La consulta previa del anteproyecto de modificación de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias (LOPS) ha cerrado el plazo de presentación de aportaciones como un test de fuerzas anticipado, donde cada profesión ha empezado a fijar su posición no solo sobre la norma, sino sobre su propio lugar dentro del sistema sanitario.
En el ámbito médico, el posicionamiento se articula como un bloque relativamente cohesionado en torno a una idea central: la preservación del núcleo del acto clínico como elemento estructural del sistema. El Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) ha insistido en distintos espacios institucionales en la necesidad de mantener claramente definidos los ámbitos del diagnóstico, la indicación terapéutica y la responsabilidad clínica, entendidos como elementos inseparables del ejercicio médico. A esta línea se suma la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM), que en sus aportaciones a procesos de ordenación profesional subraya de forma reiterada la importancia de evitar "zonas de indeterminación competencial" que puedan generar inseguridad jurídica o asistencial.
En el plano de la salud pública, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS) ha defendido en distintos posicionamientos el fortalecimiento del enfoque poblacional dentro del sistema sanitario, con especial énfasis en la vigilancia epidemiológica, la evaluación de políticas y los sistemas de información. Su enfoque sitúa la salud pública como una dimensión estructural del sistema, no subordinada a la asistencia clínica individual, sino complementaria en la planificación y gestión de la salud colectiva.
Asimismo, la Sociedad Española de Epidemiología (SEE) plantea el reconocimiento jurídico explícito de que la salud pública es un ámbito multidisciplinar, en el que participan profesionales de distintas áreas, no solo sanitarias, sino también sociales, ambientales o tecnológicas, por lo que propone la creación de una vía de acceso profesional específica que permita incorporar al sistema a perfiles que actualmente quedan fuera de las profesiones sanitarias reguladas. El objetivo es evitar la exclusión de profesionales clave, como especialistas en estadística, sociología o ciencia de datos y construir un modelo más flexible, alineado con las necesidades reales de la salud pública.
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