“En épocas de crisis, hay países que invierten más en educación… y otros como España”

Catedrático de Anatomía Patológicaa Veterinaria y rector de la Universidad de Córdoba, José Carlos Gómez Villamandos es, desde el pasado mayo, presidente de los 76 rectores españoles. Debería ser un interlocutor clave del Gobierno en temas como la futura Ley de Universidades, la financiación de la enseñanza superior, el déficit de profesores, la acreditación docente…, pero tiene la sensación de que el Gobierno (todos los gobiernos) le escuchan poco… y, con él, a toda la comunidad universitaria.

Pregunta. La CRUE es, o debería ser, el interlocutor clave entre la Administración y los profesionales universitarios. ¿Tiene su presidente la sensación de que lo es?
Respuesta. Mire, hemos pasado de que se nos oiga a que se nos escuche, y ahora necesitamos que nos hagan caso, que es el gran paso que todavía nos falta.

P. ¿Hasta qué punto les escuchan cuando siguen ausentes de la Conferencia General de Política Universitaria, que es el órgano donde se cuece todo lo que afecta a la comunidad universitaria?
R. Admito que estar en esa Conferencia y en el Consejo de Política Científica son dos grandes asignaturas pendientes, y recientemente hemos vuelto a pedirlo. No queremos protagonismo, sólo tener voz y que nos dejen escuchar. Creo que nuestra ausencia es un síntoma más de la desconfianza, del desconocimiento de la clase política sobre el potencial que tiene la comunidad universitaria e investigadora. Cuando hay crisis, hay países que invierten más en educación e investigación y otros, como el nuestro, que hacen exactamente lo contrario.

P. Los rectores llevan años hablando de la urgente necesidad de una nueva Ley de Universidades. ¿Qué debería contener inexcusablemente esa norma?
R. De entrada, no debe confundirse la urgencia con la rapidez. Hay que abordarla ya, pero de manera pausada e integral, porque esa ley debe sustanciar cuál debe ser el futuro de nuestra universidad o, dicho de otro modo, qué sociedad queremos tener dentro de 10 ó 15 años. Creo que todos coincidimos en que hace falta una universidad que mejore su actividad docente e investigadora, que mejore su capacidad de transferencia y que siga siendo un referente social en determinados temas. La ley no es un fin, sino una mera herramienta para lograr esos fines, y hacerlo a largo plazo; si nos planteamos la ley para atajar problemas de hoy, nos estaríamos equivocando.

P. ¿No tiene la sensación de que siempre que hay un problema se invoca la necesidad de una ley para abordarlo?¿No hay ya demasiadas leyes que no se aplican?
R. En nuestro caso, ese marco legislativo debe dar ciertas garantías de certidumbre donde hoy no la hay: definir bien la carrera profesional, que sólo existe nominalmente, sobre todo en la fase inicial, en el acceso a la docencia; el mecanismo de financiación de la universidad pública, que, además, debe servir de referencia para la privada; aspectos clave como la autonomía y la gobernanza universitaria, ambos muy relacionados con la financiación; los mecanismos y herramientas de rendición de cuentas… Todos estos temas se tienen que abordar en una ley moderna y, ojo, en la que la universidad se vea reflejada, porque sería un craso error hacerla de espaldas a la universidad, como ha pasado en Reino Unido, que ha hecho una ley escuchando mucho a otros sectores, pero no al estrictamente universitario; ha pasado en Hungría, en Turquía, casi pasa en Polonia… Aprendamos de los errores de otros países de nuestro entorno.

“Ahora mismo hay universidades que no reciben ni el dinero suficiente para pagar sus nóminas”

P. La infrafinanciación de la universidad española se ha convertido ya en un mantra de la comunidad docente. ¿En cuánto cifraría el porcentaje de incremento que necesita la partida universitaria?
R. No sabría darle una cifra exacta, entre otras cosas porque la financiación viene por las autonomías; por cierto, que éste es un tema que quizás habría que abordar, porque cuando el dinero pasa de la Administración central a la autonómica no sé si es todo lo finalista que debiera. De entrada, parte de la financiación universitaria viene por las matrículas, pero su precio es tan dispar por comunidades que la igualdad de oportunidades y la equidad están totalmente rotas; en el caso de Medicina, por ejemplo, esas diferencias son abismales. En este contexto es difícil hablar de un porcentaje de incremento unitario, porque, si las tasas bajan, habrá que compensar a las comunidades autónomas con incrementos paralelos de financiación muy dispares; aumentos que, por cierto, no se han producido hasta la fecha cuando han bajado los precios de las matrículas. En esencia, haría falta una financiación suficiente para abrir la facultad todos los días -porque ahora mismo hay universidades que no reciben lo suficiente ni para pagar las nóminas-, además de una financiación per cápita destinada a investigación, que también debería aumentar, porque la media autonómica actual está sólo ligeramente por encima del uno por ciento.

P. Más allá de los problemas financieros, ¿no tiene la sensación de que la universidad ha perdido parte del prestigio social que tenía en otro tiempo?
R. Disiento. Otra cosa es que determinados medios de comunicación de ámbito nacional cuestionen sistemáticamente la actividad y funcionamiento de la universidad española, basándose en clasificaciones de dudosos rankings. España ocupa ahora mismo el décimo puesto mundial en los indicadores estrictamente universitarios, cuando ocupamos el puesto 14º, o por debajo, en otros indicadores tan relevantes como los económicos o los sociales. Más allá de esas campañas, cuyos motivos no entro a valorar, lo cierto es que el prestigio, tanto social como administrativo, que las universidades tienen en su propia ciudad, en su territorio, sigue siendo inmenso.

“¿Queremos tener una universidad entre las cien mejores del mundo o 38 entre las mil primeras, como ahora?”

P. Le noto un cierto escozor con los rankings…
R. No, escozor no, pero hay rankings muy fiables y tremendamente objetivos, como el de Shanghai (Academic Ranking of World Universities, ARWU) y otros más dudosos, con los que no podemos estar obsesionados. Quizás la clave es hacerse una pregunta como país: queremos tener una universidad entre las cien mejores del mundo o 38 entre las mil mejores, como ahora tenemos. Todas las universidades inglesas no son Oxford o Cambridge, y España es, después del Reino Unido, el país por millón de habitantes con más universidades en el ranking de las mil mejores del mundo. En suma, lo que se pone a disposición de la sociedad española es mejor que lo que ofrecen el resto de países de la UE. Por supuesto que está bien tener una universidad de excelencia, ¿pero no es mejor que todo ciudadano español tenga a 50 ó 70 kilómetros de su casa una universidad entre las mil mejores? El ranking de calidad universitaria español es muy similar al de calidad de los hospitales, y ahí somos punteros en el mundo.

P. Pero la CRUE engloba a 76 universidades (50 públicas y 26 privadas). ¿No son muchas para un país como España?
R. No sé si son muchas o pocas, porque creo que ése no es el debate, sino que las que haya tengan suficiente calidad para tener marchamo universitario. En caso contrario, estaríamos estafando a la sociedad.

La clase política desconoce y desconfía del enorme potencial que tiene para un país la comunidad universitaria e investigadora

P. Pues los decanos de Medicina tienen claro que cantidad y calidad son incompatibles. Les parece una barbaridad que, de 52 provincias, sólo 19 no tengan facultad de Medicina propia…
R. El problema de Medicina es que no sólo necesita una facultad, sino también un sistema sanitario que dé cobertura a las prácticas de sus estudiantes, y ahí hay que ir de la mano. Quizás no haya que abrir más facultades sino, por ejemplo, aumentar, si fuera necesario, el número de estudiantes en las que ya tenemos. Es paradójico que formemos médicos que se van al extranjero y, paralelamente, importemos facultativos de otros países. En grados tan costosos como Medicina, hay que adecuar la demanda que vamos a tener a medio plazo, y hacerlo de la manera más racional posible.

P. El déficit de docentes que sufre la universidad española es ya una sangría en el caso de los profesores clínicos de Medicina. ¿Es consciente la CRUE de este problema? ¿Está haciendo algo para abordarlo con el Gobierno?
R. Somos tan conscientes que, por ejemplo, en el caso de Andalucía, donde yo ejerzo, se ha ensayado ya una figura docente específica que vincule la asistencia con la docencia, que es la del contratado doctor vinculado, y la idea es que esa figura, u otra similar, se extienda a todas las comunidades. Es una modificación fácil de hacer, pero admito que díficil de aplicar, entre otras cosas porque esta figura implica que el médico pasaría de estatutario a personal laboral, y eso, claro, tiene sus desventajas.

P. ¿Y no habría que empezar por lograr que la Aneca facilite el acceso de los médicos a las figuras que ya existen, como las de catedrático o profesor titular? ¿No serían necesarios unos criterios específicos para los clínicos?
R. Bueno, existen ya unos específicos para el ámbito de las Ciencias de la Salud, pero es cierto que a lo mejor convendría ajustar esos criterios aún más y disminuir la burocracia, que es opresiva para todos los grados, no sólo para Medicina. Los procesos generales de acreditación docente se están retrasando una media de diez años: si antes se llegaba a titular con 35 ó 45 años, ahora se accede a esos puestos con diez años más.

En materia de acreditación, no basta con que los aspirantes a tener un centro universitario digan “vamos a hacer”; hay que tener una base sólida de partida

P. ¿No habría que revisar el modelo general de acreditación? La Aneca es un órgano técnico que se limita a dar el visto bueno si se cumplen determinados criterios, pero ¿no haría falta una visión de conjunto? ¿No habría que valorar, por ejemplo, si ya hay muchas facultades, o muy próximas entre sí, antes de aprobar otra?
R. En teoría, ése es el papel de la Conferencia General de Política Universitaria, donde están representados el Estado y todas las comunidades autónomas, y que debería dilucidar, antes incluso de que intervenga la Agencia Nacional de Evaluación (Aneca), si procede o no determinada acreditación.

P. Ésa es la teoría, pero la realidad es que la última palabra la tiene la propia comunidad autónoma, que suele ser la primera interesada en tener una facultad. ¿No haría falta un órgano nacional, ajeno a intereses territoriales, que tuviera esa visión de país?
R. Precisamente, una de las cosas que hemos pedido es que algunos informes que se solicitan para optar a tener un centro universitario, y que ahora no son vinculantes, tengan ese carácter obligatorio, de forma que, si son negativos, como algunas veces sucede, no se pueda seguir adelante. Queremos que estos mecanismos, que ayudarían a racionalizar el sistema universitario, se plasmen, además, en la futura Ley de Universidades. No basta con que los aspirantes a tener un centro digan “vamos a hacer”; tiene que haber una base sólida de partida. En algunos informes se confía en exceso en la buena voluntad de los proponentes.

P. Se avecina un curso con muchos y muy complicados deberes pendientes para el sistema universitario. ¿Hasta qué punto le pone nervioso la parálisis política actual?
R. Bastante, porque seguimos perdiendo trenes, y todo lo que hemos hablado no es una urgencia puntual: llevamos más de cuatro años sumidos en la incertidumbre política, con gobiernos que no pueden hacer todo lo que la sociedad demanda. Este país se merece al menos otros cuatro años de estabilidad y de certidumbre.

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