Ha sido en el XXXI Congreso Nacional de Derecho Sanitario que se está celebrando estos días en el Novotel Madrid Center. En la mesa titulada "Salud Mental y precariedad laboral. La gestión de los riesgos psicosociales", Mónica González Sanz, fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid en la sección de Discapacidad y tutelas, ha soltado el dato: "En Madrid capital hay un juzgado que solo hace internamientos involuntarios y hay, al menos, cincuenta al día por motivos psiquiátricos y de residentes. Me sorprende que desde la pandemia tenemos muchos internamientos por enfermedad psiquiátrica de menores. Algo está pasando", apunta.
La fiscal Mónica González, a la que todo el mundo conoce como "Queca", según apunta, admite que la información sobre los internamientos forzosos "puede que no se enmarque exactamente dentro del contenido de la mesa de debate, pero el tema es algo que preocupa". Y, además, alude a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que da un buen tirón de oreja a España, pues condena al país por no haber respetado el derecho a la representación legal, por medio de un abogado, a un paciente psiquiátrico ingresado en un centro en contra de su voluntad.
"Esa sentencia ha dolido mucho", admite. Ha resonado en la sección judicial madrileña de la que forma parte la fiscal, pues, realmente, el reproche del TJUE es para los encargados de velar porque se cumplan los derechos fundamentales de los pacientes en estos procesos de retención por motivos médicos en contra de la voluntad del afectado. Son medidas excepciones, en la teoría, pero con el dato que ofrece la fiscal, parece que la excepcionalidad no es tal.
Eso sí, que nadie malinterprete, González defendió sin fisuras el buen hacer de juzgados y fiscalía en estos procesos. "Respetamos los plazos que impone la ley para aplicar esta medida, que es algo muy serio". Y tanto. Este tipo de retenciones pueden deslizarse hacia el delito de secuestro o detección ilegal con relativa facilidad.
Los tiempos que marca la ley son claros. El centro psiquiátrico tiene 24 horas para comunicar el ingreso forzoso del paciente y el juzgado tiene 72 horas para ratificar la legalidad de ese internamiento y darle el aval necesario para que esta medida sanitaria cuente con las garantías obligadas en un estado de derecho. Poca broma. "Los plazos se cumplen", reitera la fiscal de Madrid.
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