El desarrollo de los servicios profesionales farmacéuticos asistenciales (SPFA), y su concertación y universalización, está estrechamente ligado a un marco legal aún en evolución. La actuación del farmacéutico debe ajustarse a sus competencias reconocidas, evitando interferir en funciones como el diagnóstico o la prescripción, lo que exige una clara delimitación jurídica. Pero ¿la legislación actual protege a los farmacéuticos o les impide desarrollar competencias?
Cabe mencionar que la responsabilidad profesional derivada de estos servicios obliga a extremar la protocolización y la documentación de cada intervención, mientras que la gestión de datos sanitarios requiere un cumplimiento riguroso de la normativa de protección de datos. A ello se suma la falta de un modelo homogéneo de remuneración, que plantea incertidumbres sobre su viabilidad y encaje legal, evidenciando la necesidad de avanzar hacia una regulación más clara que garantice seguridad jurídica tanto para el profesional como para el paciente.
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