La penúltima condena judicial que se ha conocido por agresión a un sanitario es del 28 de julio de este año: cuatro meses de prisión por un delito leve de amenazas y un delito de atentado contra funcionario público para una mujer que agredió a una médica del centro de salud de la barriada sevillana de Palmete, quien se tuvo que atrincherar bajo llave en una dependencia del centro. Además, se le impuso una orden de alejamiento de 300 metros respecto del lugar de trabajo de la facultativa durante cuatro meses, una multa y el pago de las costas procesales.
"La rapidez de la respuesta judicial evita que estos procedimientos se prolonguen durante años y lanza un mensaje claro: agredir a un sanitario tiene consecuencias penales", ha destacado el Sindicato Médico de Sevilla a la luz de esta resolución.
Ni salga tan cara, ni valga la pena
Y es que desde los poderes del Estado se están moviendo cosas para que los delitos de atentado contra los sanitarios "no valgan la pena" y que la valentía de estos profesionales "no salga tan cara", como decía Joaquín Sabina en su canción.
Además de los pasos dados en el campo judicial para endurecer estas penas, en esta información vamos a repasar el camino recorrido en el ámbito legislativo, con la aprobación de leyes autonómicas que imponen duras multas a los agresores en vía administrativa y contemplan medidas de prevención.
Galicia y la Región de Murcia han sacado adelante su propia norma, mientras que Cataluña, Valencia y, más recientemente, Andalucía, están trabajando en el mismo sentido. Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra, aunque no tienen una ley específica, recogieron en leyes sanitarias autonómicas aprobadas hace más de quince años, un régimen sancionador, que contemplan multas a los agresores. Estas leyes son la Ley 5/2010, de Derechos y Deberes en materia de Salud, en Castilla-La Mancha; la Ley 8/2010, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, y la Ley Foral 17/2020, de Derechos y Deberes de las personas en materia de salud, de Navarra.
Eduardo Osuna, catedrático de Medicina Legal
Para analizar los elementos clave de esta corriente legislativa hemos hablado con Eduardo Osuna, catedrático de Medicina Legal y Forense de la Universidad de Murcia y miembro de la Junta Directiva de la Asociación Juristas de la Salud, que conoce de cerca estas dos normas.
Osuna reconoce que "en la estrategia contra la violencia en el ámbito sanitario, la novedad es la reciente aprobación de dos normas autonómicas, la Ley 3/2026 de Galicia y la Ley 2/2026, de la Región de Murcia", que valora "muy positivamente", pues, "de alguna forma, los profesionales se sienten más acompañados y protegidos por leyes promulgadas en el entorno geográfico en el que desarrollan su labor".
Pregunta.
¿Qué diferencias y similitudes hay entre las dos leyes autonómicas?
Respuesta.
En lo que respecta a la aplicación de la ley hay algunas diferencias entre estas normas. La gallega se refiere a todo el sistema sanitario, tanto de titularidad pública como privada y a todos los profesionales que realizan actividad sanitaria sea de carácter asistencial o no asistencial, como por ejemplo el transporte sanitario. Sin embargo, la ley murciana se aplica a la red sanitaria pública y a los centros privados vinculados al Servicio Murciano de Salud para la prestación de la asistencia sanitaria pública.
Ambas normativas establecen, qué conductas constituyen infracciones administrativas y fijan sanciones económicas elevadas para el agresor desde una perspectiva administrativa. En Galicia fijan multas que, en caso de que las agresiones sean consideradas ataques muy graves, pueden llegar hasta los 15.000 euros, y en la Región de Murcia hasta los 30.000 euros.
La protección que recogen estas normas no alcanza solo a la integridad física y moral del profesional, sino también al patrimonio personal del profesional sanitario y del resto del personal del centro sanitario.
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