¿Hay que seguir creyendo en un pacto sanitario?

Es probable que ustedes consideren muy actuales las siguientes ideas y afirmaciones relacionadas con el ámbito sanitario: la atención primaria del Sistema Nacional de Salud (SNS), como puerta de entrada a nuestro sistema sanitario, tiene un importante déficit presupuestario en relación con la atención hospitalaria de ese mismo SNS; la Medicina Preventiva y la Salud Pública no tiene el relieve que se merece como especialidad; el sistema sanitario público mantiene unas relaciones despersonalizadas con los pacientes y con sus familiares; existe una clara desmotivación entre los profesionales sanitarios, la rigidez del sistema sanitario dificulta la labor de los equipos directivos…

Pues bien, todas estas ideas son de… hace ¡28 años! Nada menos que en el año 1991, ante el deterioro que entonces se detectaba en la sanidad pública, el Congreso de los Diputados encargó un estudio que se concretó en el ya famoso Informe Abril Martorell, que, con la inestimable colaboración del recientemente fallecido Ricardo Costas Lombardía (una de las mentes más preclaras del mundo sanitario), no sólo hizo estas denuncias, sino que proponía soluciones concretas. En un editorial de El País, publicado en septiembre de aquel año, ya se advertía a los responsables públicos de que no debían llevar a cabo un debate superficial sobre sus conclusiones. A pesar de ello, aquel informe, siempre rodeado de alabanzas, nunca encontró consenso político para seguir sus consejos.

La sanidad se maneja en las comunidades, y se ha convertido en una jugosa materia para el conjunto de los partidos

Desde entonces han llovido muchos conatos de consenso sin que ninguno fructificara, tanto en el ámbito nacional como autonómico. El último fracaso, muy reciente y llamativo, se ha vivido en el Consejo Interterritorial del SNS, convocado en vísperas de la campaña electoral, donde se discutía un proyecto para la Reforma de la Atención Primaria. Primero dejaron su cargo los dos técnicos que habían sido designados por el Ministerio de Sanidad como coordinadores oficiales de ese proyecto; luego, hizo acto de aparición el crudo partidismo político, más preocupado por el desarrollo del proceso electoral que por la sanidad pública, y, por último, fueron los propios sectores profesionales los que acabaron disparando en todas direcciones.

Fracasos autonómicos

En el ámbito autonómico, los consensos fracasados son incontables. Como ejemplo, cabe citar el reciente Compromiso para la mejora de la Sanidad Pública de Canarias, un documento riguroso, patrocinado desde la actual Consejería de Sanidad, con la colaboración de los colegios profesionales, los sindicatos, las sociedades científicas y colectivos ciudadanos. Presentado en el parlamento autonómico canario, sólo un partido minoritario le prestó un tibio apoyo; el resto, desde el Partido Popular hasta Podemos, lo rechazaron en su totalidad sin ninguna enmienda de tipo técnico, simplemente dejando a todos los firmantes como unos incautos que habían caído en una trampa política.

Si ostentas el Gobierno central, manejas la ‘consejería’ con mayor presupuesto y generas empleo en ‘cargos de confianza’

La sanidad se maneja en las comunidades autónomas, y se ha convertido en una jugosa materia para el conjunto de los partidos políticos. Si ostentas el Gobierno central, manejas la consejería con mayor presupuesto y, además, generas mucho empleo en cargos de confianza para aquellos que no tuvieron su opción en las listas electorales; si estás en la oposición, no hay tema más rentable que la sanidad pública, con sus listas de espera, movimientos privatizadores, deshumanización…

Hace tres meses, en este mismo diario, el médico, científico y exministro de Sanidad Bernat Soria, en una jornada organizada en el Senado por la Fundación Bamberg, decía que “el único inconveniente para el pacto por la sanidad son los partidos políticos”, porque -añadía- “con los profesionales no hay problema para lograrlo”.

Si perdemos la esperanza de arreglar la sanidad a través de grandes pactos políticos, ¿qué hacer? No cabe otra que, desde las organizaciones profesionales y sociales, forzar a la Administración autonómica para que legisle, paso a paso, en beneficio de la sanidad de todos; pasos que socialmente sean difíciles de desmontar para cualquier otra administración. No parece haber otro camino para la sociedad civil.

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