solicitudes, la Comisión autonómica designará 2 miembros (médico y jurista) y emitirá una resolución.
Precisa Arimany que el médico que ha asumido este acompañamiento a la muerte es quien se encargará de suministrar o facilitar la medicación que ayude el enfermo a morir y que se podrá realizar en casa, en la residencia, en un hospital o donde decida el paciente. La medicación la administrará el profesional o se le dará al paciente para que la tome por sí mismo. El compromiso que acepta el médico es el de acompañar al paciente hasta el final.
Otros detalles relevantes son que el paciente puede retractarse en cualquier momento y que, si estuviese en coma, no se podría aplicar la eutanasia.
Pone de relieve asimismo Arimany que este tipo de muerte constará oficialmente como natural, “aunque se trata de una muerte violenta (mecanismo exógeno)”; y eso tiene efectos como, por ejemplo, que no tiene que intervenir un juez o que los herederos sí podrán cobrar un seguro de vida.
Arimany admite la complejidad de la aplicación de la ley, que incluye un régimen sancionador, y que implica responsabilidad profesional, civil y penal, aunque modifica el Código Penal vigente (artículo 143), con el objeto de despenalizar las conductas eutanásicas en los supuestos y condiciones establecidos por ella.
Objetivos de la comisión del CCMC
Por otro lado, la comisión que preside Arimany en el CCMC (las corporaciones de médicos catalanes tienen un código deontológico propio, no comparten el de la OMC) se encargará de: difundir entre los médicos los conceptos de la nueva ley; formar los médicos en los aspectos médico-legales y jurídicos de la ley; proteger el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales; garantizar el cumplimiento de los deberes de los profesionales: confidencialidad y privacidad de los pacientes; velar por la normopraxis asistencial y por la seguridad clínica de los profesionales que presten la ayuda para morir; elaborar un protocolo de actuación; colaborar con la Comisión de Deontología del CCMC en aquellas cuestiones derivadas del desarrollo de la propia ley, y colaborar con la Comisión de Garantía y Evaluación del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña.
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