El enfrentamiento entre el Ministerio de Sanidad y la Comunidad de Madrid por la falta de un registro de objetores al aborto autonómico es una herida que sangra, porque no termina de cicatrizar. Tras el auto dictado por la Sala Contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid el pasado marzo, el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso publicó en el Portal de Transparencia de la Comunidad de Madrid, el 1 de abril de 2026, el proyecto de Orden de la Consejería de Sanidad para la creación del registro, como paso previo y necesario para poner en marcha esta herramienta prevista en la Ley del aborto 1/2023 y en cumplimiento del mandato del auto judicial.
El proyecto de orden estuvo en consulta pública durante un mes, es decir, hasta primeros de mayo de este año y, desde entonces, no ha habido ningún otro movimiento. Ante esta "demora", la ministra de Sanidad, Mónica García, anunció en una rueda de prensa, el pasado 22 de septiembre, que había pedido a la Abogacía del Estado que llevara a cabo "todas las medidas que fueran oportunas" para obligar a Madrid a culminar el trámite del registro.
A las palabras de la ministra de Sanidad respondió Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno autonómico celebrada un día después, el 23 de septiembre: "Estamos cumpliendo con el TSJ de Madrid", afirmó, insistiendo en que el Gobierno regional "siempre protege la vida".
Este medio ha preguntado a la Comunidad de Madrid sobre esta cuestión y fuentes oficiales del Gobierno autonómico han insistido en que "en Madrid la ley se cumple" y "como prueba de ello", aportan los siguientes datos: en 2025 se practicaron en la Comunidad de Madrid 20.000 abortos, de los que 3.000 correspondieron a mujeres procedentes de otras comunidades autónomas, destacando Castilla-La Mancha con 2.000 interrupciones voluntarias del embarazo (IVE).
Asturias deja sola a Madrid
Además de Madrid, la otra comunidad autónoma que a principios de septiembre todavía no contaba con un registro de objetores al aborto era Asturias. Sin embargo, este lunes 28 de septiembre, el Consejo de Gobierno del Principado de Asturias aprobó el decreto por el que se crea y regula el registro de profesionales sanitarios objetores de conciencia al aborto.
El registro, de carácter autonómico y no público, estará adscrito a la gerencia del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y servirá para planificar los recursos humanos necesarios para garantizar esta prestación sanitaria, según informó el portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez.
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