Ciudadanos presentó la semana pasada una iniciativa en el Congreso de los Diputados para incorporar al Código Penal -añadir un nuevo apartado al artículo 362- el delito contra la salud pública por el uso de pseudoterapias en cáncer u otras enfermedades graves, de modo que los responsables de ofertar y consumar este tipo de pseudotratamientos alternativos sin aval científico tengan mayor condena que una simple multa administrativa, como sucede ahora. La clave de esta reforma sería la de penar, con entre seis meses y 4 años de cárcel, la promoción y uso de alternativas a las terapias médicas originando con ello una pérdida de oportunidad terapéutica en el caso de enfermos con alto riesgo vital.
Resulta sorprendente que en 2018, con el nivel de conocimiento científico-técnico alcanzado en Medicina y con el sistema sanitario que tenemos en España, estemos perdiendo tanto tiempo en debatir sobre cómo hacer frente a las pseudoterapias, ya sea promovidas por intrusos (no sanitarios) o por médicos. Cómo olvidar, e ignorar, la imagen de la mama con cáncer de una paciente que murió por no recibir tratamiento médico efectivo a tiempo (siguió una pseudoterapia) que el oncólogo Joaquim Bosch-Barrera difundió, indignado, en redes sociales. ¿Cuántos casos más como éste ha habido, hay y habrá, si no se adoptan medidas eficaces?
De ahí que la iniciativa parlamentaria de Ciudadanos deba ser aprovechada y tramitada cuanto antes, algo que seguro que secundará el Gobierno de Pedro Sánchez, a juzgar por las declaraciones vertidas por sus ministros de Sanidad y Ciencia acerca de la homeopatía y las pseudoterapias.
Pero mientras esa acción no se materializa, la profesión médica tiene que ponerse al frente, ejerciendo su autorregulación, más allá de las declaraciones, decálogos y posicionamientos. ¿Cómo se entiende que a estas alturas del siglo XXI el Consejo de Colegios de Médicos de Cataluña tenga que estar recordando a los profesionales que “deberán informar al paciente de la necesidad de no abandonar ningún tratamiento necesario y advertirle de manera clara que el tratamiento complementario no es una alternativa terapéutica y que no es sustitutivo de ningún tratamiento” o que “los tratamientos sin validación científica o que no figuren en guías o manuales de práctica clínica u otro documento equivalente apoyado por una sociedad científica para procesos específicos se deben pautar siempre de forma complementaria al tratamiento de base (…)”? Mal vamos si los propios médicos no son capaces de resolver este asunto entre sus filas.
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