¿Un ministerio sin casi competencias?

Nos hemos instalado en la idea de que el Ministerio de Sanidad casi no tiene competencias, tras los traspasos a las comunidades autónomas (el Ingesa aún gestiona la sanidad de Ceuta y Melilla); algo que incluso he oído en sede ministerial. Y nada más lejos de la realidad, tal y como un grupo de expertos recordaron días atrás en un debate organizado por el Cercle de Salut en el Colegio de Economistas de Cataluña, en Barcelona, en el que tuve el placer de actuar como moderadora. Los frentes en los que el ministerio (Gobierno central) tiene la competencia exclusiva y la batuta del Sistema Nacional de Salud (SNS) son varios y muy relevantes: legislación básica, salud internacional, medicamentos, cartera de prestaciones, copago, cohesión interterritorial y calidad, formación y competencias de los profesionales de la salud, funcionariado, administración y compra pública y, por si fuera poco, la titularidad de la mayor parte de hospitales y grandes ambulatorios (sigue en manos de la Seguridad Social).

El citado debate celebrado en Barcelona para analizar, desde el punto de vista técnico (que no político), la dependencia de la sanidad autonómica del Gobierno central, permitió comprobar que para perfeccionar, actualizar y afianzar el SNS tienen que ir de la mano administración central y autonómicas, cada una con sus respectivas competencias. Y diría más: todos los partidos políticos con representación en los parlamentos autonómicos y Congreso y Senado que, en esto de la sanidad, deberían ir todos a una puesto que se trata de un pilar básico del Estado.

Por suerte, buena parte de la normativa sanitaria nacional actual, como recientemente recordamos con motivo del cuarenta aniversario de la Constitución, contó con el consenso político mayoritario, lo cual nos invita a pensar que podría seguir siendo así en el futuro. En esta edición recogemos opiniones y propuestas de los partidos en liza en las elecciones generales del día 28 de abril (28A), que, salvo algunas ideas extravagantes o poco realistas, permiten entrever que, al margen de las tácticas partidistas y la demagogia, sí habría espacio para un Pacto de Estado de mínimos en materia sanitaria que en los próximos lustros garantizase que, gobierne quien gobierne, las políticas y las reformas acordadas hoy seguirían su curso sin sobresaltos, marcha atrás ni más dilataciones en el tiempo.

La sanidad, la pública pero también la privada y todo el sector productivo y económico que se mueve a su alrededor, es un bien preciado por todos los ciudadanos… un bien nacional. Esperemos que el resultado del 28A le (nos) sea favorable.

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