Tres meses después de confirmarse en España el primer caso de coronavirus, el 31 de enero en La Gomera, los farmacéuticos analizan para CF las medidas tomadas por el Gobierno. Se consideran los grandes olvidados de la crisis del coronavirus, pero no lo dicen solo ellos, sino también sus colegas.
Rosa Magallón, presidenta de la Red Española de Atención Primaria (REAP) y médico de familia en Zaragoza, admite que, en general, se ha ignorado a la Atención Primaria, la puerta de entrada al sistema de salud y muro de contención del más del 50% de afectados de Covid-19: “Existe un gran desconocimiento sobre el trabajo de los farmacéuticos y hay también muy poco interés institucional por favorecer la coordinación entre profesionales sanitarios”.
Sin embargo, los farmacéuticos no han permanecido callados. El pasado 13 de marzo el Consejo General de COF envió al Ministerio de Sanidad y a las Comunidades Autónomas una propuesta con 13 medidas excepcionales, de las cuales algunas se han puesto en marcha y otras se han implementado de forma desigual por las autonomías.
La Red Española de Atención Primaria considera que hay muy poco interés institucional por favorecer la coordinación entre profesionales sanitarios
Jesús Aguilar, presidente del órgano colegial, explica a CF que ellos hicieron un ofrecimiento al Gobierno de la red de 22.071 farmacias “con todo lo que podemos hacer de forma correcta y ordenada. La respuesta ha sido desigual por parte tanto del Gobierno como de las comunidades, porque a final han sido estas las que han tomado las riendas en su territorio. Desde el Consejo intentamos marcar unas líneas que puedan servir”. Añade que lo único que han pedido es protección.
De hecho, los Consejos Generales de cinco profesiones sanitarias (farmacéuticos, médicos, enfermeros, dentistas y veterinarios) emitieron el 4 de abril un comunicado solicitando al Gobierno protección para sus 721.00 profesionales sanitarios. “Al final nos hemos protegido como hemos podido”, señala.
Las medidas puestas en marcha, con matices, han sido:
- Regulación del precio de las mascarillas (las quirúrgicas, fijadas a 0,96 euros la semana pasada).
- Renovaciones automáticas de tratamientos para crónicos (Orden de 19 marzo para Seguridad Social y Orden 15 de abril para mutualidades).
- Dispensación de medicamentos de diagnóstico hospitalario con reserva singular en las farmacias (Orden de 25 de marzo).
- Prestación farmacéutica domiciliaria a personas vulnerables o en cuarentena (Sanidad validó el 27 de marzo el acuerdo entre el Consejo y Cruz Roja para llevarlo a cabo, y Cáritas suscribió otro más tarde).
- Monitorización de desabastecimientos entre el Consejo, la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps), la distribución y la industria. En este sentido, al detectarse más demanda de hidroxicloroquina, la Aemps procedió a su distribución controlada, desde el 16 de marzo, para garantizar el acceso a pacientes crónicos. Así, la incluyó en un listado de medicamentos esenciales (Orden de 17 de abril), ampliado por una Orden posterior (23 de marzo).
Sobre los desabastecimientos, la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE) considera que no es oro todo lo que reluce, y apunta que "falta normalizar y facilitar los mecanismos de arbitraje necesarios para que los casos de desabastecidos puedan resolverse ágilmente con producto de otros países. Falta dotar a España de una industria autónoma en fabricación integral de estos productos, pero son muy dudosos la voluntad y el compromiso presupuestario necesarios para que el proyecto sea viable, porque es una estrategia mucho más costosa que la de ser muy eficientes como operadores internacionales".
Regulación del precio de mascarillas
Aguilar ha destacado especialmente en su batalla por que el Gobierno regulase el precio de las mascarillas, para evitar especulaciones, por lo que ofreció la red de farmacias para distribuirlas de forma gratuita. En este caso, como en otros, las Comunidades Autónomas se han adelantado al Gobierno en virtud a acuerdos con los COF. Así ha sucedido, por ejemplo, desde el 20 de abril, con la dispensación de mascarillas quirúrgicas gratuitas en farmacias de Cataluña y Comunidad Valenciana, ligado a la receta electrónica y bajo unos criterios.
Jesús Aguilar, presidente del Consejo General de COF, cree que la respuesta ha sido desigual tanto por parte del Gobierno como de las Comunidades Autónomas
No obstante, con la fijación del precio de mascarillas la semana pasada surgieron voces disconformes de algunos farmacéuticos, ya que consideran tendrán pérdidas, al haber comprado a un precio mayor. Además, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, especificó que no habría compensaciones, dado que entendía no existía stock en las boticas.
También con la dispensación de medicamentos hospitalarios en farmacias se han adelantado las autonomías. La primera fue Cantabria, a la que han seguido Cataluña, Andalucía y Aragón.
De todo ello, Aguilar se siente satisfecho, así como de los acuerdos firmados con Cáritas y Cruz Roja para atender a personas vulnerables en sus domicilios.
El Gobierno no ha atendido, sin embargo, otras de las medidas propuestas por el Consejo, como la inclusión de la farmacia en los protocolos de emergencia para evitar el colapso de los centros sanitarios, teniendo en cuenta que muchos han cerrado; o la autorización al farmacéutico, de forma extraordinaria, para elaborar fórmulas hidroalcohólicas.
Ninguneo a la farmacia hospitalaria
En cuanto a farmacia hospitalaria y los FIR, el Consejo aplaude que la Administración haya sido “sensible” con sus contratos; ve positivo que haya reconocido lo injusto de la renovación automática y la conveniencia de ofrecerles contratos acordes a su titulación como especialistas en Ciencias de la Salud.
Pero incluso en la renovación automática, los farmacéuticos hospitalarios han sufrido también este ninguneo del Gobierno, cuando este publicó el 15 de marzo una Orden de prórroga de contratos de residentes de último año, dejando fuera su especialidad. Tras una carta enviada el 24 de marzo por la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH) el 1 de abril, Sanidad modificaba dicha orden, e incluía a todos los residentes, con independencia de especialidad y curso.
En este punto, Alicia Josa Culleré,
presidenta de la Federación Española de Estudiantes de Farmacia (FEEF), indica a CF que "hace ya un mes los representantes de los estudiantes de farmacia elaboraron un comunicado entendiendo la excepcionalidad de la situación que se comenzaba a vivir. En este documento los alumnos defienden la importancia de realizar actuaciones en vistas a la accesibilidad al tratamiento en la población, teniendo siempre al paciente como último fin".
En concreto, han subrayado la importancia de contar con material de protección y destacan tanto el valor de la farmacia comunitaria como de la farmacia hospitalaria. "En los hospitales (y edificios habilitados para hospitales), el farmacéutico está organizando el sistema de validación, preparación y dispensación de la medicación para poder llegar a todos los pacientes de forma efectiva", señalan.
Sociedades científicas y farmacéuticos consideran también, al igual que el Consejo de COF, que la puesta en marcha de medidas se ha hecho de forma desigual por las autonomías. Aparte, critican medidas como las renovaciones automáticas de tratamientos, porque según explican, minimizan la intervención del farmacéutico. Algunos consideran que se está desaprovechando también el valor de la e-receta para recabar información sobre atención a domicilio de pacientes.
‘Peros’ a las medidas ya implementadas
La renovación automática de tratamientos para crónicos, medida implementada durante el estado de alarma para evitar desplazamientos al centro de salud, es criticado tanto por la Sociedad Española de Farmacia Familiar y Comunitaria (Sefac) como la Sociedad Española de Atención Primaria (Sefap), al considerarlo un procedimiento automatizado que minimiza la intervención del farmacéutico.
Así, desde Sefap echan en falta la colaboración directa del farmacéutico de Atención Primaria (AP) en la renovación de tratamientos, y ponen como ejemplo a Galicia: “Dada la presión asistencial de los médicos, allí han derivado al farmacéutico de AP a que revise los tratamientos”, explica Ángel Mataix, presidente de Sefap.
Afirma desconocer el criterio por el que algunas autonomías han cerrado centros de salud: “Nosotros sí estamos en los de Galicia, donde no han cerrado. En otras autonomías, actuamos desde las gerencias, con seguimiento telefónico a crónicos y a infectados”.
Este automatismo del proceso de renovación es también criticado por Sefac. “Muchos tratamientos no han podido renovarse, por problemas de acceso. Tenían que haber contado con nosotros, porque vemos la medicación del paciente”, afirma Ana Molinero, vicepresidenta de Sefac y titular de una farmacia en Fuenlabrada que también hace dispensaciones a domicilio.
Molinero se queja de no han contado con un protocolo para atender a un paciente con síntomas. “Solo podemos dar un teléfono”, sostiene. “Y tengo mi zona de atención personalizada (ZAP), en la que he atendido a dos personas sospechosas de coronavirus, y luego confirmadas”.
Molinero considera también que la forma en que Sanidad ha decidido controlar la hidroxicloroquina ha afectado a los pacientes crónicos: “Aunque tengamos el fármaco en botica, no lo podemos dispensar en el momento, y el paciente ha de esperar dos días”, comenta. Todo, según ella, por la burocracia.
Tampoco está de acuerdo con el sistema de entrega de medicamentos por los hospitales a los domicilios, cuando se hace muchas veces vía mensajero, no a través de un profesional sanitario. “Yo llevo medicamentos, pero antes hago una dispensación telefónica”, comenta. De hecho, desde Sefac han elaborado un protocolo de dispensación domiciliaria.
En este punto, Mataix, desde Sefap, apunta que tampoco se ha contado con los farmacéuticos de AP: “En las gerencias de AP tenemos sistemas de distribución que podrían coordinar todos esos envíos y seguimientos”.
Más implicación en las residencias
De la misma manera, el farmacéutico de AP podría también hacer seguimiento telefónico de los tratamientos de ancianos en residencias: “Es importante y ahora, muchas veces, no se puede hacer”, comenta.
Ese seguimiento también se realiza desde la farmacia comunitaria, como explica Juan José Trilla, con botica en el bario de Sans (Barcelona) desde hace más de 30 años. Hermano del epidemiólogo Antoni Trilla, atiende a seis residencias (120 personas). Como no pueden entrar en las residencias, hacen seguimiento telefónico. “Para la entrega de la medicación, seguimos un protocolo, dejándola fuera. Si antes hacía repartos cada dos días, ahora es cada cuatro”.
Lo que sí pide al Gobierno es equipo de protección para ellos. “Todo lo que llevamos es nuestro: mascarillas, pantallas, guantes, batas de papel y geles. Y cuando nos vamos de la residencia, lo tiramos todo a la basura”.
En el contexto rural la situación es, si cabe, aún peor. Así lo explica a CF Jaime Espolita, presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural (Sefar) y con botica en Cabrillanes (León): "El consultorio está cerrado, con un médico que atiende solo por teléfono. Aquí ahora es todo a través de la farmacia. Si una mañana normal yo atendía 15 llamadas por teléfono, ahora son 80. Y si antes llevaba la medicación a domicilio tres veces a la semana, ahora es a diario, mañana y tarde. Hay mucha descoordinación de la Administración y se están desaprovechando las posibilidades de la tecnología", comenta.
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En la desescalada
Ahora, ante la desescalada, hay quien piensa que se abre una nueva oportunidad para aprovechar el potencial de los farmacéuticos. Sin embargo, Aguilar subraya que no ve un papel distinto de la farmacia durante y después del confinamiento. “Nuestro papel es el mismo. Seguiremos llevando a cabo nuestra labor y ofreciendo nuestros establecimientos sanitarios para todo lo que necesite el Gobierno y las CCAA. Es nuestra obligación como profesionales sanitarios”.
Sobre algunas voces de farmacéuticos que consideran que las farmacias deberían poder dispensar test de diagnóstico en farmacias, como sucede en otros países, Aguilar es claro: “Los colegiados saben que por ley no los pueden dispensar. Otra cosa es que estuvieran catalogados de autodiagnóstico, que no lo están. Si las autoridades sanitarias entienden que la farmacia es un punto de referencia importante para realizar cualquier tipo de ayuda al sistema sanitario, es otro tema. Pero las leyes hay que cumplirlas y no se pueden saltar”.
En EEUU los farmacéuticos están habilitados para ello, donde las farmacias tienen sistemas de drive through (hacen el test sin que el usuario se baje del coche) y en Corea de Sur realizan tanto test rápidos como PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa).
Sin salir de España, el epidemiólogo Oriol Mitjà, en su plan Salida coordinada de confinamiento, fechado el 3 de abril, también propone que puedan realizarse en farmacias y en otros puntos. Sin embargo, Magallón, de la Red Española de Atención Primaria, considera que debe hacerse en los centros de salud, con indicación médica: “Luego ya nos podríamos coordinar con los farmacéuticos”.
FEFE también defiende que los test puedan realizarse en las farmacias, "igual que ya se hacen los cribados VIH, las glucemias, controles de transaminasas, perfil lipídico, o de coagulación, que no son necesariamente de autodiagnóstico, y los farmacéuticos cumplimos ya con la formación y garantías en su realización. Luego se odría comunicar el resultado a las autoridades para que puedan tener un mapa epidemiológico de la población, y así poder tener por fin algún elemento de juicio para la toma de decisiones", comentan.
Jaime Acosta, titular de una farmacia en Madrid, va incluso más allá y afirma que una vez la vacuna esté disponible, el papel de la farmacia puede ser vital, como también propone la Federación Internacional Farmacéutica (FIP): “Habrá un volumen importante de pacientes a los que inmunizar. Es el momento perfecto para contar con nosotros de manera sistemática”.
Qué opinan los pacientes
Los pacientes también está interesados en aportar su visión a las propuestas e iniciativas que diversas instituciones realizan al Gobierno. Así, Carina Escobar, presidenta de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP), comenta a CF que apoyan todas las medidas presentadas desde los COF.
Añade que desde su entidad ellos también están luchando "incansablemente" con el mismo objetivo:
- Solicitando protocolos de protección sanitaria específicos para los pacientes.
- Reclamando una estrategia de salud pública que tenga en cuenta a los más frágiles, a sus cuidadores y a sus familias.
- Tratando de que sea norma la recomendación de que un paciente con especial vulnerabilidad permanezca en una situación de aislamiento a efectos laborales, obteniendo la incapacidad temporal, en el caso de no poder realizar teletrabajo o realizarlo de forma totalmente protegida.
Para la POP lo importante es que los pacientes más vulnerables no acudan a los centros sanitarios para recoger medicación y que procuren quedarse en casa: "Es importante que todos estos servicios farmacéuticos se hagan de forma segura, con seguimiento y concienciando de la importancia de la adherencia a la medicación y cuidados de la salud específicos que requieren".
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