Leyes claras, concisas y efectivas ha sido la principal reclamación al Gobierno en el evento online El camino hacia la sanidad universal en España, organizado por REDER (Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012), que ha abordado cómo garantizar una cobertura sanitaria universal para todos, sin exclusión. Tras la inauguración de Silvia Calzón, secretaria de Estado de Sanidad, ha participa-do Patricia Lacruz, directora general de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia. Ésta ha defendido las buenas intenciones con las que se creó el Real Decreto 7/2018 de 27 de julio, para "recuperar derechos arrebatados" (en referencia al RDL 16/2012 de 20 de abril) "y cambiar el modelo de asistencia sanitaria, vinculándolo a la residencia y no al concepto de asegurado", si bien ponentes como el médico Javier Padilla han recalcado que "fue insuficiente". A su vez, Calzón ha recordado que el Ministerio de Sanidad clausuró ayer un periodo de exposición pública para la elaboración de un proyecto de Ley de medidas para la equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, para el que seguirán -según ha añadido Lacruz- con un "proceso dialogado" y contarán con todas las aportaciones de REDER y de todos los grupos de interés.
En este sentido, Lacruz ha subrayado que este anteproyecto de ley no sólo aborda la universalidad de la sanidad, sino también otros aspectos, como el enfoque de salud en todas las políticas y blindar que no aparezcan nuevos copagos sanitarios. Y se ha referido a que "el RDL 16/2012, al diferenciar la cartera común en distintas carteras, abrió este copago sanitario en la cartera suplementaria y de accesorios". Y ha añadido que están analizando las observaciones, "para lo que hemos creado un grupo de trabajo entre la Dirección general de Migraciones, el Instituto Nacional de Seguridad Social y la Dirección General de Cartera Común de Servicios del SNS y Farmacia para analizar trabajar el anteproyecto de ley conjuntamente".
Hasta que se llegue la aprobación de este anteproyecto de ley, Lacruz ha recalcado que el Ministerio de Sanidad está trabajando también en elaborar unas recomendaciones para las comunidades autónomas para este periodo de transición "y evitar aquellos casos que no deberían estar ocurriendo en el día de hoy".
En concreto, Lacruz se ha referido a que están trabajando para homegeneizar el procedimiento cuando la estancia del migrante es inferior a 90 días, algo que ya está muy adelantado con las comunidades autónomas. "Establecimos ya unas recomendaciones por encima de este período y esperamos en breve consensuar las recomendaciones en este marco menor, para que las situaciones que están ocurriendo puedan tener una solución en el marco de la norma que actualmente está en vigor".
La sanidad universal desde 1986
En la inauguración del encuentro, Calzón ha realizado un repaso histórico desde 1986, con la Ley General de Sanidad: "Desde entonces el acceso universal fue una mejora paulatina y se van incorporando distintos colectivos, con un resultado cada vez mejor hasta 2011, con la Ley General de Salud Pública", ha indicado.
Un punto de inflexión -ha añadido Calzón- fue el RDL de 2012: "Fue un cambio de tendencia y uno los motivos del nacimiento de REDER, en 2013, ya que dejó fuera a las personas extranjeras, no registradas ni autorizadas a residir en España. Esto fue un evento que anuló la vocación universal de nuestro derecho de protección a la salud".
Precisamente, para revertir esa situación, Calzón ha señalado que se hizo con carácter de urgencia el RDL 7/2018: "Para garantizar la universalidad a quienes tuvieran su residencia en España. La pregunta clave es: ¿Es esto suficiente? Entendemos que no".
Calzón ha reflexionado que si algo ha enseñado esta pandemia es a poner de manifiesto las situaciones de extrema vulnerabilidad y que "el virus no nos hace iguales a todos, sino que nos ha hecho ver la importancia de los determinantes sociales".
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Quiénes están excluidos de la sanidad
La casuística de casos reales de exclusión de inmigrantes a la sanidad es muy amplia, como bien ha admitido Lacruz, pero en el seminario han participado portavoces de colectivos. Así, uno de los testimonios ha evidenciado las barreras para acceder ante la necesidad de tener empadronamiento o la situación de los ascendentes familiares que viven en reagrupaciones familiares.
Por su parte, Blanca Gispert, médico de familia en Barcelona y miembro del grupo de trabajo de Inequidades en Salud de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), ha indicado que "los casos de exclusión sanitaria no nos sorprenden demasiado, porque ya alertamos de las carencias del redactado de esa ley" (en alusión al Real Decreto 7/2018 de 27 de julio).
Gispert se ha referido a que actualmente no sólo las mujeres embarazadas pueden quedar excluidas de la atención sanitaria pública, y ha enumerado una larga lista: "menores de edad, personas que requieran atención urgente, personas ascendientes reagrupadas, personas comunitarias que no están cotizando a la Seguridad Social que no pueden figurar como beneficiarias, personas extranjeras en situación administrativa irregular cuyo tiempo de residencia en España es inferior a 90 días... Todos estos colectivos son los que nosotros día a día vemos que, a pesar de la existencia de esa ley, siguen sufriendo situaciones de exclusión sanitaria. Incluso personas con estancia temporal en España superior a tres meses, en Madrid se han empezado a estar excluidas".
La pandemia como oportunidad de cambio
Por su parte, el médico Javier Padilla se ha referido a que el RD 7/2018 ya se dijo antes de su aprobación que sería "insuficiente" y que "iba a generar problemas de cobertura a personas que antes no lo tenían con el RD anterior. Y as-i ha sido. Ahora nos encontramos ante un marco de oportunidad doble", ha señalado.
Ese marco de oportunidad doble obedece -según Padilla- al "planteamiento político favorable a hacer una reforma", en parte por las demandas de la sociedad civil sobre las mejoras necesarias para ese RD de 2018, recogidas en el Dictamen para la Reconstrucción Social y Económico del Congreso de los Diputados, y a este anteproyecto de ley, que parece "la oportunidad perfecta para que se pueda llevar a cabo".
Aparte, ha subrayado que la pandemia, parte de haber dejado muerte y pobreza, ha generado un marco de oportunidad: "Puede actuar de catalizador para aspectos que ya se estaban trabajando previamente", ha indicado.
"Desde 2012 España ha sufrido un incremento de 70 fallecimientos de inmigrantes indocumentados al año"
A su vez, Padilla ha aportado datos que dejan ver la relación entre sanidad universal y mayor esperanza de vida, así como mejores resultados en salud. En concreto, ha puesto dos ejemplos; uno en España y otro en EEUU.
El de España es producto, según ha especificado, del RD de 2012, cuando "hizo un experimento natural, del cual ya hay datos: excluir a los inmigrantes indocumentados de la asistencia sanitaria normalizada, dejándoles solamente urgencia, atención relacionada con embarazo y parto y atención pediátrica, se ha asociado con un incremento de 70 fallecimientos de inmigrantes indocumentados al año".
Igualmente, se ha referido a un mítico estudio realizado en EEUU sobre enfermos de tuberculosis: "Ahí se vio que excluir a migrantes indocumentados de la asistencia sanitaria suponía un retraso en el diagnóstico de la tuberculosis, un incremento de los casos en su entorno y un empeoramiento de los resultados en salud".
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