La pandemia de la covid-19 puede haber generado malestar y denuncias por la atención médica o sanitaria practicada, pero en ningún caso los profesionales sanitarios concretos han sido el foco de éstas. Así se ha puesto de manifiesto durante el IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (Adscv) en colaboración con la Universidad CEU-Cardenal Herrera.
Será importante ver cómo los tribunales analizarán y tratarán las denuncias por los estragos del covid indirecto (retrasos o paralizaciones en tratamientos o diagnósticos), un aspecto abordado específicamente en la mesa titulada Covid 19: ¿Fuerza mayor? Denuncias a los profesionales sanitarios. Consecuencias jurídicas y su impacto en los seguros de responsabilidad civil del personal sanitaria, moderada por la decana de la Facultad de Derecho, Empresa y Ciencias Políticas de la Universidad CEU-Cardenal Herrera, Esperanza Ferrando. Los ponentes de esta mesa han coincidido en que, hasta la fecha, se han recopilado o gestionado muy pocas denuncias contra profesionales sanitarios concretos, sino que fundamentalmente van dirigidas a administraciones y gestores sanitarios públicos y privados, incluyendo las residencias de ancianos.
La mayoría, sobreseidas
Además, la mayoría de las actuaciones han acabado con el sobreseimiento del caso o se encuentran en diligencias que presumiblemente llevarán a la misma conclusión. Según Teresa Gisbert, fiscal superior de la Comunidad Valenciana, “las fiscalías han abierto muy pocas diligencias y prácticamente todas se han archivado ya”, apuntando que no hay “ninguna denuncia con nombres y apellidos” de profesionales sanitarios. En su experiencia, la inmensa mayoría de las denuncias y querellas han sido, de hecho, “no por mala praxis o negligencia, sino por trato recibido, falta de información, desconocimiento o pensar que protocolos no se han cumplido”. Y todo ello, según Gisbert, “no es constitutivo de delito”, sobre todo porque “los protocolos médicos se han cumplido en todo momento; y si no era así, no fue por mala praxis sino por falta de medios”.
Jaime Noguera, responsable legal de Sham en España (Grupo Relyens), ha incidido en que se han recopilado “muy pocas denuncias contra personal sanitario” y que estas han sido dirigidas más contra gestores sanitarios y Administración, mientras que Ignacio Megía, director de siniestros de Berkley España, ha apuntado que su compañía ha recibido “más de 2.000 reclamaciones” y solo dos de ellas eran “por supuestos errores en el tratamiento de la enfermedad”.
Megía ha considerado que la situación de pandemia por covid-19 hay que circunscribirla precisamente a una primera fase (más o menos los tres meses iniciales de confinamiento), donde existía una falta evidente de medios. Y a efectos de responsabilidad, sobre todo a nivel penal, “no creo que pueda plantearse la responsabilidad de los profesionales, ya que se actuó con arreglo a la lex artis”.
A modo de ejemplo, Noguera también ha incidido en “el difícil encaje por la vía penal de la situación producida, por ejemplo, por una priorización en la UCI”.
Respecto al aseguramiento, Megía ha reiterado que “la reclamación derivada de la covid estaría y debería estar plenamente cubierta por la póliza de seguros, excepto si hay una exclusión concreta de riesgos derivados de pandemia”.
Covid indirecto
Noguera ha apuntado que un reto de futuro es ver cómo se encaja el fenómeno del “covid indirecto”, entendido como los retrasos o paralizaciones en tratamientos o diagnósticos de otras patologías por la situación de pandemia. En su opinión, será interesante ver cómo los tribunales analizan y valoran la “perdida de oportunidad” en las reclamaciones, aunque ha recordado que “dado que la Justicia está saturada”, es difícil que la doctrina se fije a corto plazo.
Por último, en sus intervenciones, los tres ponentes y la moderadora han reiterado el agradecimiento a los profesionales sanitarios por su labor y esfuerzo durante la pandemia de la covid-19, en especial en las épocas iniciales de incertidumbre y falta de medios.
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En la misma sintonía, Javier Moreno Alemán, socio director de MBE Moreno Boj & Equipo, explicó que ante las reclamaciones por covid que se pudieran presentar "los sistemas sanitarios y sus profesionales no están para afrontar una batalla judicial" y apeló a una colaboración público-privada para responder a las posibles compensaciones por daños.
Rosalía Fernández Alaya, magistrada, presidenta del Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, explicó que en España hace falta "una regulación específica para la mediación en el ámbito contencioso, que sí hay en otros ámbitos como el civil y el familiar incluso en el ámbito penal". Pero no solo eso, "nos falta una cultura de mediación, no solo de las personas, sino muy principalmente de las instituciones, que sean conscientes de que hay otras formas, que no es la vía judicial, para resolver estos conflictos".