Antonio María Sáez Aguado dice adiós a la Consejería de Sanidad de Castilla y León y también a la política. “Se va el presidente de la comunidad [Juan Vicente Herrera] y yo también”, afirma. Tras las elecciones autonómicas y municipales del 26 de mayo, recuperará su puesto de funcionario. Pero hasta que eso llegue, sigue llevando la batuta de la Sanidad castellanoleonesa con decisión. Fue uno de los consejeros del Partido Popular que abandonaron el monográfico de Atención Primaria celebrado en el Consejo Interterritorial del pasado 10 de abril, con críticas hacia el oportunismo político y la falta de financiación de la propuesta del Ministerio de Sanidad para reformar el primer nivel asistencial.
“El problema de la financiación es diario y no es posible que el Interterritorial no diga nada”
Diario Médico realizó esta entrevista con el consejero Sáez Aguado una semana antes del citado Interterritorial, donde el protagonista ya dejó clara su postura: “El ministerio parece que tiene unas prisas electorales muy peligrosas. Algunos ya hemos advertido que no estamos por la labor de tener otro documento académico que no suponga cambios, ni compromisos efectivos. En la estrategia presentada por Sanidad no hay ninguna valoración del impacto presupuestario”.
Es el más veterano de los consejeros y, por tanto, con más reuniones del sector a sus espaldas. Con esa experiencia afirma que si “el Estado [en referencia a la Administración central] ejerciera adecuadamente sus competencias en el ámbito sanitario y si el Interterritorial tuviera más capacidad resolutiva, las cosas irían mejor”.
“Con cinco tratamientos con T-CAR pagamos la vacunación de la meningitis B en la comunidad”
Reconoce que “el Interterritorial realiza labores de coordinación y no de gobierno del sistema”, cuando, a su entender, “debería ser el máximo órgano de Gobierno del Sistema Nacional de Salud”. Esta línea de actuación equivocada “es la actual, pero también la de anteriores equipos ministeriales”. Recuerda e insiste en que el Gobierno central “tiene competencias muy importantes, no solo de coordinación y no solo en política farmacéutica. También tiene la competencia de establecer las bases de la Sanidad”.
Antonio María Sáez Aguado, consejero de Sanidad de Castilla y León, durante la entrevista con Diario Médico.
Sobre la propuesta de reformar el reglamento del citado Consejo (que fue impulsado en la etapa de Dolors Montserrat, con la idea de que las decisiones que se tomaran en este grupo fueran vinculantes) asegura que “ha quedado olvidado en este nuevo equipo ministerial y perdido en un debate jurídico un poco absurdo”. Así que “prácticamente no se vota en el Consejo. Se aprueban las cuestiones por consenso o se dan las cosas por informadas”.
También está durmiendo el sueño de los justos la propuesta de realizar un encuentro monográfico sobre financiación sanitaria. Según recuerda, un tercio de las comunidades autónomas solicitaron por escrito al ministerio la celebración de esta reunión, “en una iniciativa que lideré”, afirma. “El secretario general de Sanidad, Faustino Blanco, nos respondió en noviembre que tenía predisposición para la celebración de ese Interterritorial monográfico, pero sin fijar fecha, ni nada”. Con contundencia señala: “No es posible que el Interterritorial no diga nada sobre financiación, cuando sabemos que es un problema del día a día”.
“El Sistema deberá incorporar a nutricionistas, estadísticos, ingenieros de datos, ópticos… “
Sobre el copago, Sáez Aguado defiende “una aportación en función del nivel de renta, con carácter general”. Explica que “antes de la modificación del 2012 teníamos una división en función de si la persona era activa o pensionista. Era una división franquista y se daba la paradoja de que un parado sin subsidio tenía que pagar el 50 por ciento y el señor Botín, que en paz descanse, no pagaba nada porque era pensionista. Se modificó y hubo 800.000 personas (parados sin recursos, etcétera) que dejaron de pagar. A partir de ahí, el esfuerzo se ha pedido a los pensionistas con límites mensuales. Ahora, estamos a la espera de que el Gobierno y el PSOE, que hicieron bandera de este tema, haga algo. Además, no es una decisión que se pueda tomar a nivel autonómico”. Pero opina: “Habría que poner tramos de aportación y estudiar situaciones más concretas: familias donde hay varios enfermos crónicos, niños con discapacidad, con enfermedades raras, niños con cáncer…”.
“Los médicos que han querido continuar su actividad más allá de la jubilación, han podido”
Castilla y León tiene 3.660 consultorios locales; es decir, uno de cada tres consultorios en España está en esta comunidad. Hay centros que atienden a núcleos de población de diez habitantes. “Esa singularidad hace que nuestra Primaria sea accesible”, añade. Efectivamente, de este panorama complejo, el consejero no se queja. Bien es cierto que ahora está de salida, pero a su llegada se encontró con importantes movilizaciones en las zonas de La Arribes (Salamanca y Zamora) y otros puntos de la extensa geografía autonómica en contra del cierre nocturno de centros de atención continuada. La medida no se llevó a cabo, ¿por qué? Recuerda que, entonces, hubo “un acuerdo político que vinculaba esas modificaciones a una ordenación del territorio”.
En todo caso, esta singularidad aporta problemas añadidos a la gestión de recursos humanos. “Las bajas de profesionales se acusan más que en otros territorios”. En este sentido, la Consejería ha aprobado un decreto de medidas urgentes para incentivar los puestos de difícil cobertura. De esta regulación, el consejero destaca que “recupera la productividad variable, suspendida con la crisis, facilita el contrato a residentes que hayan finalizado su especialidad en los últimos tres años y promueve el transporte para la atención en zonas rurales”.
“Hemos recuperado la productividad variable para los profesionales, que quedó suspendida con la crisis”
En los próximos cinco años, el 50 por ciento de los médicos que trabajan en ámbito rural se jubilarán. A esta realidad, Sáez Aguado responde: “Desde hace tres años, a cada médico que cumple su edad de jubilación y solicita continuar, se lo autorizamos. El 30% de los médicos de Primaria pidieron seguir trabajando y se lo concedimos”. Además, añade: “Hemos habilitado a los extracomunitarios a trabajar para el Sacyl”, como otra medida para atajar el déficit de facultativos.
Salario de profesionales
Ante las críticas vertidas por la oposición en relación a los bajos salarios de los sanitarios, responde: “Las retribuciones en el Sacyl son similares a las de cualquier otro territorio. Los médicos que empiezan a trabajar cobran un poco menos y los que llevan un tiempo, un poco más que la media nacional. Salvo la comunidad de Murcia, que tiene retribuciones superiores, nos podemos comparar con cualquier otra comunidad”.
Recuerda que su servicio de salud ha creado la categoría profesional de médico de Cuidados Paliativos, pues “merecen un reconocimiento específico”. Admite echar en falta otros perfiles profesionales “como nutricionistas, ópticos, podólogos. Y luego perfiles que afectan más a la innovación, como estadísticos, ingenieros de datos y biomédicos”.
Entrevistas recientes a consejeros de Sanidad
Defiende su decisión de introducir la vacuna de la meningitis B dentro del calendario autonómico. “A veces un esfuerzo presupuestario en vacunas o prevención cuesta muchísimo menos que un esfuerzo presupuestario en asistencia. Con cinco tratamiento con células T-CAR financiamos la vacunación de la meningitis B en toda la comunidad”.
En relación a estos tratamientos, Sáez Aguado apunta que el Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Salamanca está preparado para formar parte de los centros de referencia (CSUR) para T-CAR. “A los criterios técnicos propuestos por el ministerio para la incorporación de hospitales a la red nacional de estas terapias, nosotros hemos propuesto criterios territoriales. Si esto se limita a Madrid y Barcelona, la red es incompleta”.
Sanidad Penitenciaria
Sobre las transferencias en Sanidad Penitenciaria admite que se debe dar cumplimiento a lo que establece la Ley de Cohesión y transferir estas competencias a las autonomías. “Hay un problema de dotación presupuestaria. El Estado dice: le transfiero lo que tengo y apáñeselas. Yo les digo, que si me encargo de esas competencias, debo ejercerla en condiciones”, añade. Ahora está pendiente de que el Supremo resuelva un recurso presentado por la autonomía por el pago de la asistencia hospitalaria a presos. La jurisprudencia reciente sobre esta cuestión apunta a que Castilla y León ganará el juicio e Instituciones Penitenciarias pagará la factura. Puede que Sáez Aguado celebre este triunfo fuera de la Consejería.
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